Por Andrea Ávila
Durante cinco años trabajé en una de las cámaras empresariales de Quito. Viví en esas oficinas, la llegada de la dolarización. No fue un momento de regocijo para nadie. La historia es conocida por todos los ecuatorianos: los bancos quebraron, los dineros se congelaron, millones tuvieron que emigrar, y otros tantos perdieron sus ahorros de toda la vida. La grave crisis económica fue provocada por la caída de diecisiete bancos, a consecuencia, principalmente, de los créditos vinculados permitidos por la Ley de Instituciones Financieras aprobadas durante el gobierno de Durán Ballén y Dahik.
La derecha, los grupos conservadores, los empresarios tienen una incapacidad total para analizar el pasado y aceptar las consecuencias en el presente. Asumir que una Ley, que les pareció pertinente en su momento, fue la causante de la mayor crisis económica del Ecuador, les resulta imposible. No se hacen cargo de nada. Y tampoco lo entienden. En ese momento, fue más cómodo hablar del gasto en la guerra, del fenómeno de El Niño, de la crisis asiática. Todos factores externos que les permitieron justificar y limpiarse de responsabilidades.
Recuerdo bien que en una reunión de varios directorios empresariales, no faltó quienes se escandalizaran por la salida masiva de ecuatorianos rumbo a Europa. “Van a pensar que estamos en guerra”, decían con rabia y vergüenza, preocupados por la imagen internacional del país. “Por qué prefieren endeudarse con chulqueros que quedarse aquí trabajando (para ellos, por supuesto)”, se preguntaban con altas dosis de perplejidad. No entendían que los sueldos que ofrecían no alcanzaban (aún hoy no alcanzan) para vivir. Estos grupos viven no solo la negación sino la absoluta incapacidad intelectual de analizar la realidad. Esa tarea la encargan a dos o tres biempensantes que les dan siempre justificaciones cómodas, que evitan mostrarlos como copartícipes de las crisis, y que les proponen siempre salidas que protejan sus capitales (en ese entonces, mermados por el congelamiento bancario, disminuidos por la dolarización, y liquidados por las inversiones que nunca pudieron recuperar). Bajo ningún motivo piensan en construir un Estado de bienestar. Lo único que les interesa es mantener el estado de cosas: que los pobres sigan recibiendo caridad, bajos sueldos y malos servicios públicos, y que ellos mantengan su estatus de vida.
Para los conservadores, como bien lo explica Lakoff, es importante sostener lo que sus marcos discursivos les muestran como realidad: los pobres son pobres porque carecen de la disciplina necesaria para prosperar. Por eso, merecen ser pobres y servir a los ricos, que sí son disciplinados, eficientes e inteligentes. Por tanto, si alguien quiere ser rico tiene que pensar como ellos y actuar como ellos. Son el modelo a seguir. Y ahí actúa con altísima eficiencia el sistema mediático que día a día, minuto a minuto, refuerza la imagen, los discursos y las posturas políticas de la derecha sin que quepa ningún margen de duda.
Esto permite entender el porqué si alguien ajeno a su círculo accede a sus colegios, vestimenta, viajes o barrios les produce no solo incomidad sino franco rechazo. Entonces, necesitan construir mayor exclusividad para que nadie se cole en sus espacios. Nadie que ellos no inviten o den entrada, por supuesto. En general, algún empleado interesante que trabaje para mantener a salvo sus intereses o aumentar sus ingresos. Es bienvenido porque se ha vuelto uno más, no alguien que cuestione el origen y el sostenimiento de su riqueza, sino que los admira. La idea de que el bienestar solo les pertenece a los ricos está afincada en la mentalidad de la población y es el germen del arribismo. Por eso, es tan importante que el progresismo posicione sus tesis, sus marcos discursivos y confronte ideas que están sedimentadas en la mayoría de ciudadanos no solo del Ecuador sino del mundo.
Es tan usual oír a analistas que pasan por críticos repetir tesis neoliberales y antiderechos, o ver que caen, sin darse cuenta, en los lugares comunes del conservadurismo. Así, fue posible que una María Paula Romo se “disfrazara” tan bien, y ahora -a imagen y semejanza de la derecha- no tomemos responsabilidad del engaño, el cual solo fue posible porque no hubo la suficiente fortaleza intelectual para desenmascarar la liviandad de sus afirmaciones, evidentemente producto de un buen entrenamiento mediático. Y las Romo se siguen colando en los espacios del periodismo crítico que aún queda. Resulta no solo inconcebible e irresponsable, sino peligroso poner a dar su opinión a alguien que no es experto en una materia, ni ha realizado investigaciones sólidas o pertinentes sobre un tema. ¿Por qué? Por lo dicho: las opiniones están construidas mayoritariamente sobre la base de discursos conservadores establecidos durante décadas, y que se repiten sin pensar. Ese es el andamiaje que se debe desarmar.
La derecha es experta en camuflar con todo tipo de argucias lingüísticas la verdadera finalidad de sus propuestas: llaman Ley de Apoyo Humanitario a un cuerpo legal que dejó sin trabajo a miles, o Ley de Defensa de la Dolarización a normas que permitirán privatizar el Banco Central. Ellos creen que todo esto es bueno. Están convencidos. Repito: son incapaces de recordar, de aceptar que las leyes neoliberales les han afectado. No les interesa porque, por supuesto, impulsarán nuevas leyes que les permitan recuperar lo perdido y mantener el estado de cosas.
El discurso negacionista se evidencia también en la carta firmada por Patricio Alarcón, prácticamente expresidente de la Cámara de Comercio de Quito (dejará el cargo el próximo 14 de abril), en la que afirma que la Defensoría del Pueblo (no de la comisión integrada por algún miembro de su séquito) distorsiona los hechos. Claro, en su universo mental, en la narrativa montada por «sus» medios de comunicación, la única verdad posible es que había que defenderse de un grupo de golpistas revoltosos. No pueden, como gremio, concebir que lo que creen es mentira. No pueden aceptar las pruebas. Es más cómodo negarlo. Es imposible -para ellos- que el gobierno que ha protegido sus intereses haya realizado ejecuciones extrajudiciales, como concluye el informe. Y es, por eso mismo, porque es un gobierno bueno que los ha cuidado y que ha impedido que esos grupos que no protestan pacíficamente (como ellos en la Shyris cuando subió el precio de la Nutella) gocen de los privilegios que solo a ellos les corresponden. En su carta pública, Alarcón habla de desmanes que debieron ser controlados por la fuerza pública, pero no reflexiona (no puede) sobre los abusos policiales, las detenciones ilegales, los ojos perdidos.
Los conservadores viven en una burbuja alimentada por sus marcos discursivos. Es urgente que el progresismo las analice y deconstruya, que investigue, que posicione sus tesis y valores como tendientes al bienestar colectivo, que erradique miedos, que construya sus propios marcos, que muestre en sus posturas puntos de conexión con la mayoría. Y, en esa medida, para comenzar a decantarse de la derecha estaría bien no reproducir afirmaciones elitistas, y también aceptar los errores políticos, porque sino vamos a terminar jugando a quién es más ciego.