No es secreto que el gobierno de Alvaro Uribe se haya caracterizado por la desacreditación permanente de todo aquel que no fuera afín a su ideología. Los espionajes, las amenazas, la intimidación y las persecuciones a personas que pensaran diferente fueron el modus operandi de este gobierno que utilizó al aparato estatal de inteligencia para perseguir a la oposición. Las violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos fueron sistemáticas durante los periodos de gobierno de Uribe, las actuaciones extrajudiciales como los falsos positivos o las chuzadas son la prueba contundente de la verdadera política de seguridad democrática. La figura carismática de Alvaro Uribe generó una suerte de lealtades a su favor que incentivó a que sus colaboradores fueran incapaces de medir las consecuencias de sus actos, y evidentemente ni el ni su grupo consideró la posibilidad de que estos actos salieran a la luz pública y fueran denunciados. El Departamento Administrativo de Seguridad DAS quedó convertido en una especie de cuerpo policial político al servicio de los intereses del gobierno y de las aspiraciones personales del gobernante, al mejor estilo de la CIA, desviándose de su misión principal que es la seguridad nacional. Esta policía política como el brazo de la inteligencia estatal, interceptó comunicaciones, intimidó, amenazó, persiguió y desprestigió a todas las organizaciones que se mostraban opuestas al régimen y que monitoreaban las garantías de cumplimiento de los derechos humanos dentro de su modelo de seguridad democrática. Incluso, aquellos discursos a favor de la paz dentro de este contexto de guerra bajo el modelo securitista estatal fueron catalogados como terroristas y por ende fueron sujetos inmediatos de persecución. Fue precisamente resultado de la labor de dichas organizaciones que hechos tan oscuros para la historia colombiana como los falsos positivos fueran revelados.
El cuestionamiento es si el pueblo colombiano reconoce la gravedad de estas actuaciones, no solo desde la perspectiva de la responsabilidad penal que puede asistirle a cada uno de los agentes involucrados, sino de la magnitud que representa la utilización del aparato estatal para fines ilícitos, personalísimos y opuestamente contrarios al deber estatal de garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Además de las acciones, está la consideración de que su financiamiento salió del bolsillo de todos los colombianos que a través de sus impuestos, patrocinaron con pleno desconocimiento, la ejecución de un régimen penal paralelo. Este modelo paralelo de justicia encubrió a los perpetradores de graves delitos que, desde el Estado, mataron a campesinos y los declararon como combatientes de la guerrilla, participaron en asesinatos como el de Jaime Garzón en Bogotá y silenciaron a lideres de la UP entre otros. Las operaciones del DAS no solo se limitaron a Colombia sino que se trasladaron a Europa a través de la llamada “Operación Europa”. Esta operación fue básicamente una labor de espionaje contra ONGs, colectivos sociales de personas vulnerables, personas naturales y organismos que el gobierno Uribe consideró como amenazas a su régimen. Preocupado por su imagen política en este continente, se contrató a personas que se dedicaban a espiar a todas aquellas organizaciones que tenían conexiones con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, de la misma manera, seguía a líderes sociales y de izquierda que vigilaban la situación de los derechos humanos en Colombia. Esta iniciativa del presidente Uribe surge a raíz de las denuncias que el Sr. Reynaldo Villalba hizo en Europa con relación a las violaciones graves bajo la política de seguridad democrática. Uribe lo tachó de guerrillero y es a partir de ese momento que inicia la “Operación Europa” comandada por el DAS. Esta operación es conocida cuando dos personas naturales y cinco organizaciones, tres belgas y dos internacionales, presentaron una denuncia en el año 2010 en contra de dos de los presuntos espías del DAS. Pese a que se ha denunciado la falta de cooperación de la justicia colombiana por parte de los accionantes, dentro de los nombres que fueron revelados en la investigación surgió el de Patricia Betancourt, venezolana que trabajó durante dos años en dicha operación El 25 de octubre de este año inició el proceso judicial en la Cámara del Tribunal penal de primera instancia de Bruselas en donde es procesada Betancourt por el delito de calumnia -imputación por declaraciones presuntamente falsas-, una ofensa no muy grave frente a lo que podría representar la estructura estatal delictiva detrás suyo. Es el principio de la territorialidad de la ley penal el que permite que Bélgica aplique su ley penal por hechos que se cometieron dentro de su territorio independientemente de la nacionalidad de los sujetos involucrados.
Con hechos como éste queda en evidencia que la historia del conflicto colombiano no puede circunscribirse a la lucha entre guerrillas-estado y que involucra a muchos más agentes de la sociedad. Es necesario restaurar la memoria colectiva para que hechos cómo estos no vuelvan a repetirse a través de adaptaciones de modelos de seguridad que perpetúan y legitiman otros tipos de violencia en el país.