23 diciembre,2018

Los libertarios amordazan a la LOC

Orlando Pérez

Cada una de las propuestas de la oposición de derechas del Ecuador se consuma con el gobierno de Alianza PAIS y de la mano de Lenín Moreno. Si llegaba el banquero Guillermo Lasso a Carondelet habría sido mucho más difícil aprobar su propio programa. Ahora sus principales objetivos se cumplieron en menos de dos años. Quedan algunos pendientes, pero como requieren de reforma constitucional tendrán que esperar un poco más.

Por ejemplo: amordazar a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) para Lasso habría sido casi imposible. Y sorprende que se lo haya podido hacer con los votos de los asambleístas de AP, entre ellos algunos que no hace mucho defendían esa normativa como un avance en la garantía de derechos para los ciudadanos y en contra de los monopolios mediáticos.

Y por si fuera poco: al última hora metieron en esa Ley la renovación automática, “por esta sola vez”, de la frecuencias por diez años. ¿Si se quejaron tanto de que a “última hora” se haya agregado la creación de la Supercom en el año 2013, por qué ahora hacen lo mismo y no constituye un escándalo nacional?

La “reforma” a la LOC se exhibe como el mayor trofeo político. ¿Ahora si hay libertad de expresión? ¿La pluralidad abunda en los medios? ¿Los monopolios se han desintegrado y las radios comunitarias tienen acogida nacional gracias a la nueva estructura legal de comunicación? ¿Los medios públicos dejaron de ser estatales por obra y gracia de la mayoría derechista de la Asamblea Nacional?

Aburriría responder cada pregunta, pero sí era una gran oportunidad para corregir algunos defectos de la LOC y con ello profundizar en la garantía de derechos, en una efectiva libertad de expresión y una democratización de la comunicación. No ocurrió, quedó para otro momento de la historia cuando cambie la correlación de fuerzas. Por lo pronto: AP, PSC, CREO, Pachakutik, ID, MPD y SUMA han creado las condiciones para un autoritarismo mediático que impida la rectificación, la réplica y la aclaración. Ahora, además, por obra de los “demócratas” de derechas la judicialización contra los periodistas, no contra los medios, será la mayor amenaza para ejercer el oficio con libertad y para desarrollar la investigación y la denuncia de los casos de corrupción.

Y frente a esto guardan silencio los más libertarios de la prensa: UNP, FENAPE, CIESPAL y las facultades de comunicación. Y ni qué decir de los grandilocuentes periodistas que en sus cuentas de redes sociales eran muy activos para cuestionar a la LOC. Hoy están amordazados porque en sus medios están amenazados. Son los mismos que dijeron estar amordazados para criticar al gobierno de Rafael Correa pero se desataron en insultos, medias verdades y mentiras en los últimos doce años.

No está demás decirlo: gracias la colaboración “crítica” de todos los antes mencionados fue posible desbaratar un avance histórico en los derechos de comunicación. Los “puros y castos” del periodismo ayudaron con su criticismo a consolidar una postura de derecha y del conservadurismo rancio.

En conclusión:

1.- Se eliminó el “Linchamiento mediático”. Ya pueden ahora los medios y los llamados poderes fácticos “difundir información que –de manera directa o a través de terceros– sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica su credibilidad pública”.

2.- Ya no es necesario contar con códigos deontológicos: se derogaron los artículos 9 y 10 de la LOC en los que se determinaba que todo medio público, privado y comunitario deberá expedir por sí mismos estos códigos orientados a mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional.

3.- Ya no hay responsabilidad ulterior, al eliminar del artículo 20 la obligación de toda persona de registrar sus datos personales como cédula, nombres y dirección electrónica, para poder formular comentarios al pie de las publicaciones electrónicas en las páginas web de los medios de comunicación.

4.- Se acabó con los concursos de frecuencias y la redistribución: a pedido de Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano (PSC), se incluyó a última hora una transitoria relacionada con la renovación de las frecuencias de radio y televisión: “Se renovarán por única vez las concesiones de frecuencia de radio y televisión, previo al informe jurídico y técnico sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los respectivos contratos de concesión y cuyo plazo haya vencido previo a la fecha de promulgación de la presente Ley en el Registro Oficial”. Este era un pedido de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), de la cual fue presidente el actual “Segundo Mandatario”.

5.- Se modifica la norma para definir la propiedad de los medios: a pedido de Ximena Peña, coordinadora de Alianza PAIS: “Los medios de comunicación social de carácter nacional no podrán pertenecer en más del 49% de su paquete accionario de forma directa o indirecta a organizaciones o compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado ecuatoriano ni a ciudadanos extranjeros, salvo aquellos ciudadanos extranjeros que residan de manera regular en territorio nacional”.

6.- Chau Supercom: Con la reforma se eliminará la Superintendencia de Comunicación en un plazo de 180 días. “Se apuesta por una autorregulación de los medios”.

Es decir, la nueva Ley es un hueso muy fácil de roer.