América Latina es una región con varios problemas que no comenzaron con el COVID19; tal vez uno de los más severos tiene que ver con la enorme desigualdad social que existe en la gran mayoría de nuestros países; y esa desigualdad no sólo es de ingresos, sino que revela una modalidad sumamente inequitativa del ejercicio de los derechos de las y los habitantes de nuestra Patria Grande. Así, las brechas que existen en el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, al acceso a bienes culturales, al descanso y a la recreación entre las diferentes clases y grupos sociales son rémoras de carácter histórico-estructural que han formado parte de la “normalidad” latinoamericana; eso por no hablar de la otra gran desigualdad: la que existe entre nuestras economías y las de los países metropolitanos. Son normalidades que lastiman y a las cuales no deberíamos acostumbrarnos.
Lamentablemente, el estallido de la pandemia en curso no ha hecho sino traer a primer plano esas inequidades que ya se encontraban entre nosotros y que se han venido agudizando durante los últimos años por el efecto combinado de la coyuntura internacional adversa a las economías latinoamericanas pero, sobre todo, por el retorno violento del neoliberalismo recargado en muchos de nuestros países que, entre otras cosas, implican que estemos muy lejos de los estándares recomendados por la Organización Panamericana de la Salud en materia de gasto público en el sector.[2] Por poner un ejemplo cercano: la desinversión en salud de los últimos años en el Ecuador resultó con una pésima preparación para enfrentar la crisis, por la falta de camas, suministros médicos, etc.
Una mala preparación que, por otro lado, pasa factura en primer lugar a los sectores más pobres de la población, que son normalmente los peor atendidos por un sistema de salud que reserva los mejores cuidados para quien pueda pagarlos. Y esas mismas masas de la población son también las que enfrentan la pandemia en las peores condiciones de vivienda y de servicios públicos; las que tienen sistemas inmunológicos más golpeadas por el mal comer; las que no tan fácil pueden ejercer su derecho a la cuarentena, y se ven compelidas a seguir trabajando, o a dejar de hacerlo pero sin sueldo o sin la seguridad que recuperarán su puesto una vez pasada la crisis.
En breves palabras, la epidemia no hace sino exacerbar y mostrar las desigualdades que de por sí ya existían. Para colmo, muchos de nuestros países tienen importantes montos de deuda externa que cubrir; de hecho, si consideramos a la región en su conjunto, hoy esa deuda es considerablemente mayor que durante la crisis de 2008. Además, hay que tomar en cuenta otra serie de mecanismos de transmisión externa de la crisis que afectaran a la región, de acuerdo un reciente Informe de la CEPAL: 1) disminución de la actividad económica de nuestros principales socios comerciales; 2) caída de los precios de los productos primarios; 3) Interrupción de las cadenas mundiales de valor; 4) menor demanda de servicios turísticos; 5) reducción de las remesas; y 6) empeoramiento de las condiciones financieras mundiales. En fin, un panorama desolador.
Sin embargo, la historia no tiene por que condenarnos a la catástrofe, o por lo menos, no en la magnitud que se teme. Como ya se vislumbra en diferentes partes del mundo, y de nuestra propia región, hay más de una forma en que los países pueden tomar acciones que, en vez de pasar la carga de la crisis a las espaldas del pueblo trabajador, apunten a la protección de la salud y la economía de las grandes mayorías, poniendo énfasis en aquellos sectores más vulnerables. En este sentido, vale la pena hacer referencia al valioso trabajo que viene haciendo la CEPAL, a través de su Observatorio COVID-19, donde se recogen diversas iniciativas en curso de los países latinoamericanos y caribeños para enfrentar la crisis con una perspectiva progresista, poniendo el bienestar de los seres humanos como prioridad a la cual deberían supeditarse todas las demás consideraciones, incluidas las ganancias empresariales.
Quisiera referirme brevemente a algunas de esas iniciativas que fueron presentadas por la Economista Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, quien en la presentación pública del Informe referido, caracterizó a la presente como una crisis de personas, de salud y de bienestar, mucho más profunda y compleja que las crisis económico-financieras de las últimas décadas. De acuerdo a Bárcena, tres de los principales retos que deberá enfrentar la región en esta difícil coyuntura son: a) el papel central que el Estado debería asumir en adelante; b) el difícil (pero no imposible) reto de aplanar la curva de contagios sin necesariamente aplanar a la economía; y, c) pugnar por un nuevo marco de cooperación internacional que nos permita “garantizar el acceso al financiamiento, sostener el gasto social y mantener la actividad económica con medidas innovadoras”.
De acuerdo a la CEPAL, además de las consabidas medidas de contención para evitar el disparo de los contagios, ya se comienzan a tomar algunas medidas de carácter heterodoxo como reducción de las tasas de interés; apertura de líneas emergentes de crédito; ampliación de plazos para el reembolso de los créditos, entre otras. Sin embargo, la propia Comisión señala que la mayoría de nuestros países carecen de los recursos fiscales suficientes para enfrentar los retos, por lo que sugiere suspender, renegociar o de plano anular tramos de la deuda pública externa.
Otras medidas a corto plazo serían: a) fortalecer los sistemas de salud y garantizar el acceso universal a pruebas y medicamentos; b) establecer un ingreso básico de emergencia que garantice el consumo de la población; c) medidas de protección del empleo y subsidios al desempleo; d) apoyos a las PYMES y a los cuentapropistas. Tales medidas, tendrían que ir acompañadas en el largo plazo de algunas otras como: a) políticas económicas y sociales que apunten a la reducción de la desigualdad, sobre todo con políticas de impuestos progresivos que graven a los sectores de mayor riqueza e ingresos; b) fortalecimiento de los espacios de integración económica de cara a la recuperación productiva y social; c) negociación colectiva de créditos internacionales en condiciones favorables; d) establecimiento de espacios intergubernamentales de cooperación entre los ámbitos público, privado, social, con apoyo de las universidades para implementar acciones de carácter integral de larga duración, etc.
Pero, tal vez lo que más llama la atención de la propuesta de la CEPAL, es lo expresado verbalmente por la propia Alicia Bárcena, quien sostuvo que la crisis era una buena oportunidad de repensar la globalización y, por qué no, el propio capitalismo. Pero, la precondición para hacerlo, es reconocer que la actual pandemia no es sino la última expresión de una civilización que está en crisis; de un sistema económico que empobrece y enferma a las mayorías, así como deteriora los equilibrios metabólicos entre sociedad y naturaleza. Respecto a este último punto será necesario profundizar en una próxima contribución.
[1] Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Contacto: maruiz@uce.edu.ec
[2] En 2019 el promedio latinoamericano del gasto en salud fue de 2,2%, frente al 6% recomendado por la OPS.
Fuente: ISIP Facultad de Ciencias Económicas de la UCE