Dr. Francisco Herrera Aráuz
exclusivo para www.ecuadorinmediato.com*
Tenía que suceder, un incidente con un periodista ciudadano frente a su cuenta bancaria ha destapado lo que podría ser el escándalo de corrupción más grande en el país, con millones de afectados, con cifras de dineros todavía incalculables presuntamente estafados, con una serie de delitos contra las personas y una posible coligación de empresas del sector privado que actúan en asociación ilícita para perjudicar a los ecuatorianos. El caso #Caterva ha destapado esa gran corrupción con graves vínculos con el poder, conmoviendo a la nación desde las redes sociales demostrando la gran capacidad que tienen para captar la indignación ciudadana.
Todo empezó el pasado viernes 5 de octubre, en el muy sintonizado espacio de noticias de la mañana del canal incautado TC Televisión, cuando el periodista Mauricio Ayora, que usa el seudónimo de “Caterva” llamó la atención de las autoridades nacionales con una denuncia de una experiencia que le había ocurrido a él al revisar su cuenta bancaria. “Están debitando a la gente. Están debitando al pueblo que 5, 11, 20 dólares ciertas instituciones, empresas, ciertas firmas que solamente atienden por ‘call center’. Yo no sé por qué los bancos les dan nuestra plata sin ningún documento firmado, solamente porque dizque han llamado por teléfono, que nosotros supuestamente dijimos que sí. En esta última que me descontaron 5 dólares, cuatro y pico, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Ayer me llamaron para decirme que me devolvieron los 29,94, 30 dólares. Vamos a hacer las cuentas, a mí me estaban sacando 5 dólares; esto multiplicado por 50.000 personas son 2’500.000. Cuántos meses me sacaron a mí plata: seis meses. Si eso lo multiplicamos por 2’500.000, son 15′ 000.000 que una empresa, sin ninguna autorización firmada de nosotros, se han llevado a sus cuentas bancarias. Asamblea Nacional, Fiscalía General del Estado investigar este atraco”, tras lo cual llamó a la gente a revisar sus cuentas bancarias y comprobar esta presunta estafa.
El tema prontamente saltó a las redes sociales que se sumaron al vocerío colectivo que tenía similares malas experiencias, provocando una ola de comentarios que se convirtieron en denuncias serias y documentadas que la gente demostraba con recibos, estados de cuenta y certificaciones de lo que denominó “cobros fantasmas”.
La indignación creció al saberse que Mauricio Ayora “Caterva” estaba siendo perseguido en su medio de comunicación por la denuncia, y difundirse el dato facilitado por el sitio web “La Posta”. Sobre el caso del colega Ayora. Dato curioso: su crítica se dirige contra una empresa llamada GEA, que presta este tipo de servicios a bancos y aseguradoras. Esta empresa tiene entre sus accionistas al Dr. Eduardo Jurado, Secretario General de la Presidencia. ¿Volvió el control? , mientras que el Observatorio de la Dolarización informaba que la empresa de Jurado había obtenido solo en el 2017 más de US$ 50 millones de dólares en ingresos por este tipo de cobros coaligados con la banca, lo que agitó el ambiente.
Con una conmoción social en las redes sociales, el gobierno de Ecuador tuvo una errática reacción al anunciar que el canal TC Televisión, incautado bajo su control, había “suspendido” a Ayora por 15 días al faltar a la ética y usar el informativo para un caso personal. Solo pasaron dos horas que se difundió el comunicado y crezca la indignación para que el canal en ciernes retire la sanción, mientras asomaron las primeras reacciones de asambleístas que llamaban a la autoridad de los bancos a explicar la denuncia.
¿Cuál es el problema? Ocurre que, al ciudadano por tener una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito, contratar un servicio de pago, pedir un préstamo o pertenecer a una entidad u organización que da sus cuotas en la banca, le están descontando de forma indebida e ilegal una serie de cobros que nunca autorizó, que pague por servicios que no solicitó o, que le afilien a seguros que nunca contrató.
La modalidad para este tipo de “Cobros fantasmas” sería que una entidad financiera, sean estos bancos, tarjetas de crédito o servicios pagados, contraten entre si a las empresas de seguros para proteger sus operaciones. Para actuar con sus cuentas proceden a facilitar las bases de datos de sus clientes que constan en sus archivos digitales, las cuales son usadas por los denominados call center para llamarlos telefónicamente y anunciarles que tienen estos seguros, o que disponen de tarjetas a su nombre y que se han abierto nuevas formas de beneficios en el servicio contratado. Al llamar le advierten al usuario que le están grabando su conversación con lo cual se consideran autorizados para convertirlo en su cliente al que le descontaran por el servicio anunciado, y solo con eso ya basta a partir de esa llamada le pasan a descontar de su cuenta sin que exista autorización escrita alguna. En otros casos se procede por la mera contratación de un préstamo a pagar por un seguro obligatorio con una empresa aseguradora sin libertad de escoger a la misma por el costo de sus servicios, que te lo imponen en forma abusiva.
Mirado desde el punto estrictamente legal, aquí hay una serie delitos castigados por la justicia penal en Ecuador. Partamos del hecho que, al facilitar la base de datos personales o el historial de crédito contante en los archivos electrónicos desde las entidades financieras a las otras empresas, en provecho propio o de terceros, sin la autorización del cliente se cometería el delito tipificado en el Art. 229 del COIP, que es castigado con uno a tres años de prisión, señalado como REVELACIÓN ILEGAL DE BASE DE DATOS. Al llamar a la persona con esos datos suyos y grabar sus conversaciones, enunciarle sus datos personales, o elementos contenidos en sustentos informáticos, y se lo haga sin su consentimiento o autorización se comete el delito tipificado en el COIP en el Art 178. Como VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD. -que manda a la cárcel entre uno a tres años para quien opere de esta forma delictiva. Y; finalmente, lo más grave es este delito, que castiga a “La persona que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de esta o de una tercera, en beneficio suyo o de otra persona” es considerado, según el Art. 190 del COIP como APROPIACIÓN FRAUDULENTA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS sancionado con una pena de cárcel entre uno a tres años.
En este gravísimo hecho con presunciones de corrupción y delito masivo contra un alto número de personas estarían inmersos en una posible asociación ilícita quienes hacen parte total del sector privado, sean los bancos, tarjetas de crédito, financieras, compañías de seguros, empresas telefónicas, servicios de medicina prepagada, compañías de call centers y hasta empresas de ofertas vacacionales. Todo un grupo que ha sido sorprendido presuntamente cometiendo este tipo de hechos denunciados y que nos consta o afecta a todos.
La situación no es definida aun ya que si hablamos de cantidades de dinero en su conjunto es de CUANTÍA INDETERMINADA, pero, sumando de centavo en centavo se puede llegar a una cifra alta de dólares de todos los afectados, lo que no es posible valorar en su totalidad. Manejando en forma prudente esta información y aplicando el derecho de presunción de inocencia, todas las entidades señaladas por esta presunta estafa masiva deben exhibir en su defensa todas las autorizaciones que hayan recibido, mostrar que no han descontado de forma ilegal a sus usuarios o clientes y comprobar que actuaron autorizados por la ley como lo exige la Superintendencia de Bancos, por escrito y en forma legal. Por supuesto que no se podrá usar grabaciones no autorizadas por su carácter de ilegalidad y quien debe responder por estos hechos son quienes ejercen la titularidad de las empresas y las personas jurídicas que son las empresas como tales.
Ahora bien, más una pregunta reclama respuestas sobre: ¿Qué hacer? Y sobre todo ¿Quién debe hacerlo? Pongamos nombres y apellidos.
Para empezar los activistas de las redes sociales, que se las jugaron por esta causa y has estallado el problema, se han convertido ya en el espacio más apropiado para acopiar todas las denuncias con la debida legalidad y sustento jurídico con estados de cuentas, recibos, así como la identidad probatoria del afectado para que sea usado en términos legales.
No se sabe a ciencia cierta si funcionan los Defensores de los Clientes en los Bancos, que fueron nombrados por la ley. Algún papel deberá asumir ellos o, sino la debida culpabilidad por complicidad en el caso.
Para dar legalidad a este reclamo es la Defensora del Pueblo Gina Benavides, cuyo silencio trémulo en el caso no se justifica, debe representar inmediatamente a los afectados ya que es una conducta abusiva que perjudica a la población en sus derechos de consumidor. Ella debe acoger todas las denuncias que se presenten en los despachos de las defensorías provinciales, o que se publiquen en las redes sociales, para lo cual deberá comprobar su veracidad y utilizar para debida demanda de justicia.
El Fiscal Paúl Pérez Reyna, tiene la obligación de iniciar las indagaciones pertinentes con la debida urgencia ya que se podría tratar un caso de presunta estafa masiva, sumada a los tipos penales arriba señalados, que ameritan su debido enjuiciamiento y sanción correspondiente.
La Superintendencia de Bancos, con el funcionario encargado debe actuar urgentemente con una sólida investigación a las entidades que controla, bancos financieras y aseguradoras, para comprobar que lo denunciado es cierto y es grave. No hacerlo sería incurrir en un acto de grave negligencia.
Como el tema ya ha saltado a la Asamblea Nacional, y como se politizará el asunto con los asambleístas especializados en denunciar toda la corrupción, entonces debe canalizarse el reclamo por dos vías, la comisión de fiscalización en lo legal, y que supongo yo será con el destellante papel de Raúl Tello y Janine Cruz. Y como debe evitarse a toda costa que los “correistas” asuman el tema, que por cierto están en plena libertad y obligación de hacerlo más allá del prejuicio, entonces que lo hagan los asambleístas más denunciantes que se tienen por amigos del sector privado como Patricio Donoso, Fabricio Villamar, Luis Fernando Torres, Ana Galarza o Henry Cucalón, y que se enfrenten ellos con los bancos, financieras y tarjetas de crédito por esta presunta estafa masiva representando a toda la vindicta pública que los eligió. Urgente y ahora.
Valdría la pena que en acción cívica los activistas políticos tan destacados en denunciar y sumarse a juicios por la corrupción pública, como Fernando Villavicencio, César Montúfar, Martha Roldós o Klever Jiménez intervengan y activen sus capacidades de reclamo para que esta grave estafa masiva los enfrente al sector privado causante de tan nefasta corrupción. No hacerlo sería negarse a sí mismos su presencia reconocida por la nación, al punto de ganarse el repudio y la decepción por complicidad silenciosa.
Mas lejos aún debe ser lo que pase en la autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción, que para entrar en la investigación de este tema debe separar los papeles por honestidad. Su presidente Jorge Rodríguez Torres, quien en un acto de delicadeza pública y por sus vínculos directos con las empresas aseguradoras debe renunciar a participar en esta averiguación, que deberá revisar una presunta relación con estos hechos sea por acción u omisión no son de su parte, manteniendo su respetabilidad y evitando en todo momento sus aberraciones anticorreistas. Intervenir a la Comisión es su obligación y si no lo hace, debido a los fuertes intereses creados, esta agrupación se descalificaría sola con su silencio cómplice en perjuicio de los trabajadores que los eligieron y que están en el inmenso grupo de presuntos perjudicados.
En cuanto al gobierno nacional, debe actuar con respeto a la libertad de expresión como lo prometió. La sanción a Mauricio Ayora en TC Televisión, canal que controla el régimen, debe ser aclarada porque lanzó por los suelos esos “aires de libertad” que había ofrecido el régimen, se debe castigar a los promotores de la sanción y reivindicar a “Caterva” públicamente por haber denunciado la corrupción que tanto reclama el presidente Lenín Moreno Garcés.
Como su primera obligación es CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS LEYES, el régimen del presidente Moreno Garcés debe proteger a los ciudadanos de esta presunta estafa masivo y debe demostrarlo ahora. No está por demás exponer al mandatario la preocupación por el vínculo de este caso con su Secretario Presidencial Eduardo Jurado, la compañía GEA y todo lo denunciado. El presidente sabrá cuidar su entorno y si es del caso debe proceder a la separación urgente de este funcionario hasta que se aclaren los hechos y se determinen responsabilidades.
Ante este grave caso denunciado de corrupción privada, cabe pedir la mesura del caso. Si bien ya es un escándalo público y de proporciones, debe cuidarse en incurrir en una conducta penada por la ley al emitir información falsa que provoque pánico financiero, por lo que la reserva en las investigaciones habrá de ser cuidada con el debido respeto a las garantías constitucionales que todos gozamos en la nación.
Al final, sé que por este escrito seré ofendido y atacado, para muchos esta será una muestra más de una posición política que por ahora es criticada y odiada, pero no es así. Miren, lectores, ciudadanos, ¡La verdad no necesita cómplices! y actuar por ella es la mejor de las acciones en el periodismo, solo vale pedir que enfrentando a los detractores exigiría de su actitud “¡No me acuses sin razón, y si te respondo porque has mentido no te escondas sin honor!” (FHA).
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Pd: Ante los constantes pedidos de información de mi parte sobre mi estado de salud, es grato decirles que me siento en algo recuperado, y que estoy tratando de reincorporarme prontamente al trabajo en Ecuadorinmediato. Lo seguiré haciendo paulatinamente, una prueba de ello es este especial por “20 años de Paz entre Ecuador y Perú” y ojalá pronto reasuma en la totalidad mis labores acompañado de un excelente y muy solidario equipo de trabajo que me ha logrado apoyar en este tiempo. Gracias por Todo. Bendiciones.
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Dr. Francisco Herrera Araúz es Director General de Ecuadorinmediato.com
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