El 10 de abril de 2020, el Presidente del Ecuador, anunció las medidas económicas cuyo fin es resarcir las secuelas en el bolsillo de los ecuatorianos efecto de los despidos, el cierre de negocios, entre otros elementos, que el covid-19 ha sumado a la lista de sus consecuencias.

Esta vez el mensaje de Lenín Moreno contó con frases alentadoras y emotivas que, junto con la decisión de los asesores de Carondelet, de transmitir el Viernes Santo, sin duda pretendían acentuar la credibilidad. No es descabellado, apelaron a los arquetipos sociales que, desde la psicología de masas, permite advertir la ausencia de reprimendas en una fecha como la mencionada.

La supremacía de las fuerzas de poder que configuran la hegemonía del Gobierno ecuatoriano, trataron de ocultar ciertos detalles bajo el discurso «todos somos parte de la solución» pues, trae consigo varias contradicciones.

La renegociación de la deuda y la búsqueda de financiamiento, que plateó el Primer Mandatario, no concuerdan con el pago de los bonos a los tenedores de la deuda externa que el Gobierno realizó el 24 de marzo, por un monto de USD 320 millones. El mes anterior fue una prioridad pagar los bonos de la deuda, ahora, la prioridad es renegociarla.

Aunque paradójico, no fue la deuda externa la beneficiaria del rubro millonario, sino los tenedores de los bonos. A pesar de ello, la autoridad competente no ha revelado quienes son los beneficiarios, pero no es un secreto que su destino final fue Panamá.

Por alguna razón, el Ministro de Economía, Richard Martínez, junto con el Viceministro, Esteban Ferro, impulsaron esta decisión. Actualmente se conoce que el Viceministro Ferro se encuentra vinculado a una offshore en Panamá, RioManza S.A., que fue constituida por el mismo estudio jurídico que ha asesorado al Balboa Bank de Panamá, entidad asociada a millonarias transacciones, presuntamente, relacionadas con la familia Moreno. Mera coincidencia. De lo que no queda duda en este Gobierno, es de la supremacía del capital sobre el humano.

Con respecto a la Cuenta Nacional de Asistencia Humanitaria, que albergará los fondos para la crisis, el Presidente de la República aseguró que su administración estará a cargo de representantes de la sociedad civil. Queda clara la intención, ahora bien ¿cómo serán electos los representantes? ¿Qué o quién les fácula ser considerado «representante»? No se conocen los detalles, quizá simplemente sea una decisión más del conceso de poder, cubierta por una estrategia de comunicación que los ecuatorianos ya conocemos. Hasta el momento, son dos vicepresidentes y todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio que fueron electos bajo los intereses hegemónicos.

Las medidas económicas, hasta lo que añadió el Ministro de Economía el domingo 12 de abril, detallan que la recaudación de fondos será con el aporte del 5% de empresas cuya utilidad haya sido mayor al USD 1 millón. Con el aporte proporcional a los ingresos de los trabajadores del sector privado que reciban un sueldo a partir de USD 500 (por nueve meses).  Finalmente, con la contribución del 10% del salario de los servidores públicos que perciben remuneración desde USD 1.000 (por un año). De este último grupo se exceptúa salud, educación, seguridad, Fuerzas Armadas y Policía.

Los detalles de estas medidas, evidencian la exoneración del sector bancario, así como la cautela con la que es tratado el sector empresarial. Para quienes ostentan un patrimonio de USD 1 millón, el aporte de USD 50 mil, empero, no cumple la premisa de «los que más ganan, más pagan». Si bien representa un monto significativo, no se asemeja con los sacrificios que enfrentarán los servidores públicos pues, quienes acumulen al año USD 12.000 aportarán USD 1.200. A simple vista es abismal la diferencia, más aún cuando de ese sueldo de USD 1.000 dependen todos los miembros del núcleo familiar.

La exoneración de aportes del sector de salud y educación es consecuente, mientras que el único motivo para eximir a las Fuerzas Armadas y la Policía, se debe a que los altos oficiales también son parte de la mesa del consenso político. Sin duda la tropa, los uniformados de a píe, deben recibir su remuneración integra porque arriesgan su vida. Mientras que la burguesía que se gesta en el alto mando, goza de estos privilegios por su respaldo al Gobierno. La contribución de este sector aportaría significativamente a la crisis pues, por mencionar, un Capitán de policía, de primer año gana USD 2.390, la remuneración de un General oscila alrededor de los USD 4.800, según información pública expuesta en la página web de la Policía Nacional.

En cuanto al aporte de los remunerados del sector privado, la tabla que estatuyó el Gobierno es razonable con los que menos ganan, pero en mayor medida con lo que más ganan. El Presidente Moreno mencionó que las personas cuya remuneración sea USD 50.000 pagarán USD 4.400 por nueve meses. Entonces, deriva que un asalariado que percibe decenas de miles mensualmente, su aporte proporcional será menor al 10% que se debitará en el sector púbico por doce meses.    

No será sorpresa que las remuneraciones de quienes más ganan sorpresivamente reflejen recortes en los roles de pago. Tampoco será extraño el incremento en la salida de divisas pues el Gobierno, hasta el momento, no advierte un estricto control al respecto. Queda un espacio para la fuga de capital.

Las medidas económicas adoptadas reflejan la correlación de fuerzas los bastidores de Carondelet. Los intereses de la banca y del sector privado prevalecen, solo están camuflados de filantropía y bajo un discurso de poder. Una vez más la clase media es quien asume la responsabilidad de la crisis. Las palabras del Presidente «los que más ganan, más pagan», configura ya una utopía.   

Por Editor