Orlando Pérez
Una de las banderas de lucha por la defensa plena y literal de los derechos humanos en Ecuador fue la creación de la Comisión de la Verdad, donde participaron personas como el increíblemente nefasto Julio César Trujillo. El resultado de aquello fue una investigación de lo ocurrido entre 1984 y 1988 para entender cómo un gobierno socialcristiano y un aparato de represión, a pretexto de combatir la subversión, persiguió, asesinó, torturó y desapareció más personas no vinculadas a los grupos armados que a los de la sociedad civil por el solo hecho de constituir un peligro para ese régimen.
Ahora, en la Defensoría del Pueblo, entidad con autoridades transitorias, impuestas por el inefable Julio César Trujillo, se considera “repensar” a la Comisión de la Verdad y sus obligaciones definidas en la Ley de Víctimas. Para ello cuentan con personas y grupos que siendo “anticorreístas” envenenados dan por hecho que todo lo realizado en los últimos años no sirve para nada y por esa razón hay que modificar dicha ley y de paso cambiar algunos elementos del Informe. Claro, en su fanatismo olvidan que algunas autoridades del actual Estado están señaladas en ese Informe como perpetradores de violación a los derechos humanos y no han dicho nada, no han interpuesto una demanda para que se cumpla con el deber legal y ético de no aceptar en cargos públicos a personajes de esa naturaleza.
Lo que tampoco entienden quienes ahora se erigen como puritanos defensores de los derechos humanos es que cada movimiento u operación política que se hace ahora para poner en la presidencia a un candidato socialcristiano explica por qué no se aplica en su integralidad la Ley de Víctimas. Nadie dude que con la llegada de un Jaime Nebot aquello quedará bajo tierra y las víctimas volverán a ser perseguidas y, por qué no, tendrán que responder por los beneficios recibidos, los pocos y a ratos míseras y precarias reparaciones.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos ha quedado claro que como política de Estado el Ecuador tiene una deuda pendiente con respecto a ese tema, a pesar de los enormes esfuerzos de las autoridades anteriores. Se hizo mucho, pero falta muchísimo. Y lo mismo pasará con la muerte de los miembros del equipo periodístico de El Comercio, que ya pocos dudan que fue un acto de absoluta responsabilidad de Guacho…
Hay que añadir un elemento medular importante: la visión del actual gobierno prueba que los derechos humanos no son su prioridad porque si fuese así habría mantenido el Ministerio de Justicia, razón por la que lucharon en su momento la actual ministra del Interior, por ejemplo. Reducir el amplio y profundo ámbito de los Derechos Humanos a una simple Secretaría, a pretexto de bajar el déficit fiscal, revela la perspectiva del actual Ejecutivo en estos temas y para qué necesita la derecha un gobierno y un marco de acción en garantías mínimos.
Por todas esas razones también se entiende de qué modo contribuyen ciertas ONG a la derechización y al fascismo bajo el argumento de su criticidad a los procesos progresistas, en los que les guste o no, se avanzó en institucionalidad para la defensa precisamente de los derechos humanos sin necesidad de tener a ONG supliendo al Estado. Ahí están las consecuencias de ese criticismo, aunque en realidad era obvio lo que querían: que la defensa de los derechos humanos se haga desde organizaciones no gubernamentales financiadas desde el exterior y que el Estado siga siendo la piedra de toque de todos sus fanatismos.