Ezequiel O. Salinas
Lo que estamos viviendo es la absoluta inseguridad jurídica. Algunos trujillistas de la onda Pachakutik que trabajaban en el CPCCS se están dando contra las paredes porque se “sorprenden” que los socialcristianos se repartieron el pastel y que Dávila y Mendoza no les dejan topar a nadie que sea socialcristiano, ni ex socialcristiano, ni futuro socialcristiano. Algunos, como los del Partido Socialista, recién se vienen a dar cuenta del descalabro institucional. Hasta la Vicepresidenta bolivariana y alfarista recién cae en cuenta. Pero la alianza de los liberales de buenas costumbres (padre e hijo) y los socialcristianos lograron golear a todo el resto y garantizarán su cuota de poder en la Corte Constitucional y en la Judicatura.
Sin embargo ya no hay ni por qué economía preocuparse. Con la Trole 3 los capitales se acabaron de fugar y solo algunos volverán como contratistas disfrazados de inversión extranjera. Es suficiente con averiguar quiénes son los verdaderos dueños de los nuevos contratos petroleros que acaba de firmar el gobierno de Moreno y que están siendo publicitados por la SECOM.
Debo admitir que el plan económico ha sido un éxito y el país no ha colapsado, pues la única estrategia que tenían era rogar que el petróleo suba de precio. Y vaya que han tenido suerte, las sanciones de EE.UU. a Irán han resultado en que el precio no solo se mantenga alto, sino que suba más. No hay ninguna reactivación del sector privado, ni grande ni pequeña, los contratos de inversiones privadas por decenas de miles de millones de dólares que firmó Campana se esfumaron sin dejar rastro una vez que recibieron el perdón de las deudas de la Trole 3. La derogación de la ley de plusvalía fue un engaño más, no pasa nada en el sector de la construcción. Ahora la excusa en la cámara de Pita, en vez de gritar “monopolio y corrupción”, es que es el ministro de Obras Públicas es muy Hidalgo.
Hoy le apuestan nuevamente con todo a la flexibilización laboral y a la privatización. Para eso tendrán que cambiar la Constitución o poner una Corte Constitucional que se vaya directamente en contra de Montecristi. A la final, todo lo que se ha hecho en términos institucionales es para dar paso a que arrase el capital, como ahora escriben sin vergüenza los voceros pseudotécnicos del capital: Walter Spurrier y Alberto Acosta junior. Hablan de que Ecuador tiene que convertirse en un paraíso fiscal, hablan de eliminar las normas de calidad, de eliminar las superintendencias, de darse de baja la ley antimonopolio, de quitar el 15% de utilidades, de permitir semanas laborales de 3 días, de la reducción del salario mínimo, y un largo etcétera.
Se viene una reforma constitucional vía referendo, pero no solo de la parte institucional, que ya está cantada. Se viene una reforma constitucional “anti-corrupción” que esconderá un paquete neoliberal de grandes proporciones.
Van a decir que la sustitución de importaciones es corrupción porque fomenta el contrabando. Van a decir que las normas de calidad son corrupción porque fomentan el incumplimiento. Van a decir que la preferencia a la economía popular en la compra pública es corrupción porque fomenta el clientelismo. Van a decir que la regulación bancaria es corrupción porque compromete al funcionario a meterle la mano a los depositantes. Y así sucesivamente… para justificar el paquete neoliberal. Así como dijeron que el endeudamiento interno era corrupción para justificar los cambios legales en la Trole 3 y luego irse a endeudar en el exterior con Goldman Sachs con 240% de garantía.
A los grandes capitales no les interesa la seguridad jurídica, sino ya hubieran saltado con la vacancia constitucional y demás abusos del Trujillismo. Si los capitales no gritan que hay inseguridad jurídica significa que tienen controlada la justicia, ¡qué mejor seguridad que esa!
¿O han oído a los Isaías quejarse de los sucesivos cambios en la Judicatura? Más bien pareciera que el giro de la Judicatura encargada transitoria incompleta y mutilada les ha favorecido con la suspensión de la venta de sus ex bienes.
La influencia de la Chevron en el veto de Moreno a la Trole 3 y más recientemente en la propuesta de los socialcristianos en las reformas al Código de Procesos nos muestra qué significa la seguridad jurídica para ellos. Significa ejercer la propiedad de la justicia. Y para ello usan dos métodos: la privatización formal de la justicia mediante arbitrajes privados transnacionales y la privatización informal de la justicia mediante la captura regulatoria, cabildeo, lobbying, tráfico de influencias, corrupción y, cuando es necesario, la supresión de las visas. ¿Si o qué, Xavier Neira?
Es al pequeño y mediano empresario nacional, y sobre todo al trabajador, al que le debe preocupar la inseguridad jurídica en la que vivimos. Sin una función judicial que proteja a los más vulnerables. Sin una Corte Constitucional que no proteja el Régimen de Desarrollo de Montecristi, las pequeñas y medianas empresas productoras están en camino a la quiebra y condenadas al comercio informal, precario y vulnerable.