La demagogia por lo común, es definida como una estrategia política para lograr o conservar el poder político, utilizando la retórica, la desinformación, la propaganda o la manipulación, para contar con el respaldo de la mayoría de la población, apelando a sus emociones, exacerbando prejuicios, miedos y esperanzas “populares”. En este sentido generalmente se la asocia al quehacer de la función ejecutiva, encabezada por el primer mandatario.
Sin embargo hay otros estamentos del Estado que también pueden acudir a la demagogia para intentar legitimar sus acciones, en este caso la Asamblea Nacional del Ecuador ha dado pasos agigantados, por lo menos, en este sentido.
La Asamblea Nacional de a acuerdo a la Constitución de la República y a la Ley Orgánica de la Función Legislativa tiene dos ejes de trabajo fundamentales, legislar y fiscalizar. Pero la producción en estos ámbitos en los últimos tiempos ha sido frecuentemente demagógica. El proceso de elaborar leyes, que debería estar revestido de un mínimo de reglas técnicas jurídicas, se ha visto “ofendido”, por Asambleístas que al parecer no han siquiera leído la Constitución de la República, por no decir las mismas leyes que aprueban.
Un ejemplo, son las propuestas en cascada para reformar el Código Orgánico Integral Penal. Sin duda como ciudadana exijo justicia para las mujeres que mueren a causa de la violencia machista, la visibilidad de una problemática, que desde el 2014 tiene nombre propio, el femicidio, y que ahora como sociedad nos indigna y reclamamos, por lo tanto, prevención y atención. Su juzgamiento y no impunidad es urgente. Sin embargo esta urgencia social, justa y necesaria, encontró respuesta en la Asamblea Nacional, pero no desde la fiscalización a las actuaciones de las autoridades competentes para investigar y sancionar estos hechos, sino desde el llamado “endurecimiento” de la pena. Es más fácil y suena bonito a los oídos de la ciudadanía.
Cadena perpetua, castración química, son algunas de las reformas presentadas a la Asamblea Nacional por legisladores que no se han percatado de que el Ecuador es suscriptor de Instrumentos Internacionales de derechos humanos, a los que correspondería primero renunciar, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana de Derechos Humanos, que han servido de base para grandes reivindicaciones como libertad de expresión o la no discriminación y que nos protegen frente al poder del Estado y sus posibles abusos. Han ignorado que la Constitución de la República ordena que el desarrollo de los derechos debe ser progresivo y que solamente una Asamblea Constituyente podría señalar un camino a la inversa.
Sin mayor análisis sobre el impacto de penas largas o perpetuas en la reducción de la criminalidad, y mucho menos establecer si el Ecuador cuenta con un sistema de rehabilitación social que pueda lidiar con huéspedes permanentes, los asambleístas se aprestaron a participar en una suerte de mercadillo de quién proponía las más rudas privaciones de libertad. Ninguno se detuvo a reflexionar sobre la utilidad de las penas, en un sistema judicial que suele no aplicarlas de forma adecuada y oportuna. La impunidad, la falta de castigo, es el mayor incentivo para que se den hechos delictivos.
El paso por el recinto parlamentario de las leyes de urgencia económica enviadas por el Presidente de la República, o de las reformas a normas como la Ley Orgánica de Comunicación, siguió el ritmo dado por los grandes medios de comunicación social, que evidentemente pactaron su silencio frente a los equívocos cada vez más frecuentes del gobierno de Lenín Moreno.
En el ámbito de la fiscalización, tampoco ha sido muy edificante la actuación de la Asamblea Nacional. Las comparecencias de algunos ministros ante el Pleno legislativo no han dado mayores resultados, ni siquiera cuando se les inquirió sobre la muerte de ciudadanos en la frontera norte, o las actuaciones frente a la problemática del consumo de droga. Las muertes en sitios clandestinos de “rehabilitación” de adicciones continúan y las denuncias de las familias de las víctimas del narcoterrorismo norteño son cada vez más fuertes.
Comisiones Ocasionales para tratar asuntos mediatizados como las denuncias en el caso del General Gabela, o la situación de los grupos de jubilados, o de los deplorables casos de abuso sexual en el ámbito educativo, han sido la tónica de una Asamblea Nacional que ha sacrificado la efectividad por la espectacularidad, pues los informes o resultados de las Comisiones Ocasionales, en su mayoría, han sido poco eficaces frente a las problemáticas abordadas, a pesar de que han requerido grandes esfuerzos por parte de la ciudadanía afectada.
Asimismo, un sinnúmero de resoluciones emitidas en sesiones parlamentarias, exhortos a otras funciones, que casi son rogativas, o condecoraciones a ciudadanos, que sin duda han obtenido logros en diversas actividades, ocuparon por semanas la agenda del Pleno de la Asamblea Nacional, y no por falta de proyectos de ley a debatir. Nadie que haya trabajado en esta función, podrá olvidar la sesión de mayo de 2018 dedicada a la resolución para declarar patrimonio cultural al mazapán, presentada por la ex Asambleísta Norma Vallejo. Y no es que no sea encomiable la labor de los artesanos que trabajan con dicho material, pero sin duda que la Asamblea se reúna específicamente para tratar este tema mientras se esperan debates legislativos más complejos, es la mayor exaltación de lo que puede ser la demagogia legislativa.
La demagogia legislativa sin embargo no ha alcanzado para diluir los escándalos de cobros por parte determinados Asambleístas a sus colaboradores, a cambio del puesto de asesor o asistente. Ni tampoco distraer de la atención ciudadana las maniobras, para que altos funcionarios no comparezcan a rendir cuentas en el seno legislativo sobre las políticas públicas a favor del sistema bancario. ¡Y es que hasta la demagogia tiene límites!