¿Por qué hay paro general hoy 14 de junio en Brasil? *

Marina Sampaio|

El análisis crítico de la legislación laboral brasileña hasta 2016 demuestra que junto a las conquistas de la clase obrera, hubo la incorporación de flexibilizaciones que precarizaron derechos, en atención a reivindicaciones de la clase patronal. Esas flexibilizaciones, sin embargo, no han cambiado la base fundamental del Derecho Laboral, que se assenta, entre otros, en el Principio de la Protección, que reconoce la asimetría de fuerzas entre capital y trabajo.

Sin embargo, a partir de 2016, la ampliación de las posibilidades de tercerización (Ley nº 13.429 / 2017) y la Reforma Laboral (o Contrarreforma Laboral) (Ley nº 13.467 / 2017), combinadas con la determinación de un bajo techo de gastos públicos (Enmienda Constitucional nº 95, de 2016), disminuyeron del poder estatal para la implementación e inversión en educación y salud y para la regulación de las relaciones laborales.

Hubo una deconstrucción de los principios del trabajo al no ponderar las asimetrías entre empleador y empleado, permitiendo la negociación contractual individual de derechos, hasta entonces considerados indisponibles, por un lado, y, por otro, al dificultar el acceso de los trabajadores a la Justicia Laboral. La Contrarreforma Laboral significó para el país su inclusión en la “lista sucia” de la Organización Internacional del Trabajo, que incluye 24 (veinticuatro) países sospechosos de violación de convenciones internacionales del trabajo[1].

A partir de 2019, aumenta la subposición del trabajo a los dictámenes económicos. Las políticas de generación de empleos e ingreso, salud y seguridad del trabajador, inmigración, salario, inspección del trabajo, etc., deja de ser definida por el intento de superación del conflicto entre capital y trabajo y pasa a ser pautada por la maximización del capital en detrimento del trabajo. La economía basada en el libre mercado y en la igualdad formal entre individuos pasa a ser central para el Estado brasileño, que ignora las desigualdades materiales intrínsecas a las relaciones laborales.

Una de las primeras decisiones del gobierno de Bolsonaro fue la extinción del Ministerio de Trabajo, creado en 1930, y su incorporación al Ministerio de Economía, que implicó, entre otras cosas, en una reducción de la autonomía administrativa para la formulación de políticas públicas, disminuyendo las posibilidades de actuación de los funcionários, lo que significó el debilitamiento de las políticas relacionadas al trabajo y su regulación. La opción por la subordinación del Trabajo al referido Ministerio refleja la visión gubernamental de subordinación del trabajo a la economía y converge con el sesgo liberal del Ministro.

Otra modificación sustancial en los derechos laborales fue anunciada por el gobierno federal en la apertura de la 31ª edición del Foro Nacional del Instituto Nacional de Altos Estudios (Inae), el 9/05/2019, y se refiere a la revisión y reducción en un 90% de las Normas Reguladoras del antiguo Ministerio de Trabajo en materia de salud y seguridad laboral. Las principales justificaciones fueron la necesidad de reducir los costos de producción y, consecuentemente, aumentar la competitividad de las empresas, y ofrecer seguridad jurídica a los empresarios, que estarían sujetos a controles arbitrarios. 

El hecho de que las justificaciones privilegien la actividad empresarial sin siquiera mencionar la necesidad de incremento de las normas y mecanismos de protección a la salud y seguridad del trabajo, indican que las nuevas Normas tienden a aumentar la inseguridad y la enfermedad de los trabajadores en un país que ya presenta um alarmante índice de mortalidad y enfermedad sistemática de la clase obrera. Los datos del Observatorio Digital de Salud y Seguridad del Trabajo del Ministerio Público del Trabajo (MPT) demuestran que ocurrieron 4,5 millones de accidentes del trabajo notificados en Brasil en el período entre 2012 y 2018, con más de 16 mil muertes y 38.183 amputaciones. Esto significa un accidente cada 49 segundos y una muerte por accidente de trabajo cada tres horas y 43 minutos. En consecuencia, se gastaron 79 mil millones de reales por la Previsión Social en la cobertura de beneficios accidentales y perdidos en 350 mil días de trabajo[2].

Otra decisión contraria a la clase trabajadora está en marcha, y ya fue aprobada en la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados por 48 votos contra 18, tras la promesa de pago de R$ 40 millones en enmiendas parlamentarias hasta 2022 a cada diputado que votara a favor de la reforma en el plenario de la Cámara[3]. Se trata de la llamada Reforma de la Seguridad Social que en realidad, consiste en el fin del sistema público de jubilación, basado en el principio de la solidaridad intergeneracional en que trabajador, empleador y Estado contribuyen a un fondo común, y la introducción del sistema individual de capitalización para el cual sólo el trabajador contribuye a un fondo privado.

La confrontación de la propuesta con los datos del mercado de trabajo brasileño demuestra que el régimen de capitalización deberá implicar un enorme contingente poblacional desprovisto de subsistencia en la vejez, dado el alarmante índice de desempleo, desaliento y subocupación, que totaliza más de 40 millones de personas, según datos del IBGE, y que inviabiliza el ahorro individual. Los trabajadores que logren adherir a la capitalización tendrán que pagar altas tasas administrativas a los bancos en que eligen aplicar su dinero, sin ninguna garantía de retorno en caso de quiebre. Además, el proyecto obstaculiza y disminuye los valores percibidos por concepto de beneficios, como el Beneficio de la Prestación Continuada y el Abono Salarial.

Así, si se aprueba la propuesta de “reforma”, el resultado será 1) el descenso de la renta y del nivel y calidad de vida de la población, profundización de las desigualdades sociales, geográficas, de género y de raza, empobrecimiento y aumento de la violencia; 2) aumento del déficit del Estado, dada la ausencia de recaudación concomitante al pago de jubilaciones durante el período de transición y 3) la concentración exacerbada de riqueza en las instituciones financieras.

En lo que se refiere a las justificaciones específicas de aceleración de la economía por medio de la referida “Reforma”, ellas no tienen respaldo en la realidad fáctica. Así como la aceleración no se verificó en la implementación del Techo de Gastos Públicos y de la Contrarreforma Laboral, no hay ninguna indicación de que la medida signifique ganancia para el gobierno, dado el alto costo de transición entre los regímenes demostrado por un estudio de la Organización Internacional del Trabajo[4].

El estudio indica que, de los 30 (treinta) países que privatizaron total o parcialmente sus sistemas de seguridad social obligatorios entre 1981 y 2014, 18 (dieciocho) ya volvieron atrás, revirtiendo total y parcialmente la medida. Según el documento, “… con vistas a la reversión de la privatización de mayoría de los países y la acumulación de evidencias sobre los impactos sociales y económicos negativos de la privatización, se puede afirmar que el experimento de la privatización fracasó”.

Las alteraciones políticas y legislativas de los gobiernos Temer y Bolsonaro se implementan en un contexto mundial de ascensión de una razón basada en la responsabilidad individual por los éxitos y fracasos y que justifica la deconstrucción del estado de bienestar social. La comprensión de la sociedad como un conjunto de unidades-empresas combinada con la no consideración de la existencia de estructuras sociales, culturales y económicas que imponen determinaciones a los sujetos contribuye a la capitalización de las relaciones y al desmonte de políticas públicas fundadas en principios de solidaridad.

Se enmascara, por lo tanto, la cuestión fundamental en la relación entre capital y trabajo en sociedades capitalistas, que es el hecho de que a diferencia de la esfera del mercado, no hay, en la dimensión de la producción, una presuposición de igualdad y libertad jurídicas. Por el contrario, el modo de producción capitalista presupone una división normalizada entre los propietarios de los medios de producción y los poseedores de fuerza de trabajo, que trae intrínseca a ella la desigualdad entre los individuos, materializada por medio de la explotación de la plusvalía y de la división del trabajo.

La desregulación del Derecho Laboral y el debilitamiento de las políticas públicas relativas al trabajo contribuyen a la ampliación de esa explotación del trabajo. De ahí resultan mayores índices de muertes y adicciones en el trabajo, el aumento de los fraudes en las relaciones y derechos laborales, del trabajo infantil, de las prácticas de acoso, discriminación y de la sumisión de personas a condiciones análogas a de esclavos. Los reflejos sociales son el empobrecimiento de la población, la segregación, la jerarquización y la reducción del desarrollo social.

La sociedad en que vivimos y la en que queremos seguir viviendo está en constante disputa y es el resultado de una correlación de fuerzas sociales. La presión de la clase trabajadora, de los movimientos sociales, de la juventud y de todos aquellos que desean convivir en un mundo con niveles mínimos de dignidad, civilidad y justicia social, es fundamental para el desarrollo social en conjunto con lo económico. Por medio de esa presión que se conquistaron derechos como la jornada de 8 horas diarias y 44 semanales, descanso semanal remunerado de 24 horas, 13º salario, vacaciones, salario mínimo, etc., al tiempo que se mantuvo el desarrollo de la economía a lo largo de la historia.

Por eso, es fundamental la adhesión y el apoyo al Paro General de hoy 14 de junio, para mostrar a los gobernantes que el país no acepta el proyecto político de sociedad que profundiza una brutal expoliación de la vida, de la salud y de la dignidad de muchos para la concentración de la riqueza de unos pocos. ¡Hacia el gran paro general hoy!

*Artículo originalmente publicado en: www.justificando.com/2019/06/13/porque-tem-greve-geral-dia-14-de-junho/


[1] https://www.brasildefato.com.br/2019/06/11/reforma-trabalhista-poe-brasil-na-lista-suja-da-oit/

[2] Manifiesto Normas que Salvan Vidas – en defensa de las NR de salud y seguridad en el trabajo, lanzado por el Instituto Trabajo Digno el 02/06/2019, con la adhesión de decenas de entidades: https://trabalhodigno.org/2019/06/02/normas-que-salvam-vidas-em-defesa-das-nr-de-saude-e-seguranca-no-trabalho/.

[3] https://www.pragmatismopolitico.com.br/2019/04/reforma-da-previdencia-votos-deputados-ccj.html,

https://jornalggn.com.br/previdencia-social/extra-de-r-40-milhoes-em-emendas-teria-garantido-ccj-aprovar-reforma-da-previdencia/ https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/04/governo-dara-r-40-mi-em-emendas-a-cada-deputado-que-votar-pela-reforma.shtml, https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/04/24/troca-de-r-40-mi-por-previdencia-gera-empurra-empurra-na-camara.htm

[4] Organización Internacional del Trabajo Reversión de la Privatización de la Seguridad Social: Cuestiones centrales. Protección Social para Todos – Resumen de la Materia. 2018. Obtenido en https://docplayer.com.br/122565541-Reversao-da-privatizacao-de-previdencia-questoes-chaves.html