En agosto de 2020, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenaba el arresto contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, como presunto responsable de los delitos de soborno y fraude procesal por manipulación de testigos. A pocos días de esta decisión, el ex vicepresidente de Trump, Mike Pence, pedía a Colombia que “[…] permitan que este Héroe, que ha recibido la Medalla Presidencial de la Libertad de los Estados Unidos, se defienda como un hombre libre”.
Pocos días después de la decisión de la Corte, Uribe renunció al Senado para perder su inmunidad y que el caso pase a competencia de la justicia ordinaria. La Fiscalía General de la Nación de Colombia estaría a cargo del caso con el reciente nombrado Fiscal, Francisco Barbosa. El argumento fue que los presuntos delitos son comunes y no tienen relación con el fuero de Uribe como congresista.
A partir de esto, la defensa de Uribe con apoyo de la Fiscalía pidió a una jueza de Bogotá se disponga su libertad. El argumento fue que “para la existencia de una medida de aseguramiento con privación de libertad es necesario que previamente se haya realizado una audiencia de imputación de cargos, lo cual no sucedió con Uribe”. La realidad es que cuando la Corte Suprema ordenó su detención se apoyó en una indagatoria previa, pero al pasar el caso a la Fiscalía cambió también la ley bajo la cual se llevaba el proceso.
Pero, ¿quién es el recientemente nombrado Fiscal General de la Nación de Colombia? Barbosa fue ex consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos
Internacionales, amigo hace más de 20 años y compañero de universidad del actual Presidente de Colombia, Iván Duque, y conocido delfín de Álvaro Uribe.
No es nada nuevo en la historia reciente de América Latina la intromisión política de jueces y fiscales. Al parecer esto se habría convertido en un componente central de la estrategia para evadir investigaciones, no afectar actores privados involucrados en casos como el mismo Odebrecht e incluso, en el caso de Colombia, proteger a quienes por un lado se los condecora como defensores de la libertad, pero por otro, enfrentan acusaciones de lesa humanidad como Uribe.
Solo basta mirar lo que pasa este momento en Brasil. La Corte Suprema de Justicia brasileña aprobó por mayoría entregar acceso, a los abogados del ex Presidente Lula Da Silva, a las conversaciones de Telegram entre el ex juez Sergio Moro y los fiscales encargados de la “emblemática” investigación Lava Jato. Se tratarían de pruebas que pondrían en evidencia la parcialidad de la actuación judicial y la existencia de un plan organizado para que el ex presidente no fuera candidato en 2018. El pasado 8 de marzo, la justicia brasileña anuló todas las sentencias dictadas en contra del ex presidente Lula.
Como se ha podido evidenciar en estas recientes actuaciones, las acciones judiciales en contra de supuestos actos de corrupción, abusos de poder o violaciones a derechos humanos estarían lejos de lograr mayor transparencia y fortalecer la democracia. Al contrario, se han convertido en antecedentes nefastos de manipulación de la justicia para fines políticos y de pérdida de credibilidad de las instituciones. Todo esto, en medio de una creciente polarización que ha permitido el resurgimiento de corrientes de extrema derecha nacionalistas-neofascistas.
A continuación, se analiza dos ejemplos puntuales de mal uso de la justicia por parte de la extrema derecha en Colombia, así como sus intentos por fortalecer su hegemonía política hemisférica a través de la intromisión en procesos electorales, más recientemente en Estados Unidos y Ecuador.
Injerencia en las elecciones de Ecuador: ataque de la extrema derecha trasnacional
La historia se repite. A ocho días también de las elecciones presidenciales de primera vuelta en Ecuador, la revista Semana publicaba una supuesta investigación que resaltaba en portada “[…] el contenido de los computadores secretos del abatido comandante del ELN. Planeaba asesinar a los hijos de Uribe y, en Ecuador, habría financiado al candidato presidencial de Rafael Correa […]”.
En 2020, el director de investigación de la revista Semana y sus principales periodistas renunciaron. Esto se dio después de ganar el premio de Periodismo Iberoamericano por Operación Silencio . Un trabajo de investigación que reveló las amenazas que recibían militares colombianos que han denunciado ejecuciones extrajudiciales de civiles –los llamados falsos positivos— y actos de corrupción. Investigaciones que vincularían al expresidente A. Uribe y su entorno político.
A esto se sumó la venta total de la revista a la familia Gilinski –un grupo de empresarios relacionados a la banca, hoteles de lujo y otros negocios en paraísos fiscales—, así como el cambio de la línea editorial a favor de la periodista abiertamente uribista, Vicky Dávila. Entre otros cambios internos resalta, por ejemplo, que la nueva gerente de Semana es la ex ministra de Ambiente de Uribe, Sandra Suárez.
Ante esto, ¿Cuál sería el interés de la ahora revista uribista de influir en las elecciones ecuatorianas? Existen dos temas de interés geopolítico alrededor de esta supuesta investigación que intenta tener efectos electorales y judiciales en Ecuador.
Por un lado, es claro que en las próximas elecciones se juega la presencia inconstitucional del Centro de Operación Insular para la vigilancia militar de Estados Unidos en las Islas Galápagos y que se transparente el acuerdo denunciado públicamente por el ex embajador en Washington, Francisco Carrión, antes de su renuncia. Se juega la permanencia de un espacio geoestratégico en el Pacífico, al servicio de los intereses geopolíticos estadounidenses, ante el aumento de la influencia global de China. Por otro lado, claramente se intenta evitar que un gobierno progresista pueda asumir nuevamente el poder y recuperar la soberanía en el manejo y control del Sistema de Seguridad Pública y del Estado, desmantelado a partir del atentado en San Lorenzo de 2018.
Se tratan de temas de fondo de la política de seguridad hemisférica de Estados Unidos que están en disputa. Como lo mencionábamos antes, Uribe ha sido el mayor aliado de estos objetivos de seguridad en la región y como se observó en la campaña electoral de Biden, no escatimaron esfuerzos para influir en las elecciones de los Estados clave para el voto latino.
Debería sorprendernos la “agilidad” del fiscal uribista para entregar información a su par ecuatoriana, Diana Salazar, —recientemente premiada por el Departamento de Estado—; cuando en 2018, después del asesinato de los periodistas ecuatorianos en frontera norte, nunca se buscó esclarecer responsabilidades. Es claro que se trata de una operación que responde a una coordinación entre los custodios de los documentos, el medio de comunicación que tiene acceso privilegiado a la información para publicarla y la Fiscalía que ágilmente hace la entrega de éstos en Ecuador.
Si existieran verdaderas instituciones en Ecuador, sin influencia de intereses políticos y geopolíticos, lo mínimo que se debió pedir a Colombia —para evitar el fraude procesal—, es una auditoría forense de un tercero internacional que garantice la autenticidad de la información entregada y que no se trate –como es una constante del círculo uribista— de un montaje para interferir en las elecciones presidenciales ecuatorianas a través de un proceso judicial que se mantiene latente.
La extrema derecha uribista, en alianza con la banca internacional, han pretendido construir un arma judicial –en contra del candidato progresista ecuatoriano— a ser utilizada durante el proceso electoral o, peor aún, en un hipotético escenario de ganancia electoral: una herramienta para invalidar la elección. En este contexto sorprende la posición pública del candidato por Pachakutik, Yaku Pérez, que en últimas declaraciones ha dicho que “Si no cae la candidatura del señor Arauz antes de las elecciones, luego va a caer por haber recibido dineros ilícitos de la narco-política”. Grave amenaza, que requiere de un análisis específico.