Qué hace un gobierno democrático cuando recibe la denuncia de que sus funcionarios, policías o militares han cometido algún delito? Lo primero, investigar, y si comprueba que lo denunciado es real, poner a los delincuentes a las órdenes de la justicia.
Pues, el gobierno demócrata de Estados Unidos hizo exactamente lo contrario: protegió a los criminales (que se auto-filmaron en sus fechorías) e inició una despiadada cacería contra la persona que subió a las redes la evidencia del crimen. En suma, el denunciante es perseguido y los delincuentes condecorados. Ese es el caso de Julian Assange y los militares de Estados Unidos.
El presidente demócrata de Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz, Barack Obama comenzó a perseguir a ese hombre valiente desde el momento que apareció en Internet el video asesinato colateral en abril de 2010. Esta cinta muestra a militares estadunidenses masacrando a más de una docena de civiles desarmados en un barrio de Irak, como si se tratara de un juego de video.
Por suerte, hubo un gobierno que también decidió seguir sus principios, enfrentando posibles consecuencias internacionales. El gobierno de Ecuador, liderado por Rafael Correa, concedió asilo a Assange en su embajada en Londres en 2012, después de valorar que lo que se estaba jugando entre los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Suecia era un montaje teatral que tenía como objetivo final llevarlo a Estados Unidos para juzgarlo, con el riesgo de que allá sufriera torturas, tratos degradantes e incluso una sentencia de cadena perpetua o la pena de muerte.
Estados Unidos necesitaba dos alfiles que lo acompañaran en esta cacería humana, y los consiguió: El primero, el gobierno de Suecia, que por conducto de su Fiscalía sostuvo ilegal y descaradamente una solicitud de extradición contra Assange, que permitió al segundo alfil, el gobierno de Reino Unido, mantener el pretexto para no entregar el salvoconducto que le permitiera viajar a Ecuador, país que le había concedido el asilo.
Por otro lado, grandes corporaciones mediáticas y miles de periodistas, que todos los días se ufanan de defender a muerte la libertad de expresión, no sólo han pasado por alto lo esencial de la disputa, que son los crímenes cometidos, sino que han sometido a Assange a un linchamiento mediático de dimensiones mundiales nunca antes visto. En lugar de defenderlo y reconocer su valentía por las denuncias realizadas, lo han tachado de egocéntrico, niño mimado, sucio, narcisista, presuntuoso, vagabundo y traidor.
Los poderosos medios que reprodujeron las acusaciones de funcionarios estadunidenses que declararon a Assange y Wikileaks combatiente enemigo y servicio de inteligencia hostil, no se inmutaron ante las declaraciones de Bob Beckel, asesor político demócrata y analista de la cadena Fox, quien dijo en vivo, no estoy a favor de la pena de muerte, así que habría solo una forma de hacerlo, por fuera de la ley pegarle un tiro al hijo de puta, refiriéndose a Julian Assange.
Hace un año, en un acto de cobardía y servilismo el actual presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, autorizó a la policía británica entrar a la embajada ecuatoriana en Londres para arrestar a Assange y enviarlo a Suecia. Por arte de magia, Suecia decidió desestimar las denuncias y dejar la vía libre para que Reino Unido tramite la extradición a Estados Unidos.
Al entregar a su asilado Julian Assange, algo que ningún gobierno ha hecho en la historia moderna, Moreno violó la Constitución del Ecuador y los más importantes convenios internacionales de derechos humanos, particularmente el principio universal de no devolución.
Además, Julian Assange es ciudadano ecuatoriano reconocido durante el propio gobierno de Moreno, y la Constitución ecuatoriana establece que en ningún caso se concederá la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano (artículo 79). Aún si aceptáramos la peregrina hipótesis de que el gobierno puede suspender los efectos de la naturalización (lo que es abiertamente inconstitucional), el artículo 41 de la misma dice claramente que el Estado ecuatoriano garantizará el principio de no devolución, es decir, que no puede devolverse a un ciudadano asilado al estado que lo está requiriendo, en este caso a Gran Bretaña.
Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho a buscar y disfrutar asilo (artículo 14) y dispone que “a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad …” (artículo 15). Finalmente, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados establece terminantemente la prohibición de expulsión o de devolución (artículo 33).
Es claro que a Assange le cayeron en pandilla y cuatro gobiernos supuestamente democráticos trapearon el piso con las leyes nacionales e internacionales. Por suerte, aún existen ciudadanos del mundo que luchan incansablemente por la libertad, la verdad y la justicia, siguen investigando y encontrando evidencias para denunciar esta persecución y exigen que se haga justicia en el caso Assange.* Fue canciller de Ecuador en el gobierno de Rafael Correa.
Fuente: La Jornada