Verena Hitner

El juez Sergio Moro decretó la prisión de Lula. Triste día para la democracia. La imprevisibilidad del futuro político de Lula y de Brasil aún es muy grande y no se puede decir con seguridad qué podemos esperar para las elecciones presidenciales de octubre de este año, a la que ya se presentaron más de una decena de candidatos. El político más popular de la historia de Brasil y líder en todas las encuestas pasa por una persecución judicial sin precedentes.

Lula salió de la presidencia en 2010 con mas de 80% de aprobación y fue indudablemente el presidente que más fortaleció las instituciones republicanas y los instrumentos de combate a la corrupción. Y a pesar de eso, fue condenado en dos instancias judiciales en el sur del país por “actos indeterminados”. Es decir, sin ninguna materialidad del acto de que fue acusado, reforzando la idea de que es, en realidad, un juicio político.

 A los brasileños hijos de los 20 años de dictadura militar, a aquellos que han sufrido directa o indirectamente con el terrorismo de Estado, les parece algo surreal que los militares, protagonistas del momento histórico más sombrío de la historia brasileña contemporánea, que todavía nos deben respuestas sobre muchas cuestiones no esclarecidas, sean parte de los actores públicos en defensa de una supuesta guerra en contra de impunidad de los crímenes de corrupción. Vivimos un momento en el que hay mucha gente en contra de la impunidad de los crímenes de corrupción, pero esa misma gente silencia sobre la impunidad en la violación de los derechos humanos.

Por 6 votos a 5, el Superior Tribunal de Justicia de Brasil tomó la decisión de no aceptar el pedido de la defensa de Lula de un habeas corpus preventivo que evitaría su prisión antes de que se agotaran las posibilidades de recursos, como prevee la Constitución brasileña. Según la defensa del expresidente, él no podría ser preso mientras haya la posibilidad de un recurso en la justicia. Como dijo el ministro de la Suprema Corte, Ricardo Lewandowski, al expresar su voto ayer, “la cárcel es la excepción y la libertad debe ser la regla”.

Los números oficiales ofrecidos por el Ministerio Público Federal sobre la operación Lava Jato, que le incrimina a Lula, son 953 mandatos de búsqueda y aprehensión, 227 de conducción coercitiva, 73 presos, que deben cumplir en conjunto 1861 años y 20 días de cárcel, 8 acusaciones de improbidad administrativa en contra de 50 personas, 16 empresas y exclusivamente 1 partido político, el Partido de los Trabajadores (PT), de Lula y Dilma. Las últimas encuestas a la presidencia demuestran que el PT tiene más apoyo popular que la suma de todos los otros partidos políticos.

La prisión de Lula, para los brasileños oprimidos, se acerca a lo que pasó con los sudafricanos en el largo periodo que Nelson Mandela estuvo privado de su libertad y de sus derechos políticos. Ambos presos porque, al luchar por la igualdad social y los derechos de las personas, se enfrentaron a privilegios seculares de grupos de poder. Grandes héroes como ellos siguen y seguirán luchando desde todos los espacios, incluso la cárcel. Hoy, más que nunca, Lula somos millones.

 

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