Las mentiras de César Ricaurte no pasaron

Editorial|

El director de Fundamedios funge de autoridad moral en materia de libertad de expresión y miente descaradamente, ofende a sus seguidores y a la justicia. Claro, cuenta con la solidaridad y protección del aparato mediático conservador y mercantil del Ecuador para “aceitar” sus responsabilidades penales, que no son de ahora.

Para empezar, no tiene ninguna autoridad moral. Con el auspicio de algunas ONG estadounidenses, bancos locales, emporios empresariales y “donaciones” oscuras construyó una entidad que nació para ser un observatorio de medios y no la “agencia agenciosa” de poderes supranacionales.

César Ricaurte es el agente de un aparato político y mediático bien identificado para constituir una matriz sobre la verdad, para aniquilar los derechos de comunicación de los ciudadanos en nombre de la libertad de expresión y, como si fuese poco, es hoy por hoy un mentiroso que desdice de su condición de periodista, al que ningún medio de comunicación ha contratado desde el siglo pasado por su precaria condición profesional. Y, los dueños de los medios donde trabajó, callan porque temen ser señalados por Fundamedios en cualquier momento y porque cuenta con la venia de una embajada a la que asiste como uno de sus “hijos predilectos”.

En su falaz modo de expresarse, tartamudeando, sin saber cómo justificar a su familia el delito cometido, perdiendo la mirada fija (nunca mira de frente), con el sabor a hipocresía pueril, anudando la corbata, nunca supo explicar un comportamiento que “en tragos” muchos vimos cuál era su verdadero carácter. La gran excusa de él y Carlos Andrés Vera, Carla Maldonado, Bonil y sus caricaturas de intolerancia absurda, Tania Tinoco y sus solidaridades cursis y quienes le acolitan en sus mentiras, es que ejerció su libertad de expresión: la misma que usaron ellos y otros para mentir, injuriar, botar medias verdades, forjar pruebas y evidencias, hacer del periódico y el micrófono una tarima de falsedades.

Han sido recurrentes sus mentiras para figurar, financiar sus viajes personales y constituirse en un “cabildeador” de la libertad de expresión, en su naturaleza más reaccionaria y conservadora. Desde los orígenes de Fundamedios ya tuvo rechazo de sus fundadores cuando usaba el dinero a su antojo, viajaba a reuniones nunca acordadas en el directorio y, sobre todo, para “fondearse” sin rendir cuentas a nadie, como si su ONG fuese su empresa privada.

Ahora quiere lucirse como víctima de una sentencia por una agresión grabada y verificada por los jueces y una justicia a la que Ricaurte (y los Vera, la subdirectora de El Telégrafo, Tania Tinoco y otros más) tachan de correísta. Si se persigue, enjuicia y encarcela a los correístas ahí sí la justicia existe y tiene valor.

Ricaurte mintió en el juicio, en sus comunicados de prensa (amplificados al máximo por los medios públicos y privados) y en su comparecencia en los foros. Dijo que él había sido “pechado” por Jorge Jurado. Mentira. Que fue él el ofendido por los hipotéticos epítetos de quien lo demandó penalmente. Mentira. Que se defendió del ataque. Mentira. Y que, para finalizar, ejerció su derecho a la libertad de expresión al gritarle a Jurado “correísta blanqueado”. Mentira monumental porque sabe perfectamente que eso, además, constituye un delito de odio.

Quienes asistimos a las audiencias en solidaridad con Jorge Jurado, como integrantes de Ruta Krítica, oímos del abogado de Ricaurte las peores falacias para justificar un delito, prevalido de que ahora ellos gobiernan y con los medios imponen sus ‘verdades’ (ahí no hubo medios, ni cámaras, como ocurrió con otros ciudadanos sí perseguidos, a los que se les forjaron pruebas y inexistentes evidencias y a quienes nos les sirvió de nada los informes de los peritos). Bastaba ver la cara de los jueces para entender la triste y pobre defensa jurídica, el descaro convertido en “verdad judicial” y la poca ética del director de Fundamedios para reconocer su delito y pedir disculpas (que era lo único que pedía Jorge Jurado). Pero ya sabemos la sentencia: 15 días de prisión y una multa de 500 dólares. ¡La sacó barata! Un tribunal, frente a las mentiras, debió abrir otro juicio porque ofendió a los jueces y a la verdad jurídica y pública, gracias a la existencia de un video que lo probaba todo.