La bandera girante de Estados Unidos ocupando tres pisos de Carondelet, como un gesto de pleitesía al vicepresidente Mike Pence en su visita a nuestro país, despejaba cualquier duda sobre el retorno del neocolonialismo y del entreguismo de la Patria. No se trata de un hecho anecdótico, por el contrario, simboliza una política internacional que traicionó nuestra soberanía y la lucha por la independencia e integración de nuestros pueblos en subordinación a los intereses de Washington.
La agenda pro-yanki de Lenín Moreno podría parecer surrealista si se compara con su programa electoral de 2017 que establece como uno de sus temas transversales la llamada “Revolución de la Soberanía y la Integración”, donde se compromete a fortalecer “la institucionalización de los organismos de integración regional, en particular Unasur, CELAC y ALBA”, bajo principios como la soberanía, el anti imperialismo y el rechazo a “toda forma de dominación y colonización”. No solo no se han cumplido ninguna de las promesas de Moreno en política exterior, sino que se ha procedido de manera contraria en estos dos años de gestión.
Dicha agenda comenzó a tomar fuerza en enero de 2018, tras la designación de Francisco Carrión Mena como embajador de Ecuador en los Estados Unidos y de José Samuel Valencia Amores como ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. El primero de ellos ha reconocido públicamente que su misión es “abrir puertas” a la potencia del norte.
Tres son los ámbitos priorizados: el político, el económico y el militar. En el político, Moreno ha servido de peón en la arremetida de EE.UU. contra los procesos de integración regional al iniciar una campaña de desprestigio a organismos como el ALBA y la Unasur para justificar luego su retiro de los mismos y, no conforme con ello, quitarle a este último la sede donde estaba ubicado, reduciéndolo prácticamente en una entidad nominal sin reales capacidades operativas.
Moreno ha pasado a formar parte del clan de gobiernos de derecha, agrupados en el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), junto a sus homólogos Iván Duque (Colombia), Mauricio Macri (Argentina), Jair Bolsonaro (Brasil), Sebastián Piñera (Chile), Mario Abdo Benítez (Paraguay) y Martín Vizcarra (Perú). Tal iniciativa, que nace del autodenominado Grupo de Lima, es más un organismo de “desintegración” que excluye a gobiernos progresistas como el de Venezuela y que retoma viejos esquemas de ordenamiento geopolítico en la región favorables al modelo intervencionista norteamericano.
Atrás quedó la promesa de fortalecer la cooperación sur-sur y de cumplir con el sueño de Bolívar de una Patria Grande. El nuevo “mejor amigo de Estados Unidos” en Ecuador (después de Lucio Gutiérrez) mira ahora hacia el norte, siguiendo las directrices de los altos funcionarios norteamericanos con los que ahora él y su tren ejecutivo se reúnen con frecuencia.
De la mano con esta agenda política, Moreno ha venido construyendo fuertes vínculos económicos con Estados Unidos, que claramente favorecen los intereses de los grupos económicos-financieros, en detrimento de las grandes mayorías del Ecuador. Basta mirar iniciativas como la Ley de Fomento Productivo que retoma el arbitraje internacional, un invento de las propias empresas trasnacionales, ampliamente cuestionado en países como Australia, Francia -y el propio Ecuador en el gobierno de Rafael Correa- por su claro sesgo a favor de las dichas empresas. Prácticamente ningún Estado gana en un arbitraje internacional. Recordemos que fue a través de este mecanismo que el Comité del Centro de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, obligó al Ecuador a pagar más de mil millones de dólares a la petrolera estadounidense Occidental (Oxy) a través de una sentencia absurda.
Los acuerdos con el FMI son otra puñalada de Moreno a la soberanía nacional, estos contemplan despidos masivos en el sector público, precarización laboral, aumento de las tarifas de los servicios públicos, incremento del IVA, eliminación de impuestos a la salida de divisas, prohibición del uso de recursos para obras, pagos puntuales a Chevron y a la deuda externa, entre otras acciones que, como hemos visto a lo largo de la historia, traerán mayor pobreza y miseria.
No parecen nada descabelladas las denuncias según las cuales Moreno canjeó a Julian Assange por la obtención de apoyo financiero de Estados Unidos a través del FMI, poniendo en riesgo la vida del periodista más importante en lo que va del siglo XXI y vendiendo vergonzosamente la dignidad y la soberanía de un país que durante diez años se plantó al imperio norteamericano.
El casamiento entre Moreno y Estados Unidos se extiende también al ámbito militar, un vínculo que se hizo evidente a partir de los convenios de cooperación en torno a los conflictos en la frontera norte. El secuestro y asesinato de los tres trabajadores de El Comercio en dicha frontera en marzo de 2018 además de servir de excusa para el estrechamiento de relaciones, permitió también a Moreno retirar a Ecuador de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN, hiriendo de muerte los esfuerzos de paz de su vecino país. Esto pese a que el plan electoral de Moreno reconoce que “Ecuador tiene un papel fundamental en Colombia, no solo como sede de las conversaciones de paz (…) sino también el futuro”.
Reaparecen así en territorio ecuatoriano las fuerzas militares norteamericanas después de 10 años de haber sido expulsadas, abriendo una nueva etapa de injerencia militar al estilo 2.0. Un hecho clave fue la apertura en agosto de 2018 de la Oficina de Cooperación de Seguridad (OCS) entre ambos países, cuyo objetivo es la defensa de los intereses de seguridad de Estados Unidos a través de programas como la Educación y Capacitación Militar Internacional (IMET), ejercicios conjuntos, Ventas y Financiamiento militar al extranjero (FMS/FMF), “labores humanitarias”, entre otros.
Ecuador nuevamente será parte del Ejercicio Multinacional de Maniobras Militares (Unitas), organizado por EE.UU. y previsto para el año 2020, como parte de la agenda de adoctrinamiento de dicho país en la región. Y, por si fuera poco, pese a la situación de austeridad del país, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín ha anunciado la compra de equipamiento militar a Estados Unidos por un monto de $108 millones.
Sin duda alguna, la actual política internacional es otra de las grandes estafas electorales de Lenín Moreno. La buena noticia es que el Código de la Democracia obliga a las organizaciones políticas a cumplir con su plan de gobierno; por tanto, la ciudadanía está en su derecho de exigirlo, incluso de recurrir a mecanismos democráticos como la revocatoria del mandato que permitiría poner fin al peor gobierno de la historia ecuatoriana.