Juan Paz y Miño
El pasado 2 de abril (2018), el presidente Lenín Moreno presentó al país su “Programa Económico de Estabilización Fiscal y Reactivación Productiva”, que contiene 4 “ejes” y 14 “medidas y acciones” que lo concretan.
A los diez meses se anuncian medidas económicas que retoman las promesas, conceptos y acciones tomadas en distintos momentos de 2017. Pero, tratar de explicar que el programa se adopta por las herencias económicas y sociales del gobierno anterior, contradice los estudios y datos existentes, como puede verificarse en los informes de organismos como CEPAL, PNUD, BM y hasta FMI, que resalta los logros de la década pasada.
En esencia, son 2 las orientaciones que atraviesan toda la propuesta: uno, el privilegio que se otorga al sector empresarial privado; otro, el achicamiento del Estado.
En efecto, se ha privilegiado los intereses de la elite empresarial de más poder económico en el país, por lo que resulta marginal la intención de impulsar la economía popular y solidaria. A esa elite se le contenta con una “revisión tributaria” (amnistía) del 100% a costa del Estado, pues de acuerdo con el SRI, los 215 grupos económicos adeudan $ 2.260 millones, son $ 655 millones de perjuicio por empresas fantasmas, $ 4.700 millones salieron a paraísos fiscales, y por facturas aduaneras falsas hay unos $ 2.000 millones. Esta escandalosa corrupción privada ha quedado fuera del discurso oficial y del mediático. Y, por cierto, para lucir equidad, habrá igual “revisión” para micro, pequeñas y medianas empresas; pero además se hace extensivo a deudas con el IESS, y a los gobiernos autónomos descentralizados. Se ha dejado a un lado la consulta popular de 2011, que aprobó como “infracción penal” la no afiliación de trabajadores al IESS.
Aún hay más: la reducción gradual del ISD (impuesto a la salida de divisas), que se devolverá, junto con otros tributos (drawback) a los exportadores; las nuevas inversiones tendrán incentivos tributarios sobre impuesto a la renta (IR) e ISD; igual las que no involucren áreas estratégicas y realicen reinversiones; y se eliminará el cálculo de impuesto mínimo del anticipo al IR.
Resulta elitista la intención por afirmar el mercado de valores y “fortalecer el concepto de sociedad anónima y responsabilidad limitada”. Se ha previsto el “incremento temporal de techos arancelarios” (revive las cuestionadas salvaguardias del “correísmo”); y se incentivará la entrada de “entidades financieras internacionales”. Aún no hay reacciones de los importadores ni de los banqueros.
De otra parte, se concreta el achicamiento del Estado con la reducción de USD 1.000 millones en los presupuestos del Ejecutivo; se eliminan ministerios, secretarías, viceministerios, subsecretarías y coordinaciones generales; se reducen asesores, viáticos y gasto en arriendos; se suprimirán 7 de 22 empresas públicas del Ejecutivo y en las otras habrá “participación de inversiones privadas”; se destaca las alianzas público-privadas. Evidentemente estas propuestas encaminan la privatización de bienes y recursos del Estado. Se suma la optimización de contratos petroleros y los de preventa, el futuro Plan de Fortalecimiento y Sostenibilidad Fiscal, la eliminación de trámites injustificados y la venta de “bienes inmuebles y vehículos, principalmente los de lujo”.
La deuda externa ha merecido solo un anuncio: “acudiremos a los gobiernos, a los organismos multilaterales, a las empresas y bancos para obtener mejores condiciones de tiempo y costos”. ¿Se revivirán las relaciones crediticias con el FMI?
El programa aspira a que, de la mano de la empresa privada, florezca el empleo; sin embargo, se facilitará a varios sectores con “nuevas modalidades de contratos de trabajo” aún desconocidas, pero que inquietan por la posibilidad de que sean formas de precarización y flexibilidad laborales.
Puede advertirse que el programa aún no está completo. Pero su orientación empresarial está claramente definida, lo cual ha provocado que líderes de la derecha política y de las cámaras de la producción se apresuren a aceptarlo y lo vean “positivo”.
Sin embargo, vale señalar que las ciencias sociales latinoamericanas, los estudios regionales de la CEPAL, de otras instituciones internacionales y hasta de investigadores de talla mundial, han demostrado que América Latina es la región más inequitativa del mundo, que sus elites económicas pagan poco y además pocos impuestos, y que se impone el incremento de fuertes impuestos directos, no solo sobre las rentas, sino sobre herencias, donaciones, rendimientos del capital y patrimonios, como instrumentos para la redistribución de la riqueza. Este tipo de orientaciones constan en la Constitución de 2008, que acude al concepto del Buen Vivir.
Contrariando estas perspectivas, el programa económico del gobierno ha privilegiado la productividad privada y la economía empresarial, a la que se quiere fomentar liberándola de obligaciones tributarias y dejando atrás el principio de redistribución de la riqueza. En esas condiciones solo pierden el Estado y la sociedad. Soslaya, además, el conservadorismo, atraso y rentismo que caracterizan a la elite económica nacional, como lo comprueba la historia económica del país. El modelo empresarial de fines del siglo XX, que sigue añorado por las elites ecuatorianas, es un ejemplo de las peores experiencias históricas.
De otra parte, el programa igualmente ha asumido que el achicamiento del Estado debe formar parte de la vida nacional. Esta idea, tiene remoto origen oligárquico y también contradice la trayectoria histórica de América Latina y del Ecuador, donde han sido cíclicos los intentos por crear un Estado sólido. El achicamiento y debilitamiento del poder estatal ha demostrado, en diversos momentos, que solo contribuye a que se fortalezcan los poderes particulares.
El gobierno ha presentado un programa que tampoco se acerca a plantear, por lo menos, un tipo de capitalismo social que, sin marginar a la empresa privada, anteponga sobre ella la hegemonía de los derechos e intereses de los sectores medios, trabajadores y populares. De manera que en los próximos años tendremos que vivir un nuevo ciclo económico, que revierte las tendencias sociales y reformistas forjadas en otros momentos de avance histórico.