Parecería exagerado calificar así a un modo de gobernar y de ordenar la vida bajo el amparo de un aparato jurídico e institucional, pero no cabe duda que todos los pasos dados por la alianza de la derecha que nos des-gobierna solo pueden darse desde una dictadura asentada en la violentación absoluta de todos las normas y procedimientos.
No solo debemos escandalizarnos por la destitución ilegal, inconstitucional, ilegítima y proterva de los cuatro consejeros del CPCCS. Esta es una pieza más del andamiaje “transitorio” que requiere la derecha oligárquica para asegurar el camino para las elecciones del 2021 y asegurarse del poder bajo el argumento de que Lenín Moreno re institucionalizó el Estado y volvimos a la Constitución de 1998 sin eliminar la del 2008.
Los responsables de aupar la Consulta de febrero del 2018 no atinan donde esconder la cara porque son tan responsables como Lenín Moreno del ajuste impuesto por el FMI, como de la existencia de una mayoría en la Asamblea, un Contralor ilegítimo y un aparato de justicia que persigue y legitima las violaciones de todo tipo. Y son responsables de abrir los cauces de la dictadura socialcristiana, demócrata cristiana, neoconservadora y pro estadounidense con la cual ahora –bajo el pretexto de “descorreízar” la nación- se violenta todo proceso, el debido proceso y las normas mínimas. No olvidemos ni dejemos de lado en esta camada a personajes como Alberto Acosta, Enrique Ayala Mora, los eternos dirigentes de las centrales sindicales y los nefastos ex maoístas del MPD.
Como nunca antes ahora un “reportaje” sin contrastación ni verificación sirve de base para pedir órdenes de prisión; un discurso es causal de encarcelamiento; un supuesto caso de corrupción se juzga con un Código Penal derogado; la “dignidad del Estado” permite el asesinato de tres periodistas; un policía puede patear a un detenido en el suelo, esposado y la supuesta defensora de los derechos humanos respalda esa acción ilegal; el uso de los bienes públicos para darse lujos en los feriados es justificado por el aparato mediático conservador; la muerte de un militar en la operación de rescate del Presidente secuestrado, ahora es causa para incriminar a la víctima de ese secuestro visto y filmado en todas sus etapas; pero sobre todo para no decir una palabra del caso más escandaloso de corrupción denominado INAPapers.
Ya sabemos para qué la derecha usa a los gobiernos y los Estados: sacarle el mayor provecho económico, exportar los capitales a los paraísos fiscales y desmontar las políticas públicas. Lo ocurrido en Argentina no es para nada distinto a lo hecho por la alianza PSC-AP-CREO en Ecuador. Y ya sabemos qué pasó el domingo 11 de agosto y de qué modo han quedado revelados los medios en toda la trama para denostar a los líderes progresistas y justificar la aplicación de medidas mortales para la economía y en contra de toda soberanía política.
Y no conformes con lo hecho en el plano económico, como ya se acerca el proceso electoral y quieren asegurarse el camino abierto, no solo condenan sin pruebas a las principales figuras de la Revolución Ciudadana, sino que ahora quieren anular al movimiento que permitió la participación y luego el triunfo de Paola Pabón y Leonardo Orlando. La dictadura perfecta quieren allanar el camino, sin rivales de peso, a Jaime Nebot y a quien él escoja de binomio, al cual se apuntan con tanto ahínco figuras del morenismo como Paula Romo o el Vice, don Otto.
Claro, todo eso ocurre con el amparo, auspicio, asesoría y presencia dominante del gobierno de EE.UU. a través de su embajada y oficinas de apoyo para la seguridad, el monitoreo y también con la participación de Facebook.
