El respeto a los derechos humanos se conquista con lucha social, ante las mentiras oficiales

Jimmy Herrera|

Camino al Museo de la Memoria

Jimmy Herrera

Mi participación en las huelgas, en la calle, era porque subían el pasaje, porque tomaban medidas económicas (…). Del trucutú me acuerdo que era un carro que botaba agua con mucha fuerza, y nosotros corriendo para que no nos agarre (risas). Recuerdo todo lo que se inventaban para reprimir las protestas, se inventaron el trucutú con agua con colorante. ¡Así te ubicaban porque estabas con el colorante en tu ropa! (…). La participación está en deuda desde hace rato y este año lo evidencian las pocas marchas solidarias, el barajo es claro. Y lo que se viene es más tenaz.

Susana Cajas, protagonista del primer juicio por crímenes de lesa humanidad en el Ecuador instaurado el 9 de noviembre de 2015.

El pasado de lucha social marcó el camino de la solidaridad durante décadas. En octubre de 1977, los trabajadores del ingenio azucarero Aztra, ubicado en el recinto La Troncal, en la zona tropical del Cañar que lindera con Guayas, declararon la huelga en exigencia del cumplimiento del contrato colectivo que comprendía el alza de los salarios. Las autoridades abrieron fuego contra aproximadamente unas dos mil personas que se encontraban allí acompañando a los zafreros en paro, incluyendo a sus esposas e hijos. Fueron más de cien las masacradas, otras fueron encarceladas y perseguidas. Aquello, promovió, en mayo de 1978, la creación de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y motivó a que la democracia se reinstale en agosto de 1979, con la promesa de hacer justicia contra la dictadura que ejecutó tal crimen y de revelar la verdad. Estos antecedentes se sumaron a un panorama complejo que vio nacer un potente movimiento social nuevo y plural alentado por las reivindicaciones de la solidaridad y los derechos humanos.

La situación en el Ecuador actual, dista mucho de aquellos años cuando se gobernaba bajo las leyes del autoritarismo y la represión generalizada. En todo caso, el año que concluyó, está caracterizado por el deterioro de la ciudadanía, de manera generalizada, debido a la mentira oficial.

En enero de 2018, cuando ocurrió el primer atentado contra el cuartel policial en San Lorenzo por parte del supuesto Frente Oliver Sinisterra disidente de las FARC, se reveló que el Ecuador retomó las violentas concepciones de seguridad, no sólo por su participación y compromiso con la guerra interna del vecino del norte, que ya tiene una data de casi setenta años, y que está anclada al monopolio de la política, los crímenes de Estado, la desatención de lo social, el paramilitarismo, la guerrilla, el narcotráfico y la geopolítica aliada de los gringos. Sino también, porque este estilo de seguridad de la ultraderecha colombiana entró al país con las puertas abiertas de la diplomacia para profundizar la confrontación y el abandono de políticas sociales de Estado en Esmeraldas, una de las provincias más pobres del país. Además, este discurso belicista justificó el cambio en la conducción de la seguridad nacional a mandos militares y policiales, como a políticos y medios de comunicación rancios, que han sido aliados de los responsables de los crímenes de lesa humanidad en el Ecuador, en décadas anteriores.

El manejo de este conflicto que implicó el asesinato de dos comerciantes y tres periodistas también dejó ver un tejido institucional y político que oculta la escalada de violencia militar y social, los acuerdos en torno al manejo del pudiente negocio de la cocaína, y la participación de un plan contra el gobierno de Venezuela bajo el asesoramiento norteamericano. Aspectos que nada tienen que ver con un país que se identifica pacífico y ha velado por su soberanía. El Ecuador en el 2018 entró de lleno a ser parte de una guerra fratricida, que requiere redistribución del poder, democracia real y no más balas.

Las mentiras oficiales violentaron los derechos humanos de los ecuatorianos desde varios frentes más. Uno de ellos tiene que ver con los derechos colectivos y la defensa de la naturaleza. Paradójicamente, la consulta popular realizada en febrero de 2018 para fortalecer la salvaguarda de los territorios de pueblos y nacionalidades que lindan o habitan el Parque Nacional Yasuní, no sirvió para detener la extracción petrolera desde el campo Ishpingo en pleno Parque, ni como mensaje para minimizar los impactos del extractivismo en la Amazonía y las consecuencias destructivas del desarrollo en sus culturas.

El gobierno no cumplió los acuerdos con la CONAIE al impulsar la XI Ronda Petrolera en Pastaza, además de promover la minería a gran escala en Imbabura y Morona Santiago, donde se ha suscitado una fuerte resistencia de las comunidades y pueblos. En noviembre pasado, la organización indígena convocó a la Movilización Nacional por el Agua, la Vida y contra la Corrupción, que comprendió la marcha que partió desde Tundayme, en Zamora Chinchipe, zona donde se explota la primera mina a gran escala. La jornada implicó la propuesta de un Proyecto de Ley Orgánica de Prohibición de Minería Metálica en Ecuador, además se manifestó en contra de la licitación de los bloques petroleros donde habitan nacionalidades como la Achuar, Shiwiar, Andoa y Sapara.

En definitiva, la consulta popular en manos del actual gobierno fue una herramienta más en función de la celada política contra el correísmo, tendencia política a la que se le impidió la participación democrática electoral. La lucha anticorrupción se generalizó contra la corriente progresista y se engañó al país sobre la necesidad de tener políticas públicas serias en contra de la pobreza de la Amazonía y de protección a los Pueblos Indígenas en Aislamiento. Lo que evidenció que también se afectaron los derechos de participación política.

Las mentiras se han extendido en contra de otros ámbitos muy sensibles, como el relacionado a las desapariciones de personas. La Asociación de Familiares y Amigas de Personas Desaparecidas en Ecuador (ASFADEC) y el Comité de Lucha Contra la Violencia, Desapariciones y Feminicidios (COVIDEFEM) presentaron el 30 de agosto pasado, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición, un informe sobre las inconsistencias en las estadísticas oficiales de personas desaparecidas entregadas en este año por la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Interior, Policía Nacional y  Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas. Esto no solo es una muestra del mal manejo técnico sobre una problemática que ha afectado a miles de familias en el país (imposible de establecer cuántas por año, en qué número se resolvieron, sus causas, los protocolos que funcionaron, qué develan), sino que advierte un manejo de impunidad al respecto, incluso porque la ley no reconoce la desaparición forzada por delincuentes.

Alexandra Córdova, madre de David Romo desaparecido el 16 de mayo de 2013, a finales de este año canalizó una investigación extra oficial con peritos nacionales y extranjeros para obtener una nueva explicación objetiva de lo ocurrido con su hijo, después de las absurdas versiones oficiales que se contradicen en al menos cinco entregas.

Otra de las mentiras tiene que ver con la situación de la violencia de género, que ha logrado por siete años consecutivos realizar la “Marcha de las Putas” en pro de los derechos de igualdad sin discriminación. En este año en el Ecuador se activó a nivel nacional, desde la organización plural y diversa. Contrariamente, el gobierno adujo que hubo inoperancia del gasto en tales políticas públicas, lo que justificó que se recorte a cero la inversión pública para el próximo año. La desatención de lo social y el mantener las costumbres de que la violencia de género es normal revela la decisión gubernamental. Este año fueron asesinadas 70 mujeres en el país por femicidio y hubo más de 600 marchas en el mundo en defensa de ellas.

Otro frente de mentira oficial se relaciona con el derecho a la justicia, la memoria y la verdad. Mientras se pregona la institucionalización de entidades autónomas en el manejo de la justicia, los procesos judiciales avanzados desde noviembre de 2015 contra la impunidad, el olvido y el silencio de los crímenes de lesa humanidad, sufrieron un revés patético. No solo que la Fiscalía dejó de actuar y estancar los 12 casos emblemáticos llevados anteriormente por la misma entidad en contra de militares y policías involucrados por cometer tortura, desapariciones, violaciones y asesinatos. Sino que además, bajo esta misma causa, en este año se creó una Mesa de Trabajo con la Comisión Nacional Anticorrupción para sostener con la misma Fiscalía, una acusación contra el exmandatario por los hechos sucedidos en el 30-S de 2010.

Esta manera de jugar con la justicia también pretende minimizar lo que ocurrió en Ecuador respecto al terror de Estado que se cometió en países como Colombia, Chile, Argentina, Uruguay o Guatemala, por citar algunos.

La poca o nula participación

El Ecuador actual dista mucho de aquellos contextos históricos en los que el país sostuvo una emergente participación de la organización social, diversa y a nivel nacional, en defensa de los derechos humanos. A las reivindicaciones de los trabajadores, campesinos y estudiantes se sumaron otras relacionadas a los indígenas, mujeres, insurgentes, artistas populares, eclesiales de base, en gran mayoría agitados desde la pluralidad de las izquierdas, y luego de otras posiciones en torno a las diversidades sexuales, la ecología, la ciudad y tantas otras, incluso opuestas a las anteriores, como las tradicionalistas cristianas.

La lucha social de las izquierdas vive un reflujo importante desde hace rato, recrudecido por las políticas públicas anteriores y actuales, además de las decisiones propias. En todo caso, la marcha valiosa de los estudiantes universitarios que se activó a finales de 2018 por el mantenimiento y aumento (constitucional) del presupuesto de la Educación Pública dejó ver la fuerza de la unidad. Otras manifestaciones importantes también se dieron en ese mismo sentido. Un antiguo dirigente del movimiento indígena de Chimborazo, Miguel Lluco, dijo que es momento de construir organización, nuevamente. 500 años llevó a la emergencia indígena lograr en silencio su presencia en mayo de 1990.

Los recortes presupuestarios que se dan de manera progresiva en contra del trabajo, la educación, la salud, la economía popular y solidaria, los subsidios, los bebés, los discapacitados, las personas adultas mayores, la cultura, a nombre de condonar los impuestos de los que se enriquecen, son aspectos que solo dejan en claro que las movilizaciones y la lucha por los derechos humanos tendrán un mejor año. O un año movido contra los engaños oficiales.