Arturo Belano
Rafael Correa dejó el poder hace un año. Su presencia sigue siendo el leit motiv de la oposición regular a su gobierno, de todas las élites económicas y del propio gobierno a quien ayudó a ascender al poder. Infinidad de falacias, mitos, mentiras y canallescas acciones se inician a diario desde todos los sectores para atacarlo. Desde cosas que podrían generar un debate serio, como discutir sobre el tipo de República, Estado y modelo económico que creemos que es mejor para el país a partir de los avances de sus 10 años de gobierno; hasta asuntos de tercera importancia como la permanencia o no de un sistema de seguridad que le brinde protección.
En particular, El Universo publicó una nota de prensa el día domingo 27 de mayo titulada “La vida de los expresidentes de Ecuador después del poder” en la que compara la vida después de la presidencia de todos los presidentes desde Oswaldo Hurtado hasta Rafael Correa. En esta nota, el diario induce, a través de las afirmaciones de sus entrevistados, a creer que ninguno necesitó seguridad después de dejar el poder, aunque en los casos de Fabián Alarcón y Alfredo Palacio, ambos reconocen haber recibido por algunos meses, seguridad del Estado para sus acciones, y, en el caso de Abdalá Bucaram, reconoce que por su (ilegítima) condición de asilado político en Panamá, también recibió tratamiento similar. Y, lo que es peor, sugerir que nunca ningún ex presidente debería recibir protección cuando sea requerido.
En todos los países del mundo, los ex presidentes reciben determinados tratamientos especiales, debido al trabajo realizado por ellos durante su mandato. En el caso del Ecuador se les reconoce, a ellos y a los vicepresidentes, una renta vitalicia que les permita vivir en condiciones holgadas hasta el final de sus días. En otros casos, como el chileno o el español, los ex presidentes, además tienen personal de seguridad o civil o ambos a su disposición. En otros, como el paraguayo o uruguayo, los ex presidentes son reconocidos como senadores vitalicios. Nadie cuestiona que es lo mínimo que se debe hacer por un ex presidente porque se entiende que su esfuerzo y sacrificio, al ser la más alta autoridad, debe ser reconocida por la sociedad. En la nota de El Universo nada se dice de esto. Todos los ex presidentes allí entrevistados reciben puntualmente su pensión vitalicia, independiente de que hayan sido destituidos u obligados a renunciar por los escándalos de corrupción o el mal manejo de la cosa pública.
En la nota del diario, tampoco se hace ninguna referencia a lo que realmente importa en este caso. Lo que determina la asignación de seguridad para un ex presidente, es la posibilidad cierta y real de que sufra un atentado que lo lastime o acabe con su vida. Cualquier Estado debe poder garantizar que un ex primer mandatario pueda tener una vida más o menos tranquila y sin la posibilidad de que sufra un ataque. Debería ser de Perogrullo mi afirmación, pero en el Ecuador de 2018, tal parece que no es así. Basta fijarse con la infinidad de comentarios de anónimos, de perfiles falsos, de “activistas” políticos, de políticos a toda regla que exigen se le retire la seguridad a Correa para “que el pueblo le dé lo que merece”. Basta fijarse con los incidentes de Quinindé sobre los cuales no existe ni una sola detención ni acción judicial para notar que cuando se refieren al “pueblo” se refieren a bandas delincuenciales dispuestas al uso de la violencia ilegítima, y no al común de la ciudadanía que estaría abiertamente en contra de que se asesinen a políticos por el hecho de serlo.
Esto debería estar bien claro. Esto NO está bien. No es correcto que un Estado facilite las condiciones para que un ex presidente sufra un atentado. Debería ser una locura siquiera pensar que una sociedad espere que sus ex presidentes sean atacados o lastimados o incluso asesinados, para satisfacer las frustraciones de personas que no deberían considerarse sujetos sociales. El fin primario de la existencia del Estado es precisamente mediar en los conflictos entre privados para que no se use la violencia como respuesta primaria ante las diferencias. Ni el gobierno ni ningún actor político deberían defender una postura similar. El gobierno en funciones, algún día terminará su mandato y, dependiendo de sus decisiones, podría verse en circunstancias parecidas, y esperaría, lo mínimo, que se lo proteja, tal como se protege a todos los ex presidentes en cualquier país del mundo con un mínimo de sentido común. No hay que olvidar que el ex presidente Correa firmó en 2013 un Decreto con el que concedió protección para el entonces ex vicepresidente Moreno durante seis meses hasta que se trasladó a Ginebra, en donde también tuvo acceso al mismo servicio de protección.
En el caso de Correa es más que evidente que durante sus 10 años de gobierno tomó decisiones pensando en el interés superior de la sociedad, sin pensar en la protección de los intereses particulares de las élites políticas, económicas, mediáticas y sociales cuando éstos estaban en plena contradicción con la perspectiva de una sociedad igualitaria, inclusiva y al servicio de las grandes mayorías. Lo que quieren disfrazar ahora de justicia no es más que vendetta contra el único presidente que gobernó dispuesto a dar el todo por el todo en contra de los intereses de las élites y gracias a lo cual, alcanzó los resultados de disminución de la pobreza, aumento de la escolaridad y acceso a educación superior de calidad, mejoramiento de la infraestructura productiva y un largo etcétera de resultados reconocidos a nivel mundial.
Nada de esto se puede decir de los ex presidentes que son mencionados por El Universo. Hurtado nos dejó un legado económico nefasto a todos los ecuatorianos, pero dejó altamente satisfechas a las élites que se vieron beneficiadas por la sucretización, Rodrigo Borja trascendió por 4 años en los que no pasó absolutamente nada, Bucaram huyó y fue protegido en Panamá, Arteaga fue Presidente por un día, así que no debería ni contar, Fabián Alarcón facilitó las condiciones para una Constitución a medida de las élites más nefastas, Lucio Gutiérrez casi fue asesinado por turbas enardecidas y todos recordamos cómo fue su huida y de Alfredo Palacio no queda mucho que decir, excepto que refundó la nada.
No se trata de gasto público, se trata de que las instituciones cumplan su trabajo y protejan a las más altas autoridades del Estado cuando sea requerido. Si existiese información que sugiera que alguno de los entrevistados en la nota de El Universo requieren protección, sería una locura oponerse a ello, aun cuando nos puedan causar indignación, tanto por lo que hicieron (o no) cuando presidentes, tanto por su postura política. Son ex presidentes y eso debería ser suficiente para que la sociedad en su conjunto les permita tener una vida adecuada después de haber gobernado.