¡La participación es un derecho!

Milton Cervantes|

“El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación…”, Art. 204 CRE

La participación ciudadana es un derecho y no el regalo de unas autoridades que se pretenden caritativas pero que se sirven de la gente para que avale sus decisiones.

Cuando los de “buen nombre” son desplazados por ciudadanos de a pie que tienen más méritos, tiemblan los poderes fácticos y buscan a un grupo de supuestos “notables” para imponer el orden que les conviene. La verdadera participación es incomoda para el poder fáctico y político.

La Constitución del 2008 reconoce los derechos de participación de la ciudadanía y eso evita la supuesta generosidad de los asambleístas. Este derecho es el resultado de décadas de luchas desde los movimientos sociales, fue una construcción colectiva y producto de la experiencia de una sociedad cansada de que lo político traicione a lo social.  

Pero ni la Constitución y tampoco ninguna política impuesta podrá dar cuenta, entregar respuestas, ni ser tan cercana a la gente y sus necesidades de participación, si existe apatía, si no existe involucramiento en esos temas que, más temprano que tarde, los atañen.  

Recordemos –y perdonen lo fuerte de la definición– que los griegos llamaban politikos a los hombres que se interesaban y participaban activamente en todos los problemas de la polis –de la ciudad–, en tanto que a los indiferentes, a quienes permanecían ajenos a los asuntos del bien común, se les llamaba idiotikos (idiotas).

La ciudadanía debe atreverse a participar. Construir los nuevos espacios por los que nuestros hijos caminarán es una responsabilidad de todos y no solo de las autoridades. Los hombres y mujeres del país deben dar su opinión, cuestionar, criticar y discutir cuando el caso lo amerite. La ciudadanía, con base en la legalidad, el respeto y la dignidad, debe tomarse los espacios de deliberación, que no sean solo quienes aparecen en los medios de comunicación quienes impongan temas, agendas y problemáticas a discutir. Que seamos nosotros –ciudadanos que vamos en bus, que caminamos por nuestras calles y que vemos de cerca la realidad de nuestro acontecer– quienes impongamos esa agenda para que sea discutida en todos los ámbitos: desde la sala de nuestra casa, pasando por los Gobiernos Autónomos Descentralizados  (GAD), hasta llegar a las esferas en que se toman las decisiones nacionales.

Es en el colegio, la universidad, el trabajo, el gremio o el sindicato, el consejo barrial, el partido político, la sala comunal, el espacio preciso para terminar con la comodidad de la apatía. Esos deben convertirse en centros de deliberación, de debate, de ese lugar deben salir los nuevos líderes y lideresas que tomen un día las riendas de la Patria –de donde ya han salido muchos hombres y mujeres valiosas- y la lleven hacia un mañana mejor para las futuras generaciones; dejemos esa cómoda posición de la crítica, no esperemos que otro haga las cosas por nosotros. Es hora de actuar.

Siempre existirán razones más poderosas para abstenerse que para ser parte del cambio. Por ello, es fundamental desarrollar capacidades para participar, entendiendo el sentido de la participación: ser parte de y compartir.

EL CPCCS EN ESTE CONTEXTO

Pese a los modelos occidentales del ejercicio democrático, desde aquellos en los que los ciudadanos tenemos menos responsabilidades hasta en los que tenemos más responsabilidades, nuestra propuesta, nuestro ideal es llegar a vivir una democracia participativa.

Para eso se creó el CPCCS,  para dejar de lado como única herramienta la democracia representativa, en la que la ciudadanía delega su derecho a decidir a organizaciones políticas elegidas periódicamente mediante el voto en elecciones. Los grupos de poder que pugnan permanentemente, están ocupados apenas de eso. Nosotros no podemos tener la mira tan corta. Debemos hacer uso de la Constitución para avanzar en la construcción de la democracia, de más democracia. Que no existan ciudadanos cuyo derecho a ser elegidos se vean constreñidos: al final es el pueblo en democracia quien decide si esos ciudadanos deben continuar o no.

La democracia directa permite que la ciudadanía participe en la toma de decisiones. En la práctica, esto  se aplica en forma de aprobación de algunas leyes en referéndum. Para ello, en nuestra Constitución y en el Código de la Democracia, están claramente estipulados los artículos que viabilizan esa posibilidad.

Es nuestra meta llegar a la democracia participativa, en la que la ciudadanía juega un papel activo y tiene un margen de influencia en la toma de decisiones políticas. El hecho de invitar a los vecinos a participar en el diseño de los espacios públicos de un barrio o de permitirles decidir en qué quieren gastar una parte del presupuesto de la ciudad, obligar a que las autoridades rindan cuentas, los cabildos populares, ser los mandantes realmente fiscalizadores de los servicios públicos a través de veedurías, observatorios o comités de usuarios son ejemplos de democracia participativa.

Por eso es necesario que los diálogos y la deliberación pública no tengan una fecha de vencimiento. Nada hay más enriquecedor en el mundo de la política que la deliberación, el debate constante, la lucha de ideas. No se trata, por tanto, de dialogar hasta septiembre o diciembre: la participación activa requiere del diálogo cotidiano.

Todo lo descrito anteriormente no está en el debate público para entender lo que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El único tema en disputa es quién nombra las autoridades de justicia y de control. Con una voracidad pocas veces vista, los poderes fácticos quieren recuperar esa facultad en detrimento de los derechos ciudadanos.

Mientras en los foros internacionales de lucha contra la corrupción se debate la manera de separar al poder político y sus acuerdos con los poderes fácticos en la designación de autoridades de control y de justicia, en Ecuador ocurre lo contrario se debate la “manera adecuada” de ser regresivos en derechos.

La designación de autoridades establece un proceso donde los ciudadanos son los protagonistas:

  1. Inicia con la conformación de una veeduría ciudadana que vigila todo el concurso.
  2. A través de un concurso de méritos, se designa una Comisión Ciudanada de Selección que lleva adelante el concurso y cuyos miembros deben tener los mismos méritos que la autoridad que van a elegir.
  3. Se abre un proceso de postulación para quienes tengan los méritos y capacidades para ser la máxima autoridad de la institución.
  4. Calificación de méritos donde se evalúa con reglas claras y de manera objetiva la formación, la experiencia y la producción académica.
  5. Académicos de las principales universidades del país con especialidad en al área del concurso elaboran un banco de preguntas para que los postulantes rindan un examen de oposición.
  6. Se abre un espacio de impugnación ciudadana para evaluar la probidad de quienes participan en el concurso.

Después de todo este proceso donde la información es pública se designa al ganador del concurso de méritos y oposición. Es importante recalcar que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen la libertad de postular tanto para ser miembros de la Comisión Ciudadana o para ser elegidas como autoridades, sin necesitar de “padrinos” entre los poderes fácticos o los partidos políticos.

Este proceso que determina la Constitución en el artículo 209 ha sido violentado en la designación de autoridades por parte del CPCCS Transitorio. En ningún caso ha existido la Comisión Ciudadana de Selección y en algunos concursos ni siquiera la fase de oposición se ha realizado o ha sido totalmente subjetiva, por ejemplo, cuando los miembros del Pleno del CPCCS-T son quienes califican en “audiencia oral” el treinta por ciento de la puntuación de los concursos.

Si los concursos anteriores realizados por el Consejo desde su conformación en el 2010 fueron bien o mal hechos debe ser otro debate. Sin embargo, los errores que se cometieron no deben ser justificativo para retirar un derecho ciudadano: deben servir como aprendizaje para fortalecer el derecho a la designación de autoridades y, como consecuencia de procesos transparentes, tengamos a los mejores ecuatorianos y ecuatorianas disputando con sus méritos construidos en una carrera profesional ser las máximas autoridades de control y de justicia.

El mismo Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción –MESICIC- y las Naciones Unidas ha reconocido como avances fundamentales en el Ecuador para construir un Estado transparente con autoridades que tienen los méritos y las capacidades para ocupar esos cargos. Todo lo anterior se quiere eliminar para dar paso a la buena voluntad de “generosos” asambleístas y supuestos “notables”. Ecuador está en pleno retroceso.