El “Acuerdo Nacional por la Seguridad Social”, una iniciativa inexistente pero que el Presidente Lenin Moreno podría presentar como un gran logro, analizará el aumento de la edad mínima para acceder a la jubilación pública y, también, el establecimiento de pagos por las atenciones de salud proporcionadas a los hijos de los afiliados menores a 18 años.
Así lo insinuó el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Paul Granda, quien intentó justificar los cambios a las reglas argumentando que:
• En Ecuador, la edad de jubilación es 60 años; en América Latina, el promedio es 65 años y, en Europa, el promedio oscila entre 67 y 70 años.
• En América Latina y Europa, la edad mínima promedio para la jubilación ha aumentado porque la esperanza de vida también aumentó.
• En Ecuador, la esperanza de vida es 80 años para hombres y 83 años para mujeres.
Por tanto,
• “Evidentemente”, se requerirá aumentar el número de años durante los cuales los trabajadores afiliados contribuirán obligatoriamente a la seguridad social.
Esta es la reconstrucción de una cadena de razonamientos cuya versión original, emitida durante una entrevista radial, brillo por sus defectos. La “lógica” del discurso gobiernista, sin embargo, no fue aquello que mayor irritación causó a la población.
A través de Twitter, por ejemplo, un ecuatoriano expresó que “esto sucede cuando la derecha neoliberal se entrega al FMI y aplica sus recetas. Ecuador vive los tiempos del gobierno del Nebot-Morenismo: jubilación a los 80 años mientras no hay trabajo para jóvenes. Depende de nosotros seguir así. ¡Todos a las calles! ¡Fuera Moreno!”.
También, académicos, economistas u otros aficionados a las cifras, explotando las flaquezas de conocimiento del delegado presidencial, señalaron que:
• En América Latina, la edad promedio de jubilación es 62 años para hombres y 60 para mujeres. En el rango de edades mínimas obligatorias en la región, el máximo es 65 años en Brasil, Chile y Perú.
• En Ecuador, la esperanza de vida es 73,6 años para hombres y 79,1 años para mujeres.
Todo lo anterior según datos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Si se utilizase la información sobre Europa proporcionada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la evidencia sobre la magnitud del desconocimiento sería mayor.
Para cambiar el país en el cual vivimos, empero, lo importante no es la crítica a cifras utilizadas despreocupadamente como pruebas “empíricas” de la necesidad o legitimidad de políticas “más pragmáticas”. Veamos.
Los promedios son descripciones “rápidas” de un grupo
Para visualizar de manera sencilla cómo las estadísticas pueden engañarnos, imaginemos un país donde existen 5 mujeres y 5 hombres. Allí, cuatro mujeres tienen 1,4 mts de altura, una mujer tiene 1,9 mts, cuatro hombres tienen 1,5 mts y un hombre tiene 1,3 mts. Un observador externo, que no tiene tiempo para analizar detalles de esos grupos, podría concluir que, en promedio, los hombres y las mujeres tienen la misma altura (1,5 mts).
Aunque pudiese ser correcta “aritméticamente”, aquella conclusión está basada en cifras que no son las mejores descripciones posibles para caracterizar lo que pasa “en los grupos” y “entre los grupos”. Los promedios son, simplemente, descripciones a grosso modo cuya validez depende de hacer muchísimas simplificaciones a la realidad fáctica.
Cuando se afirma que la expectativa de vida promedio de vida es 80 años en hombres y 83 años en mujeres, se omite observar muchas cosas que afectan sus vidas. En los países no desarrollados, ni siquiera en promedio, las expectativas de vida son las mismas para los albañiles que desempeñan labores con alto riesgo, para los guardias cuyo trabajo nocturno es insalubre porque afecta su ciclo circadiano o para los altos gerentes cuyas enfermedades laborales son atendidas en hospitales estadounidenses.
Dado que existen diferencias de clase, etnia, edad, género u otras, la “economía de la salud” o la epidemiologia describen grupos midiendo “años de vida útiles”, “años de vida potencial perdidos” o “años de vida ajustados por discapacidad”. Si la realidad de los ecuatorianos y ecuatorianas fuese analizada utilizando estos u otros indicadores similares, los funcionarios del gobierno de Lenin Moreno podrían apreciar que el estado de salud, las capacidades de trabajo o la demanda laboral son muy diferentes para una madre trabajadora pobre con educación primaria y para una mujer soltera profesional con maestría, aunque ambas mujeres pudiesen llegar a los 60 años de edad.
Por eso, la argumentación sobre cuál debería ser la edad mínima para jubilación no debería efectuarse utilizando promedios sobre edades “naturales”. Omitir el análisis de los detalles finos contribuye a justificar ideológicamente la desprotección de los grupos más vulnerables.
El envejecimiento de la población no es una fatalidad ineludible
Ahora imaginemos dos familias, “Europa” y “África”, con cinco miembros. En África, el padre tiene 44 años, la madre 35, sus dos hijos 16 y 13 años y su hija 10 años. En Europa, el abuelo y la abuela tienen 68 años, el padre 50, la madre 43 y su hijo de 8 años. Apreciados en función de sus posibilidades actuales de captación de ingresos, ambas familias tienen características económicas muy diferentes pues mientras África es joven dado que tiene 3 miembros que participan activamente en actividades económicas, Europa tiene 3 miembros que dependen de los ingresos del padre y la madre. Pero eso podría no ser todo.
Supongamos que los personajes sobreviven los próximos 22 años, es decir, todos siguen vivos en el 2041. Mientras en África 4 personas podrán trabajar y mantener al padre (66 años), en Europa, el abuelo, la abuela, el padre y la madre dependerán de los ingresos de una sola persona, un hombre que tendrá 30 años en esa fecha. En este ejemplo heurístico, a futuro, la producción real y potencial de ambas familias será diferente pues la “razón de dependencia” -esto es la proporción entre quienes no trabajan y quienes si trabajan- será también diferente. Por ello, si el futuro se dejase en manos del “curso natural” de acontecimientos inevitables, Europa será demográficamente vieja y económicamente vulnerable.
Ni la economía ni la demografía, sin embargo, bastan para definir destinos crueles y fatales. Si quienes controlan las decisiones familiares comprenden las tendencias actuales y previenen su realización, Europa podría protegerse así misma adoptando niños, incrementando su patrimonio físico, aumentando su capacidad para generar ingresos, evitando consumos improductivos o ahorrando dinero para su utilización a futuro.
Lamentablemente, los países no son como las familias. Sus gobernantes no suelen ser sabios, previsores, honestos, solidarios o austeros. Aquellos son políticos cuyo oficio consiste en tomar aquellas decisiones que les permiten incrementar su poder simbólico o material. Esto fue, es y será así. No nos engañemos ni engañemos a otros.
En razón de lo anterior, en Ecuador, las normas e instituciones de la seguridad social deberían discutirse considerando las interrelaciones entre crecimiento económico, razones de dependencia, bono demográfico, características del Estado y de la democracia representativa, límites a las atribuciones discrecionales de la clase política e instituciones públicas y privadas. Quien omita apreciar la complejidad de lo social, simplemente, rendirá pleitesía a las formas de dominación que unos pocos ejercen sobre muchos.
El ajuste estructural no es una estrategia de desarrollo
Lo que le pasa a la seguridad social ecuatoriana no sucedió espontáneamente. Desde hace décadas, los políticos y empresarios han utilizado a los aportes de los afiliados como medios de enriquecimiento privado.
Esta conducta tiene una explicación “racional”: en la mayoría de los países, la seguridad social suele ser la mayor fuente de ahorro doméstico forzoso, es decir, un inmenso acervo de recursos muy “líquidos” que aumenta mensualmente y que puede ser utilizado como mecanismo de acumulación capitalista. Las desventuras de la seguridad social no se generaron ni en los últimos meses ni en los últimos años pues emanan de auténticos problemas “estructurales”.
Para resolverlos, sin embargo, las “políticas de ajuste estructural” no son adecuadas porque, excepción hecha de su nombre, aquellas no tienen nada de “estructural”. Como podrían admitirlo quienes no estén enceguecidos por el discurso neoliberal, el ajuste estructural solo refiere a un conjunto de medidas de política económica dirigidas a resolver los problemas de la balanza de pagos a corto plazo. Que la eventual resolución de los desequilibrios externos e internos pueda facilitar el desarrollo a largo plazo es asunto para otro debate.
Las instituciones financieras multilaterales no desconocen lo anterior pero si fingen ignorarlo en sus tratos con gobiernos sumisos. Sería ingenuo imaginar que el Fondo Monetario Internacional asume que la reforma a la seguridad social resolverá desajustes sociales, políticos y económicos acarreados desde tiempo atrás. Si los desequilibrios macroeconómicos no se disiparán a corto plazo cambiando las instituciones de la seguridad social, entonces ¿qué pretenden?
En Argentina, un país donde las recomendaciones neoliberales no han logrado eliminar sino agrandar las desgracias macroeconómicas, un ciudadano dijo una frase que, aunque refería al gobierno “pragmático” de Mauricio Macri, vale para entender a la derecha ecuatoriana: “ellos no tienen un plan de ajuste para la nación, tienen un plan de negocios para los suyos”.
Ese es todo el mello del asunto. Para poder generar las condiciones políticas e ideológicas necesarias para privatizar la seguridad social, la situación económica del país y sus tendencias demográficas son presentadas como “hechos naturales” que nos dejan sin otras alternativas que aumentar la edad mínima de jubilación o número de aportes obligatorios, incrementar los aportes individuales, reducir las prestaciones a los afiliados, colocar el ahorro interno en mecanismos de capitalización privados nacionales o internacionales, desmontar los servicios ofrecidos a menores dependientes, campesinos o empleadas domésticas, etc.
Los grandes empresarios y sus políticos no son economistas neoclásicos obsesionados en lograr el equilibrio macroeconómico para así construir “patria”. Ellos no están dispuestos a permitir que los mecanismos impersonales del mercado determinen quién, cuándo, cómo y dónde se recibirán ganancias. Los grandes empresarios quieren asegurarse su acceso privilegiado a “rentas”, es decir, a recursos extraordinarios que difícilmente podrían obtener si no retienen el control del Estado y sus favores.
Detrás de las reformas a la seguridad social que un gobierno de derecha puede plantear, se encuentra la construcción paulatina del asalto a los trabajadores. Como ciudadanos nos equivocaríamos buscando ideología allí donde solo existe avaricia.