La semana pasada, en la inauguración del año lectivo en la región costa, Lenín Moreno anunció la reducción de los programas de alimentación y uniformes escolares. Esta medida es parte del paquete de recortes que el ejecutivo prepara para responder a las condiciones de crédito del Fondo Monetario Internacional.
Más allá de lo innecesario del crédito, de las muchas otras entidades que podían otorgarlo sin comprometer políticas sociales o de sus efectos para la economía del país, este constituye el perfecto ejemplo de cómo funciona la austeridad. Recortar beneficios sociales se publicita como un “ahorro” para el Estado, pero es simplemente un proceso de concentración económica donde al “ahorro” es para los grandes pagadores de impuestos y las prestaciones que se sacrifican pasan a ser asumidas por los bolsillos de las familias más necesitadas.
En el caso del Programa de Alimentación Escolar (PEA) se está quitándoles la comida de la boca a los niños más pobres de nuestro país, para pagar un crédito a un banco privado extranjero. El pensamiento cortoplacista del gabinete de Moreno pretende generar un ahorro presupuestario inmediato que tendrá un costo enorme para el futuro de todos. Bien dicen que lo barato sale caro y esto es especialmente cierto cuando hablamos de recortar programas sociales; la realidad es que, aun desde una visión puramente economicista, hacer recortes en estos programas puede ser mucho más costoso para el país que mantenerlos.
Es que el Programa de Alimentación Escolar tiene mayores beneficios de los que la limitada visión del gobierno ha identificado. Para comenzar: la alimentación escolar es uno de los principales incentivos para que las familias de escasos recursos envíen a sus hijos a la escuela. Es en gran parte gracias a la buena aplicación del Programa de Alimentación Escolar que se ha llegado a universalizar la educación básica en el Ecuador. El incentivo es simple: si el niño recibe alimentación en su escuela, ésta ya no tendrá que ser costeada por sus padres. Enviar a los niños a la escuela es ahora un ahorro para la familia.
Los beneficios de que todos los niños vayan a la escuela son innumerables a nivel de país. Una sociedad más educada es más igualitaria, productiva, competitiva, consciente y atractiva para las inversiones. Pero mucho más allá de eso, LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO, no se negocia, no se cuantifica y no se otorga con criterios contables. Afectar a un programa que facilita la universalización de la educación ni siquiera es una medida propia del galopante libertarianismo-pop criollo, es simplemente una torpeza retardataria.
La alimentación escolar también coadyuva a reducir la deserción estudiantil. Los estudiantes que reciben alimentación desde el nivel inicial hasta el bachillerato tienen más probabilidades de graduarse. En el Ecuador no se ha conseguido del todo la universalización del bachillerato, a pesar de que las tasas de matrícula han ido incrementándose sostenidamente. Reducir la alimentación escolar nos aleja de esta meta, que hasta hace apenas pocos años parecía tan cercana.
Otro aspecto importante es que la alimentación escolar es uno de los puntales para combatir la desnutrición infantil. Aún para los libertarios criollos más delirantes, tener una población desnutrida puede resultar un problema para lograr sus sueños de consolidarnos como nación bananera.
En el mundo real, un niño desnutrido no va a desarrollarse adecuadamente a nivel físico ni intelectual, no tendrá un buen desempeño académico y posiblemente desertara de sus estudios, también será un adulto propenso a tener problemas de salud. Esto representa un costo enorme para el Ecuador del futuro, porque los recursos invertidos en un estudiante que no llega a graduarse no se recuperan jamás, los costos en atención de salud para alguien que tuvo aportes mínimos o nulos al sistema de seguridad social deben ser asumidos por los demás aportantes y el Estado. En definitiva, ser pobre es carísimo.
Las medidas de austeridad promueven este tipo de decisiones, anti técnicas, cortoplacistas, inhumanas y antieconómicas. Lo que en realidad se busca con ellas es romper ese vínculo de convivencia social en el que quienes más se benefician del esfuerzo conjunto de la sociedad, aportan más para el mantenimiento de los bienes sociales que son comunes a todos, como la educación o la salud. La austeridad no significa ahorro, significa condenar a quienes menos tienen a asumir por sí solos los costos de ejercer sus derechos.
En materia presupuestaria el Programa de Alimentación Escolar no tenía un costo representativo. En el 2016 fue de 112 millones de dólares y sirvió para atender a casi 3 millones de estudiantes, a un valor anual aproximado de 37 dólares por estudiante[1]. Para poner este valor en perspectiva, el presupuesto del Ministerio de Educación para el mismo año fue de casi 3.300 millones. ¿Vale la pena poner en riesgo un programa fundamental en la reducción de factores estructurales de pobreza, por ahorrar algo más de 112 millones? ¡No! ni humana, ni económica, ni socialmente. No estamos ante un problema de presupuesto sino de prioridades.
Es en este punto en el que entra el manejo político del recorte. Al no existir argumentos técnicos para el ajuste, el Ministro busca dar un paso atrás, en una maniobra a la que el gobierno ya nos tiene acostumbrados. Lanzar una medida de ajuste injustificada, rectificar mediante un comunicado y luego aplicarla a medias. El mismo libreto que culminó con el alza de los combustibles.
El gobierno de Moreno, cada vez más arrinconado, recrudece la persecución y la emplea de forma ejemplificativa, buscando desarticular las iniciativas ciudadanas de protesta. Ante esto, la respuesta de la sociedad civil debe exigir que se genere a nivel político un frente amplio contra el recorte, que pueda interrumpir la consolidación del pacto entreguista con el Fondo Monetario Internacional. Ante la gravedad del asunto, mañana puede ser demasiado tarde para reaccionar.
[1] Datos obtenidos en base al informe de evaluación de impacto del Ministerio de Educación al PAE en 2018.