Los resultados de la Mesa de Diálogo, a la hora de escribir este editorial, no existen más allá de la derogatoria del famoso decreto 883: no han renunciado María Paula Romo, Owaldo Jarrín, los ministros “vagos” siguen en sus cargos, la reforma laboral y tributaria se envió a la Asamblea Nacional sin consultar a nadie y traerá más efectos para agudizar la recesión y sostener un modelo a base de represión y persecución como nunca antes ocurrió en Ecuador.
Y es paradójico decirlo, pero ni en los tiempos de León Febres Cordero se puso tanta violencia en la represión a la protesta popular. Entre 19984 y 1988 ese gobierno autoritario socialcristiano tuvo el “pretexto” de combatir a una insurgencia armada, pero las huelgas nacionales no tuvieron la cantidad de detenidos (1200), heridos (1300), el encarcelamiento sin pruebas de autoridades electas, el cierre de un medio (Pichincha Universal) y el bloqueo a más de una docena de portales digitales.
Hoy por hoy es obvio que Lenín Moreno no tiene otra opción: o impone el ajuste del FMI o se va de Carondelet, porque las élites en las que se respalda no le dan tregua. Y algo más: la imposición de ese modelo no será cuestionado ni menos modificado, por más protesta popular, levantamiento indígena u oposición política en la Asamblea. La salida del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roque Moreira, prueba incluso que sin un jefe militar se atreve a cuestionar el nivel de represión se irá a su casa inmediatamente. Es evidente que Jarrín no quiere generales “rebeldes” y mucho menos insubordinados a un protocolo de represión que maneja tiempos y escenarios con plazos fijos, desde una hegemonía que ni siquiera está en Carondelet, que todo indica se localiza en cierta embajada.
Moreno ha jugado con una de esas figuras impuestas como relato regional: la culpa es del chavismo y del correísmo. Sin pruebas (como ya parece su costumbre) acusó el viernes 18 de octubre (en Guayaquil, donde se siente más cómodo gobernando) que Nicolás Maduro y Rafael Correa habrían financiado la llegada de 300 venezolanos para dar un golpe de Estado.
Y para eso cuenta con un aparato mediático conservador que valida todo, empezando por los Boscanes y los Pautas, quienes reciben información privilegiada de la Fiscalía para revalidar las acusaciones que pesan, si pruebas, contra dos prefectos en funciones (de Pichincha y Sucumbíos), una ex alcaldesa y un asambleísta.
Ese mismo aparato mediático no dice nada del bloqueo del puente de la Unidad Nacional ordenado por la alcaldesa de Guayaquil, la denuncia del general Moreira de que fueron los militantes del PCMLE (el brazo armado del MPD) los protagonistas de la violencia en Quito y mucho menos destacan las denuncias de centenas de personas víctimas de la más feroz represión policial de las últimas cuatro décadas.
La visita de la CIDH y de la ONU para revisar las denuncias, tras una resolución de la OEA apoyando al gobierno de Moreno, no alientan ninguna esperanza en relación a la sanción pública, moral e institucional por las evidencias y pruebas. Ojalá la respuesta no sea que fueron los correístas y los chavistas los autores de todas las violaciones. Más allá de eso, el registro gráfico, documental y testimonial marcará a este régimen como autor de violaciones flagrantes a los derechos humanos y configura el delito de lesa humanidad.
Sin embargo, queda claro que las élites empresariales, financieras, oligárquicas y mediáticas no permitirán una rebelión de los humildes, apuntan ya a un castigo al movimiento indígena y desarrollan una ofensiva política a todo nivel para desmerecer la lucha popular, además de iniciar procesos penales para todo aquel que intente cuestionar siquiera la irracionalidad de la represión y la imposición del ajuste neoliberal. Como ya ocurre en Chile y ha sido demasiado doloroso en Colombia, sin descontar la amenaza y persecución permanente en Perú o lo que ya es “normal” en Brasil o Argentina.
