Ezequiel O. Salinas
Primero fue la Trole 3, que es el verdadero plan para el paquetazo permanente y contiene las condiciones previas que exigía el FMI. Segundo fue el gasolinazo, que también está divido en tres momentos. Y tercero es la privatización efectiva de las empresas públicas.
La Trole 3 plantea una redistribución de la riqueza a los más ricos. Con remisión tributaria y de aportes patronales que excluye a los trabajadores, con eliminación de instrumentos anti-evasión como era el anticipo mínimo al impuesto a la Renta, con reglas macrofiscales que consagran a nivel de ley el suicidio fiscal en perjuicio de los servicios públicos para los ciudadanos, y la privatización transnacional de la justicia en beneficio de los capitales pseudo-extranjeros.
Cuándo al Secretario de Planificación le preguntaron cuánta gente será despedida del sector público dio la cifra precisa: 42312 servidores con la optimización continua y 900 con los nuevos anuncios. El Secretario de la Presidencia le corrigió y le dijo que serían 1500. También dijo que cerrarían consulados donde se atienden a miles de migrantes ecuatorianos. Cuando pocos segundos después les preguntaron cuántos empleos se crearán en el sector productivo privado respondieron con el ya característico “no lo sé”, pero el Ministro de Finanzas añadió que era “una señal para los mercados y los inversionistas (léase “banqueros extranjeros”) de que vamos a honrar la deuda”. El Ministro también dijo que requiere que haya una “importante decisión” para que se firme un acuerdo de largo plazo con el FMI.
Este es un buen resumen de lo que significa un paquetazo. La certidumbre del despido a servidores públicos, de destruir los servicios públicos, para rendir pleitesías al capital financiero transnacional. Y la incertidumbre, desconocimiento y ceguera de las inversiones y empleo que supuestamente generaría el sector privado.
El sector privado que no es dogmático sabe que los más de 40 mil servidores públicos despedidos son una pérdida de 40 mil familias como clientes. Se venderá menos y los empresarios también tendrán que despedir a sus trabajadores.
El gasolinazo que ya entró en efecto tiene tres momentos programados. Como preludio a la decisión, se pudo observar una agenda concertada con los medios de comunicación hegemónicos para justificar el anuncio venidero. El primer momento es el aumento del precio de la gasolina súper. El segundo es el aumento del diésel industrial, que se intentará compensar con reducción adicional de las tarifas eléctricas industriales. El tercero es el gasolinazo para el aumento del precio del extra y el diesel, posterior al proceso de “diálogo”. La decisión está tomada, porque incluso ya existe el mecanismo de “focalización”, el aumento en número y en monto de los bonos de desarrollo humano.
Como bien lo han resaltado otros analistas, esto asume una visión puramente contable y estática de los subsidios y los combustibles. No toma en cuenta el comportamiento de los consumidores en el tiempo ni la variación de los precios relativos. El aumento de los precios de los combustibles aumentará todos los precios de la economía, en medio de una espiral recesiva y de despidos públicos.
Finalmente, el objetivo codiciado por el grupo de comportamiento mafioso que lidera Santiago Cuesta es la privatización de las empresas y servicios públicos mediante la figura de la “delegación”. Una cosa es generar incentivos para las tareas que no cumple el estado adecuadamente, como los servicios de bares escolares; otra cosa es desprenderse de la gallina de los huevos de oro del siglo XXI, como el negocio de transmisión de CNT o las Eléctricas.