Ezequiel O. Salinas
En el paquete de medidas económicas anunciadas la semana pasada incluyeron dos cambios institucionales contundentes, pero de los cuales poco se ha dicho. La fusión del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones y el Ministerio de Industrias y Productividad es un hecho sumamente trascendente y quizás la demostración más clara de la orientación política del modelo económico acogido por Moreno.
Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y ahora presidente encargado y transitorio del Comité Empresarial Ecuatoriano, tildó al Ministerio de Industrias como el Ministerio del Proteccionismo. Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y mimado de Guillermo Lasso, usó una imagen de defecación para referirse al trabajo del Ministerio de Industrias y sus entidades adscritas. Walter Spurrier concluyó que con la fusión entre el MCEI y el MIPRO perdió el modelo de sustitución de importaciones.
Y este hecho no es menor, esta fusión resultará en acciones rápidas y contundentes por parte del poderoso Ministro, que no contento con la desregulación lograda en la Trole 3, buscará desmantelar la reglamentación técnica y las políticas de fomento industrial que, de forma incipiente y zigzagueante, se implementaron desde el MIPRO.
Esta fusión hay que leerla también desde la correlación de fuerzas de los poderes económicos hegemónicos que se disputan el poder político. El bloque heterogéneo de poder que se vio representado en el gobierno de Rafael Correa incluía a segmentos industriales, de producción nacional, por mínima que esta fuera, como un rayo de luz de lo que pudiera significar la apuesta hacia la industrialización del país. También incluía a segmentos importadores, pero que se vieron incomodados reiteradamente por las medidas arancelarias, de reglamentación técnica y de salvaguardias. Quien sí estuvo claramente excluido del bloque heterogéneo fue el capital financiero nacional, quien como nunca antes, se encontró sin incidencia en las instancias de decisión en la administración pública (por eso el banquero tuve que explicitarse como candidato).
El nuevo Ministerio, que aún no tiene nombre definitivo, portará la bandera del bobo aperturismo. Su plan está escrito en los textos de la Trole 3. Perdón de deudas, exoneración de impuestos y desregulación tributaria so pretexto del “acoso de la autoridad tributaria” que dijo el Ministro Martínez. Desregulación arancelaria so pretexto de “los acuerdos internacionales” cuando la estructura del aperturismo comercial se está desmoronando en todo el planeta. Desmantelamiento de las normas y la infraestructura de la calidad so pretexto de la simplificación de trámites. Eliminación de preferencias en la compra pública para la producción nacional para las pymes, so pretexto de la “libre competencia”, la austeridad y el clientelismo político –como ahora llaman al fomento productivo a la economía popular y solidaria–. Privatización, eufemísticamente llamada “monetización” a precios irrisorios, de los activos y servicios públicos so pretexto del déficit fiscal.
Con esta fusión, queda claro que se privilegiarán los intereses de los importadores y del capital financiero. Esto generará contradicciones dentro de las facciones de capital que las fuerzas progresistas deben evidenciar. Deben intentar reagrupar al capital productivo, especialmente al pequeño y mediano, para enfrentar la política de bobo aperturismo que está en marcha. Los agricultores sufrirán con el contrabando legalizado; los artesanos quebrarán luego de hecho esfuerzos enormes e invertidos en maquinaria; la economía popular se disolverá ante la desaparición de la demanda del Estado; las pequeñas y medianas empresas verán como sus oportunidades son absorbidas por las importaciones indiscriminadas.
Pero no podemos olvidar la contraparte que sostiene al capital importador y financiero. Para un modelo de bobo aperturismo se necesita al sector primario exportador, a su vez compuesto por grandes transnacionales petroleras, mineras, bananeras y atuneras. De alguna manera también se cuelan ahí una parte de los capitales nacionales. Pero este sector, además de ser intensivo en extracción de la naturaleza –sea del subsuelo o del suelo– requiere, e insiste, en lo que ellos denominan “competitividad”. Competitividad para este grupo son tres cosas: eliminación de impuestos, reducción de los salarios y desdolarización.
Olvídense de la industrialización, de la nueva matriz productiva y de la sociedad del conocimiento. La eliminación de la Secretaría de Planificación y la absorción de la Secretaría de Ciencia y Tecnología por parte del Ministerio de Educación también es previsible. Lo que vamos a ver en el Ecuador –si permitimos que sigan jugando con nuestro futuro– es un trayecto a una economía arcaica a pasos agigantados; ya no sobre el auge de los precios de los commodities como en décadas pasadas, sino sobre las espaldas de las y los trabajadores ecuatorianos y sus familias. Podemos especular que son cuatro los espacios donde se cuecen las estrategias de competitividad: los despachos de Santiago Cuesta, Pablo Campana y Richard Martínez; las oficinas de un par de bufetes en Guayaquil y Quito; la residencia del embajador; y el edificio Valra, en el Malecón. guayaquileño.