El 7 de julio de 2020 Otto Sonnenholzner presentó la renuncia irrevocable a la vicepresidencia de la República, la misma que fue conocida en la sesión 675 del Pleno, con 135 asambleístas presentes, en la modalidad de videoconferencia, la aceptaron de forma mayoritaria, pero con 37 abstenciones, un voto en contra y uno en blanco, la mayoría de la bancada de la Revolución Ciudadana.
La nominación de la cuarta vicepresidenta de la República, da cuenta de los diferentes momentos que ha atravesado el gobierno, en un inicio apoyado por la Revolución Ciudadana, lo que le permitió el triunfo en segunda vuelta electoral con el binomio Moreno-Glas.
Primer momento: Ruptura con la Revolución Ciudadana
El gobierno de Lenín Moreno, que debía ser la continuación de la Revolución Ciudadana empezó su distanciamiento con el “correísmo” desde la propia ceremonia de transmisión del mando del 24 de mayo de 2017 y estalló en apenas cuatro meses; de forma acelerada el Gobierno de Moreno acordó en el mes de julio de ese mismo año, el apoyo de los dueños de las corporaciones mediáticas a cambio de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación; con los grupos financieros y bancarios pactó reformas legales y beneficios adicionales, que le permitieron ganar a la banca alrededor de 500 millones de dólares en el año 2019; y, con los sectores importadores se comprometió a no restringir la compra de bienes, incluso aquellos innecesarios, aunque esto debilitaba la economía por la salida permanente de dólares y porque debilitaba la producción nacional.
En los mismos meses, los sectores políticos que perdieron las elecciones empezaron a presionar al gobierno respecto del plan económico y el Presidente electo con la Revolución Ciudadana, comenzó a repetir el discurso del sobre endeudamiento, la crisis y déficit fiscal cero; la reducción del gasto público y otras consignas del dogma neoliberal, justificado con el discurso de “que la mesa no estaba servida”.
A inicios de agosto de 2017, el Presidente Lenín Moreno, retiró todas las funciones encomendadas al vicepresidente Jorge Glas, relacionadas con la articulación y coordinación de los sectores productivos y la continuación del proceso de reactivación productiva en las provincias que fueron afectadas por el terremoto de abril de 2016, frente a lo cual el Vicepresidente Jorge Glas respondió con una fuerte carta en la que denunciaba la alianza con los grupos de poder económico, la entrega al partido social cristiano y el pacto con la familia Bucaram, a la que se la habrían entregado instituciones del Estado, denuncias que ahora cobran fuerza, en el marco de los escándalos por la venta de insumos médicos y reparto de hospitales, aunque las grandes cadenas informativas ignoren la responsabilidad política de quienes efectuaron tales pactos y se beneficiaron de estos acuerdos políticos.
En apenas 60 días posteriores al retiro de funciones al vicepresidente Jorge Glas, este era procesado por un supuesto caso de asociación ilícita y se ordenaba la prisión preventiva como medida cautelar, aunque casi tres años después de su encarcelamiento, aún no existe sentencia ejecutoriada y cumple una condena en condiciones inhumanas, por las que, incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares para garantizar su vida y salud, que no han sido cumplidas por el Estado ecuatoriano.
El 2 de octubre de 2017 fue detenido el vicepresidente Jorge Glas y trasladado a la cárcel 4, a finales del mismo mes, la Contraloría General del Estado le estableció una sanción administrativa de destitución, por un supuesto perjuicio al Estado en la adjudicación de un campo petrolero, cuando se desempeñaba como Ministro que, a criterio de analistas petroleros, es una aberración jurídica; y, finalmente el 5 de enero de 2018, la Asamblea Nacional conoció el oficio en que se notificaba de la ausencia definitiva del vicepresidente Glas, conjuntamente con la terna para la elección de una vicepresidenta.
Desde octubre de 2017, también empieza el resquebrajamiento, propiciado por quien había sido electo como Presidente de la Asamblea Nacional, del Bloque de Alianza PAIS, que había logrado obtener la mayoría en las elecciones de 2017 (74 de 137 legisladores), sin embargo, contribuyen a la aprobación de la primera Ley Económica Urgente del régimen y la aprobación de los presupuestos de los años, 2017 y 2018. A partir de octubre de ese año, inicia el distanciamiento como Bloque de Principios, de los asambleístas identificados con el “correísmo” y en enero se produce la ruptura definitiva del bloque triunfador en las elecciones de 2017.
Segundo momento: Separación de Jorge Glas y Consulta Popular 2018
La terna presentada para la elección de la vicepresidenta, que llevó a la designación en la Asamblea Nacional de María Alejandra Muñoz, marca un nuevo momento en el viraje del Gobierno de Lenín Moreno, caracterizado por la política de “ampliación de la base de sustentación del gobierno” a través del Diálogo Nacional, mientras se dinamitaba la base propia y se profundizaba el alejamiento del “correísmo”.
Este segundo momento fue, además, impulsado por los sectores que se asumían “progresistas” al interior del gobierno de Moreno, creían que desplazada la Revolución Ciudadana, podrían conducir el régimen de Moreno y establecer un gobierno con predominio de dichos actores; sin embargo, fueron perdiendo espacio e incidencia y uno a uno reemplazados por voraces representantes de la derecha política que fortaleció su presencia en el Gobierno, mientras el Bloque Legislativo del Movimiento Alianza País, prostituía su presencia y cambiaba los principios por complicidad, pagada con puestos en la administración pública, que ahora escandaliza y alarma a la opinión pública, sin embargo, no interroga respecto de la responsabilidad política de dichas operaciones.
María Alejandra Vicuña fue la responsable, primero como Ministra de Vivienda, del Plan Casa para Todos, que jamás arrancó y luego de la Consulta Popular de febrero de 2018, que tuvo tres objetivos: Proscribir a Rafael Correa de una posible candidatura a la presidencia en el año 2021; controlar la institucionalidad del Estado y satisfacer a las élites económicas, que temían la ley de plusvalía, no por lo que esta podía incidir en el sector de la construcción, sino para impedir que se instaure un impuesto al patrimonio, al que siempre le han temido los grupos de poder económico, aunque en otras partes del mundo sea incluso reclamado por dichos actores.
A finales de noviembre de 2018, Vicuña fue acusada por un asesor suyo, Ángel Sagbay, de haber sido obligado a dar contribuciones indebidas cuando se desempeñaba como legisladora, razón por la que el 4 de diciembre presentó su renuncia irrevocable, la misma que fue aceptada por la Asamblea Nacional.
Tercer momento: Vuelven los neoliberales, respuesta popular y represión
La terna para elegir al tercer vicepresidente demostraba claramente la nueva orientación y las fuerzas que controlaban al gobierno que en 2017 fue elegido para continuar el camino de la revolución ciudadana. En la mañana del 6 de diciembre de 2018, se presentaron los nombres que fueron enviados a la Asamblea Nacional para la designación del segundo mandatario. Otto Ramón Sonnenholzner Sper, encabezó la lista, seguido de Nancy Fabiola Elizabeth Vasco Noboa y Agustín Guillermo Albán Maldonado, todos vinculados a grupos de poder económico y de manera particular al Partido Social Cristiano; así el Gobierno de Moreno asumía su nueva esencia, en la que se profundizaba los acercamientos con los grupos financieros, empresariales y la subordinación a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional.
En esta etapa del gobierno también cobran mayor fuerza funcionarios que provenían de lo que en su momento constituyó “Ruptura de los 25”, grupo que en el año 2003, jugó un papel importante en la lucha contra el Gobierno de Lucio Gutiérrez, pero que ahora representa el sector más retrogrado y conservador del régimen, adicionalmente, son la expresión de los intereses del dueño de uno de los más grandes bancos de la sierra y que tiene un papel gravitante en el entorno, cada vez más solitario, de Lenín Moreno.
En este tercer momento se concretó, en marzo de 2019, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que resumió así, el convenio alcanzado con Ecuador: “El foco del programa de las autoridades es llegar a una posición fiscal sólida, apoyándose en el acuerdo de tres años con el FMI. El objetivo es reducir la relación deuda / PIB a través de una combinación de un reequilibrio de la masa salarial, una optimización cuidadosa y gradual de los subsidios a los combustibles, una re–priorización del gasto de capital y bienes y servicios, y una reforma fiscal”[1]. En estas líneas ya quedaba evidenciados los compromisos: eliminación de los subsidios, disminución de la masa salarial del sector público a través de reducción de sueldos y despidos masivos; flexibilización laboral para aumentar la competitividad y reformas legales que permitan la “disciplina fiscal”.
Estas medidas intentaron aplicarse en octubre de 2019, provocando un gran levantamiento popular, que fue reprimido, como lo dice la Defensoría del Pueblo, con uso excesivo de la fuerza, lo que ocasionó 11 muertos, centenares de detenidos ilegalmente y mas de mil heridos, algunos con desmembraciones para el resto de su vida.
El levantamiento popular de octubre de 2019
Ecuador vivió entre el 02 y 13 de octubre jornadas de movilización provocadas por la decisión del gobierno de liberalizar el precio de los combustibles y llevar adelante el paquete de “reformas estructurales” acordado en la Carta de Intención suscrita por el régimen con el Fondo Monetario Internacional, FMI el 12 de marzo de 2019.
Los primeros actores que paralizaron el país fueron los transportistas, sin embargo la noche del 4 de octubre de 2019, un sector de la dirigencia de la transportación logró un acuerdo con el Gobierno Nacional, mediante el cual se alzaba las tarifas del transporte urbano e interprovincial además de las de taxis y fletes; lo que si bien tranquilizaba a este sector encendía la indignación de la mayoría de la población.
El movimiento indígena de manera inmediata organizó acciones de movilización que tenían previstas para la segunda quincena del mes de octubre, llamó a sus bases a cerrar vías y avanzar hacia Quito, haciendo remembranza de lo sucedido en la década de los noventa cuando se enfrentaron a gobiernos neoliberales y a la adopción de medidas antipopulares. Desde la madrugada del 5 de octubre de 2019, miles de indígenas de diferentes provincias del país, en especial de la sierra norte y centro llegaron a la capital, siendo respaldados por quiteños, los cuales se sentían representados en la movilización indígena, que demandaba la derogatoria del Decreto 883, con el cual se liberalizaba el precio de los combustibles y evidenciaba el descontento largamente contenido en amplios sectores de la población.
Ante estas acciones el Gobierno Nacional decretó el Estado de Excepción, militarizando el país y respondió con excesiva violencia, como nunca antes se había visto desde el retorno a la democracia. Según los datos de la Defensoría del Pueblo durante las jornadas de protestas existieron 8 fallecidos; 1.340 heridos, sin contar los que fueron atendidos en puestos de salud conformados por médicos voluntarios y estudiantes de medicina que establecieron centros de apoyo a la movilización; y, 1.192 detenidos, siendo el 70% personas menores de 30 años. La mayor cantidad de apresados se produjo el 5 de octubre de 2019, es decir, luego de dictado el decreto de Estado de Excepción[2].
El 4 de diciembre de 2019, en la comparecencia ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Defensor del Pueblo, actualizó la cifra de fallecidos a 11[3], ratificó que existió uso excesivo de la fuerza, conclusión con la que también coincidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe de enero de 2020[4].
Durante toda el ciclo de la movilización los dirigentes del movimiento indígena y otras organizaciones sociales expresaron su distancia con el “correísmo”, sobre todo con la propuesta constitucional de “Muerte Cruzada”, es decir la posibilidad de que la Asamblea Nacional destituya al Presidente en los casos previstos en el artículo 130 y 148 de la Norma Suprema, cuando éste se hubiese arrogado funciones que no le competen o por grave crisis política y conmoción interna; pudiendo también el Presidente disolver la Asamblea Nacional.
Esta norma se introdujo en la Constituyente de 2008, recogiendo la experiencia histórica de movilizaciones que habían concluido con destituciones de Presidentes de la República, por parte del Congreso Nacional en los años 1997, 2000 y 2003; aunque la Constitución no preveía esa atribución del parlamento ecuatoriano; es un incentivo negativo para evitar un juego extremo de los sectores políticos, una disposición que puede contrariar al ejecutivo de turno, pero imposible de calificarla de inconstitucional.
El sábado 12 de octubre de 2019, luego de un día marcado por la represión y posterior al incendio del edifico de la Contraloría General del Estado, se anunció un encuentro directo entre el Presidente de la República y la dirigencia indígena, el cual se concretó al día siguiente; producto de esta reunión la CONAIE logró la derogatoria del Decreto 883 y el Gobierno, por su parte, mantenerse, a pesar de la violencia con la que reprimió a todos los manifestantes en los días anteriores.
El 13 de octubre, se realizó, la reunión entre el Gobierno y la dirigencia del movimiento indígena, luego de la cual se derogó el decreto 883, con el que se liberalizó los combustibles y se estableció una Mesa Técnica para analizar la posibilidad de focalización de combustibles y otras alternativas que podrían desarrollarse, sin embargo, nunca se concretaron.
La dirigencia del movimiento indígena entendió que, a pesar de su colaboración con el régimen, que prácticamente se mantuvo hasta el 1 de octubre de 2020, día en que renunció Humberto Cholango al gabinete de Lenín Moreno, ahora se había convertido en la voz del descontento acumulado contra el régimen y representaba los intereses de la mayoría de la sociedad; recuperaba de esta forma, igual que lo hizo en la década de los 90 del siglo pasado, la fuerza de interpelar a un gobierno y modelo económico, que por satisfacer intereses de las élites y los organismos internacionales, había sacrificado las expectativas populares.
Un importante sector sector de la ciudadanía se sintió reivindicada en la dirigencia indígena que, frente a las cámaras de televisión, ponía en evidencia la orientación del Ministro de Economía y su consigna de cumplir los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, sin importar los efectos de dichas medidas en el conjunto de la población, en especial en los más pobres. La reunión, transmitida en vivo y en directo, que fue una condición para el diálogo, permitió ver un gobierno humillado y desesperado, pero que al mismo tiempo, sabía que con aquella cita patrocinada por Naciones Unidas, estaba comprando oxígeno para garantizar su permanencia, luego de una brutal represión, nunca antes vista en el Ecuador, por lo menos, desde el retorno de la democracia en 1979.
En paralelo, el Ejecutivo en complicidad con los grandes medios de comunicación, logró posicionar, sin una sola prueba y mediante “fake news”, “un enemigo” al cual responsabilizar de los hechos de violencia; incluso la destrucción de la Contraloría General del Estado, bien podría consistir en una operación de inteligencia, puesto que la intención de atentar contra esta institución fue denunciada el 9 de octubre de 2019, por el propio dirigente Salvador Quishpe, quien responsabilizó de ese intento a un “militar infiltrado” en las protestas[5]; además, versiones de redes sociales y portales informativos dan cuenta que el día 12 de octubre de 2019, los guardias de dicha institución abrieron las puertas a los manifestantes y que cuando estos ingresaron observaron que ya existía al interior del edificio, policías que controlaban la seguridad de la entidad, a pesar de lo cual, la edificación fue quemada[6]; hubo detenidos, los cuales están siendo procesados por dicha acción; sin embargo, este condenable hecho, que nada tiene que ver con acciones de protesta social, le sirvió al Contralor General del Estado para reforzar su ataque al “correísmo” y acusar que el objetivo de dicha acción habría sido desaparecer documentos e investigaciones contra funcionarios del gobierno anterior.
Durante los 12 días que duraron las movilizaciones, de forma sistemática, desde el primer día el Gobierno Nacional acusó al “correísmo” de un plan desestabilizador orquestado desde Venezuela, sin ninguna prueba, pero apoyado por las grandes cadenas informativas nacionales e internacionales, quienes responsabilizaron de las movilizaciones y los hechos de violencia a “delincuentes pagados” para generar el caos y la violencia.
En la madrugada del 14 de octubre de 2019 cuando el país recuperaba la tranquilidad, se realizaron de forma simultánea, operativos ordenados a través de “procedimientos extraordinarios” el allanamiento de los domicilios de la Prefecta de la Provincia de Pichincha, Paola Pabón, de Christian González, Pablo del Hierro y Virgilio Hernández; a los tres primeros se les detuvo para fines investigativos, y como ya es norma contra los correístas, dicha detención devino en audiencia de formulación de cargos, acusados del delito de Rebelión Armada que se realizó el 15 de octubre de 2019, en la que el Presidente de la Corte Provincial de Pichincha, que de forma coincidencial, pasó luego a conformar la Corte Nacional de Justicia, dictó como medida cautelar la prisión preventiva para Paola Pabón y Christian González, y contra Pablo del Hierro la obligación de presentarse periódicamente, días después se dictó también orden de prisión en contra de Hernández, a pesar de que este se presentó de forma voluntaria a la audiencia de vinculación, el 5 de noviembre de 2020.
En este tercer momento del Gobierno de Moreno, también se profundizó la estrategia de “Lawfare” caracterizada por el abuso de las normas constitucionales y legales para proscribir a Rafael Correa y a la Revolución Ciudadana; el despliegue de la Contraloría General para acosar a los dirigentes del correísmo y presionar a los organismos electorales para eliminar del registro electoral al Movimiento Compromiso Social; la persecución por la vía judicial, violando las garantías del debido proceso, para sentenciar a Rafael Correa y dirigentes de Revolución Ciudadana y el acoso sistemático de los grandes medios de comunicación para desprestigiar y atacar la obra de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa y los 10 años de su gobierno.
Posterior a los hechos de octubre, el Gobierno Nacional siguió insistiendo en la necesidad de liberalizar los combustibles y envió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica para la Transparencia fiscal, Optimización del Gasto Tributario, Fomento a la Creación de Empleo, Afianzamiento de los sistemas monetario y financiero y manejo responsable de las Finanzas Públicas (conocida como Ley de Crecimiento Económico) que establecía nuevos impuestos y una serie de reglas fiscales acordadas con el FMI. El domingo 17 de noviembre, justo el día que se cumplía el plazo que tenía la Asamblea Nacional para tramitar el proyecto de urgencia económico, lo negó con 70 votos.
De forma paradójica, en el marco de una pandemia que ha evidenciado la profunda crisis sanitaria, económica, social, política y moral, que vive el Ecuador y que ya supera los cien mil infectados, se han implantado los compromisos acordados con el FMI; con el nombre de Ley de Apoyo Humanitario para enfrentar la pandemia de Covid19, se aprobaron las medidas de flexibilización laboral y con la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas pasaron las normas que buscan someter los presupuestos de todo el sector público, a partir del año 2022, a objetivos fiscales determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas, afectando la autonomía garantizada por la Constitución de instituciones como los gobiernos autónomos descentralizados, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social e incluso universidades y escuelas politécnicas.
Cuarto momento: la orfandad política del régimen de Moreno
El 7 de julio de 2020, con la renuncia del vicepresidente Otto Sonnenholzner, se cierra este momento en la transición de un gobierno que fue electo para continuar el camino de la revolución ciudadana y terminó aplicando el programa que perdió en las elecciones de 2017. Además, su renuncia refleja una clara crisis política que se venía alimentando y la creciente desconfianza del Presidente Moreno hacia su vicepresidente, por el protagonismo que este había tomado durante el manejo de la pandemia; pero más allá de estos hechos, el alejamiento de Sonnenholzner, pone en evidencia la disputa entre grupos económicos y financieros por el control del poder, que al igual que a fines del siglo pasado se verá también expresada en el enfrentamiento de las dos más importantes cadenas televisivas: Ecuavisa, vinculada a sectores productivos y agroexportadores de Guayaquil, frente a Teleamazonas ligada al banquero Fidel Egas, dueño del Banco del Pichincha y principal soporte del Gobierno de Moreno.
El 10 de julio el Presidente de la república Lenín Moreno envío la terna para elegir un nuevo vicepresidente, la terna encabezada por María Paula Romo y en la que también constaban Juan Sebastián Roldán y María Alejandra Muñoz; todos vinculados al “Grupo de Ruptura”, los dos primeros con alto repudio ciudadano, por ser principales protagonistas y voceros de los hechos del mes de octubre.
El envío de la terna abre el cuarto momento del Gobierno de Moreno caracterizado por la absoluta orfandad política del régimen, en el que, por un lado las élites económicas siguen presionando para obtener beneficios, como por ejemplo, haber excluido las contribuciones de grandes empresarios, concretar acuerdos con Fondo Monetario Internacional o acordar la renegociación de la deuda con los tenedores de papeles de la deuda externa pero no brindan ningún respaldo político al gobierno.
La Asamblea disponía de 30 días de acuerdo a la Constitución y 15, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para nominar al vicepresidente; sin embargo, sin tener certeza de los votos, el miércoles 15 de julio, el Presidente de la Asamblea, César Litardo, convocó a reunión para el 17. Era clara la estrategia: evitar que se devuelva la terna al Ejecutivo y apresurar la votación con el objeto que ninguna de las candidatas y candidato obtenga 70 votos y por ende corra el plazo y permita que la Ministra de Gobierno María Paula Romo, llegue a la vicepresidencia por el ·ministerio de la ley”.
Esta estrategia se vio alterada por la decisión del movimiento de la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano de impedir que María Paula Romo sea vicepresidenta y también, porque como parte de la disputa inter monopólica, la cadena Ecuavisa, difundió la noche del 16 de julio, un video que revelaba una conversación entre dos legisladores, uno ahora en prisión y otro prófugo, vinculados a los hechos de corrupción del Hospital de Pedernales, en que se insinuaba que la Ministra de Gobierno, conocía de la “entrega de recursos” a legisladores de la bancada de “independientes” para asegurarle una mayoría al gobierno.
Esta
“noticia” que solo se difundió por una sola vez, acabó por sepultar las
posibilidades de la Ministra Romo, que en la votación de la Asamblea Nacional,
solo obtuvo 36 votos a favor de su designación, 87 en contra y 11 abstenciones;
en tanto, Juan Sebastián Roldán logró 12 votos a favor, y, la tercera de la
terna, María Alejandra Muñoz, consiguió 75 votos favorables, 22 negativos y 38
abstenciones, con lo cual se convirtió en la cuarta vicepresidente de un
gobierno que ahora tiene como gran objetivo impedir el retorno del “correísmo”
como elemento de convocatoria a las élites y al conjunto de la institucionalidad
que resultó de la consulta popular de 2018 y que temen responder por la serie
de ilegalidades que se han cometido en los últimos años en el Ecuador.
[1] https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/03/11/ecuador-pr1972-imf-executive-board-approves-eff-for-ecuador. Consultado el 14 de agosto de 2020, a las 19:02 horas.
[2] https://www.dpe.gob.ec/la-defensoria-del-pueblo-presenta-septimo-informe-con-resultados-de-la-vulneracion-de-derechos-durante-el-estado-de-excepcion/ Revisado el 12 de mayo de 2020, a las 20:40 horas
[3] https://www.cpccs.gob.ec/2019/12/defensor-del-pueblo-presento-informe-al-cpccs-sobre-el-paro-nacional/ . Revisado el 13 de mayo de 2020, a las 19:49 horas.
[4] http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/008.asp Consultado en 23 de mayo de 2020 a las 21:00 horas.
[5] Entrevista realizada en vivo y en directo, el 9 de octubre, durante la marcha indígena, a Salvador Quishpe, por la Cadena Ecuavisa.
[6] La toma de la Contraloría, María Sol Borja, https://gk.city/2019/12/09/incendio-contraloria-paro-nacional/