David Chávez
La “fábrica de mentiras” es el nombre que le dio Xavier Lasso. Pocas veces en la historia política del país se ha visto un gobierno que cuente con semejante apoyo propagandístico de los grandes medios de comunicación públicos y privados, más varios medios digitales y un legión de emisoras radiales. Quizá el único caso reciente en que haya habido una protección mediática de esas dimensiones es el de la Alcaldía de Guayaquil. El famoso “estado de propaganda”, del que tanto se acusó al gobierno de Correa, es –ahora sí- una realidad evidente. La idea de “estado de propaganda” funciona si se entiende que la propaganda es el antídoto para ocultar problemas graves, crear una imagen falsa de lo que realmente ocurre, magnificar lo insignificante y borrar lo sustancial. Ese ha sido el juego de la “fábrica de mentiras” –como la llamo Xavier Lasso- que ahora trabaja al tope de su capacidad, minimizar el desastre de gobierno que tenemos y exacerbar hasta el extremo los defectos del gobierno de Correa, borrando sus importantes logros.
Días atrás el diario El Telégrafo publicaba que, según el último informe de Latinobarómetro, el gobierno ecuatoriano es el cuarto de mayor aprobación en la región. Y no es mentira, lo tendencioso de la notica radica en su deliberada descontextualización. Resulta que –visto en su conjunto- el informe muestra que el “honorífico” cuarto lugar del Ecuador ocurre en el marco de un acelerado deterioro en la aprobación de los gobiernos y en la confianza en la democracia en América Latina. El caso de Ecuador es dramático, la aprobación del gobierno registra una caída de 20 puntos en un año, ¡un año! Si se contrasta con la tendencia histórica de los últimos 15 años es aún más dramático, entre 2002 y 2006 se registra una aprobación promedio del gobierno de 25%, en la “década saqueada” la aprobación del gobierno creció ostensiblemente, se tiene un promedio de 55%, con el límite más alto en 2007, 74%, y el más bajo en 2016, 40%. Actualmente el gobierno de Moreno tiene un 46%, casi igual a la cifra que el correísmo tuvo en su peor momento político.
Pero hay datos aún más interesantes. La fábrica de mentiras siempre trató de posicionar la idea de que el correísmo gobernaba solo para el “grupúsculo” de AP, con los casos de corrupción eso se volvió dogma de fe. Sin embargo, los datos de Latinobarómetro señalan que, en cierto momento, el correísmo llegó a un promedio aproximado de 60% (2013 y 2015) de quienes creían que se gobernaba para la mayoría del pueblo, en su peor momento esto descendió al 35% (2016), que seguía siendo mucho más alto que el promedio regional de 21%. El gobierno de Moreno, por su parte, registra un estrepitoso descenso, en la medición de este año apenas el 17% piensa que el gobierno favorece el interés común.
Algún ilustrado liberaloide podrá argumentar que eso se debe a la “vocación autoritaria” de nuestra cultura política que hace que adoremos a los caudillos despóticos. Pero no, siguiendo una tendencia regional, el asenso de los “caudillos autoritarios” vino de la mano de un crecimiento en la aprobación de la democracia. En Ecuador, entre 2001 y 2006 se registra un promedio de aprobación de la democracia del 46%, entre 2007 y 2017 ese promedio se incrementó hasta un 62%. En 2018 descendió a 50%, casi veinte puntos menos respecto a 2017. Este menoscabo en la aprobación de la democracia es una tendencia regional muy clara en los últimos años, en buena medida se explica por la tarea asumida por los gobiernos de derecha que busca destruir los avances institucionales de los gobiernos progresistas, esto ha creado un ambiente político muy favorable a fenómenos políticos de carácter neofascista como el de Bolsonaro. En un debate serio, a la luz de estos datos, es muy difícil seguir insistiendo en la cantaleta de que los culpables del ascenso de las ultraderechas en la región son los progresismos.
Por otra parte, los indicadores sobre confianza en las instituciones despiertan una duda más que razonable sobre la “destrucción institucional del correato”. Durante el gobierno de Correa, todos los indicadores de confianza institucional crecieron. Vamos directamente a la “papa caliente”, el Poder Judicial, en 2007 se registraba una confianza del 10% de encuestados, en 2013 –luego de la tenebrosa “metida de mano”- la confianza había subido al 40%, cifra que se mantuvo hasta 2015. En 2018, con Trujillo y los “súper-notables” encargados de la “descorreización”, estamos en un lamentable 23%. En cuanto al Parlamento, cuando llega el gobierno de Correa la confianza en esta institución era de 6%, hacia 2011 llegó al 56%. Siguiendo la tendencia general hacia 2016 se evidencia un descenso importante, 34%, pero con el actual gobierno se aproxima a los bajos niveles históricos que la institución parlamentaria ha tenido en el Ecuador: 25%, muy cerca del promedio regional, del cual nos mantuvimos bastante lejos en los años de la “década saqueada”.
En una perspectiva liberal excesivamente convencional, el argumento favorito para hablar de desinstitucionalización ha sido el de la concentración de poder y el abuso de Correa que manejó a su antojo los otros poderes del Estado. Basta leer el informe del actual Consejo de Participación y Control Social que sirvió para destituir ilegalmente al Consejo de la Judicatura para ver las enormes dificultades que han tenido en probar eso. Es sumamente difícil extraer de ese informe, que se parece más a un ejercicio de ficción poco creativa, datos objetivos consistentes que permitan establecer cuál fue la influencia del gobierno en el poder judicial. Dato no menor si se tiene en cuenta que es un Consejo conformado en su totalidad por enemigos del correísmo, con equipos asesores plagados de enemigos del correísmo y con el apoyo de poderosos enemigos del correísmo.
El “cuarto lugar” del gobierno ocurre en un entorno de real deterioro institucional como sugieren el descenso en la aprobación del gobierno, la democracia y la confianza institucional. El retroceso democrático también es visible en la escandalosa caída del porcentaje de ecuatorianos que creen que el gobierno trabaja para las mayorías, ironías de la política, eso ocurre con un gobierno que tiene por slogan “el gobierno de todos”. Es necesario evitar poner las cosas en un maniqueo esquema de “blanco y negro”, es evidente que en ciertos aspectos el declive inició con el correísmo y eso requiere explicaciones detenidas. Pero en un balance general, no se puede dejar de ver que en el peor momento, en el contexto de crisis económica y escándalos de corrupción, el correísmo mostró cifras superiores al período político anterior y –mucho más importante- más altos o iguales a los números del cuarto gobierno con mayor aprobación en 2018. Todavía más importante, así como la economía en recuperación, hacia 2017 buena parte de la tendencia de deterioro verificada en 2016 se había detenido o había sido revertida. En definitiva, se requiere un gobierno dueño de una ineptitud proverbial para alcanzar un desempeño tan pobre habiendo tenido la “mesa servida” en lo económico y en lo político. No cabe duda de que estamos frente a uno de los peores gobiernos de la última etapa democrática, sin embargo, el “estado de propaganda” se mantiene empecinado en decir que ese fue el gobierno anterior.