La guerra judicial en América Latina: el caso Lula

Miguel Ruiz|

Lawfare le llaman. No por capricho se le conoce más por su denominación en inglés, pues el neologismo surgió en el ámbito de las discusiones anglosajonas sobre la utilización del derecho como herramienta de guerra (Law=ley; warfare=guerra) ¿Y contra quién es esa guerra?, ¿cuáles son sus armas?, ¿cuáles sus estrategias? Los tres reportajes especiales recientemente publicados por The Intercept Brasil sobre la conspiración de los poderes de facto de ese país contra el actualmente preso expresidente Lula da Silva son un buen ejemplo que nos permite comprender la importancia que ha ido ganando este tipo de ofensiva política en América Latina, la cual podría ser definida brevemente como el uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política, el uso de la ley como un arma para destruir al adversario político por la vía judicial, según se lee en un análisis del CELAG.

Lo central de lo reportado por el equipo de periodistas encabezados por el prestigioso Glenn Greenwald, aquel que dio a conocer al mundo las revelaciones de Edward Snowden sobre la vigilancia a escala global por parte de las agencias de los Estados Unidos, es que Sergio Moro, actual ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro y quien fuera el juez del caso que llevó a Lula a la prisión, intercambió ilegalmente mensajes de texto con el fiscal de la operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, con la finlalidad de facilitar su condena, sugiriéndole fuentes y coordinando indirectamente las operaciones de la fiscalía, en un proceso que posteriormente le tocaría juzgar. Esto demostraría la completa ausencia de imparcialidad del entonces juez Moro en dicho proceso.

Las comunicaciones privadas de esos dos personajes revelan que la Fiscalía ocultó deliberadamente sus dudas sobre las supuestas pruebas que inculparían a Lula como el responsable máximo de los desfalcos a Petrobras. Ante la incertidumbre del Fiscal para seguir por ese sinuoso camino basado en puras supusiciones, el juez Moro lo alentó a seguir adelante con la farsa. A menos de un año de ese ilegal intercambio de mensajes, Moro teminó acusando al expresidente Lula de corrupción y lavado de dinero, sentenciándolo a doce años de cárcel, de los cuales ya lleva más de uno. La pregunta obvia es: ¿por qué se procedió de esa manera?

Tal vez la mejor respuesta sea la casi segura victoria de Lula en las elecciones presidenciales de 2018, a las que por obvias razones no se pudo presentar. El terror que inspiraba Lula a los grupos de poder de los cuáles forman parte el fiscal como el juez de Lava Jato también quedaría probado por otras revelaciones del Intercept que muestran cómo aún en prisión, Lula era considerado una amenaza, por el apoyo que brindó a Fernando Haddad, quien lo sustituiría en la carrera presidencial y que también tenía amplias posibilidades de ser electo. De acuerdo a la información recibida por sus fuentes, los procuradores/perseguidores de Lula intercambiaron mensajes durante meses que dejan completamente claro que su principal preocupación, antes que la justicia, era impedir el retorno del PT al gobierno, a tal punto que se empeñaron en impedir que Lula pudiera brindar entrevistas desde la cárcel que habrían ayudado a la candidatura del PT.

Lo más grave es que esta estrategia de uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política no ha sido utilizada exclusivamente contra Lula en Brasil. Por el contrario, es un arma que se ha ido generalizando en nuestra región, principalmente contra las y los líderes políticos que, como Cristina Férnandez o Rafael Correa, por sólo mencionar los dos casos más conocidos, encabezaron procesos que tocaron de una u otra manera los intereses de algunos de los sectores más poderosos de sus países; pero no sólo a ellos, el lawfare también se ha extendido a la persecución de sus colaboradores y coidearios, a quienes tambien se comienza a inculpar por supuestos delitos que, en la mayoría de los casos, no se pueden probar. Para ello, la guerra judicial cuenta con la colaboración de no pocos medios de comunicación hegemónicos, quienes van creando una imagen pública distorsionada sobre la calidad moral de los acusados, sin importarles en absoluto la veracidad de las acusaciones.

En síntesis, el lawfare puede ser considerado como una auténtica guerra que atenta no solo contra los individuos injustamente perseguidos, sino contra el derecho de los pueblos a luchar por vías políticas y legales por determinados proyectos de país. La guerra judicial no va a parar, pero las revelaciones del Intercept han puesto al descubierto sus mecanismos de operación. Es nuestra obligación como ciudadanos estar prevenidos contra la andanada de las noticias falsas que vienen asociadas a esta estrategia; a más de estar preparados para resistir jurídica, política y comunicacionalmente contra los abusos del poder.