Diego Bastidas Chasing
“La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo.” –Juan Domingo Perón-
En los años 80 el Presidente Alfonsín, durante la compleja transición hacia la democracia en Argentina, arengaba a su pueblo a creer en la necesidad de construir una democracia con poder. Decía Alfonsín que “a la democracia el poder se lo da el pueblo”. Esa propuesta de democracia tenía como finalidad última la construcción de una sociedad justa. En la visión de Alfonsín, con la democracia se debería poder comer, educarse y curarse. Se debería también poder confrontar a las minorías egoístas cuyo modus vivendi se fundamenta en la exclusión de la mayoría del pueblo. En el contexto latinoamericano, argumentaba Alfonsín, una democracia tiene que ser asimismo antiimperialista, pues de otra forma no se podría asegurar el autogobierno colectivo frente a la voracidad del capital y de los grandes poderes de Occidente. En síntesis, una democracia con poder implicaría construir una sociedad equitativa donde las capacidades y recursos sociales estén repartidos entre la mayoría. Según creo, en esta noción de democracia desarrollada por el Presidente Alfonsín se encuentran algunas claves interesantes para analizar de mejor manera el proceso fundacional de la Revolución Ciudadana liderado por el Presidente Rafael Correa.
En Ecuador la idea de la democracia que queremos y estamos construyendo es aún un proyecto en disputa. Nada nuevo bajo el sol. Históricamente, la idea de democracia ha suscitado amplios debates y análisis desde los más diversos enfoques. Por ejemplo, Aristóteles contrastaba al gobierno democrático -leáse del pueblo- el gobierno de la oligarquía, esto es, donde unos pocos acaudalados dominan al resto. De otro lado, la tradición liberal norteamericana en cabeza de Madison concebía a la democracia como el gobierno donde unas élites preservarían nuestros derechos e intereses frente a una eventual “tiranía de las mayorías”. Por su parte, durante las décadas de hegemonía y dominio neoliberal, la idea de democracia se ha conjugado con una praxis política servil al poder del capital y de las burocracias internacionales (v.gr: FMI, Banco Mundial, etc), como bien denunciaba el premio Nobel, José Saramago.
En la disputa política latinoamericana, el conflicto entre los intereses populares y los intereses de las élites siempre ha sido una constante a la hora de discutir y practicar la construcción y consolidación de nuestras democracias. Como bien lo explica el profesor canadiense Maxwell Cameron -siguiendo el pensamiento del argentino Guillermo O´Donnell- una de las graves deficiencias en los estudios sobre la democracia en América Latina ha sido el considerar como referentes normativos a las democracias de Norteamérica y de Europa occidental al momento de evaluar nuestros procesos políticos e institucionales. Como consecuencia de aquello, el análisis politológico no logra entender ni aprehender adecuadamente nuestras particularidades políticas y especificidades históricas.
Así, bajo la referida noción occidental, la democracia se resume en liberalismo, de ahí que las tendencias mayoritarias que sobre el significado de la democracia se han reivindicado en países como Bolivia, Venezuela, Ecuador y Brasil no encuadrarían en dicha noción. Ahora bien, no se trata de cuestionar la importancia de la dimensión mínima de democracia comúnmente aceptada, a saber, aquella que contiene la garantía de elecciones libres, el establecimiento de un sistema representativo, la instauración de un Estado constitucional, y el respeto de las libertades básicas y de los principios republicanos. Lo que se busca, mas bien, es encontrar desde nuestras realidades y sobre la base del pensamiento latinoamericano, respuestas a nuestros propios problemas sociopolíticos.
Tomando como marco de referencia la visión de democracia suscrita por Alfonsín, podríamos encontrar tres elementos fundamentales en la experiencia ecuatoriana durante el gobierno de Rafael Correa. Un primer elemento es haberle disputado a las élites ecuatorianas una noción de democracia entendida como “proceso mayoritarista”, esto es, el sostener un sistema político abierto, promotor e integrador de la participación de la ciudadanía en la construcción de nuestra vida en común. La aprobación y puesta en práctica de la Constitución de Montecristi, dotada de una serie de novedosas instituciones y de un reconocimiento de los derechos de participación ciudadana en su más amplia expresión, resultaría la mayor evidencia de esta noción popular de la democracia. Bajo esta perspectiva, una idea fuerza que inspiró el proceso constituyente de Montecristi era que devolviendo el poder a los más, el resultado potencialmente sería más justo en términos de satisfacción y protección de sus necesidades, derechos y proyectos de vida.
Un segundo elemento que acerca al gobierno del Presidente Correa a la idea de democracia con poder fue el proponer y tomar decisiones orientadas a redistribuir los recursos sociales que permitirían modificar la estructura social en la que nos desenvolvemos, a saber, el dinero, el conocimiento, el poder político y económico, o dicho en otras palabras, distribuir recursos sociales para garantizar capacidades sociales. Se trabajó en la democratización de los distintos recursos que permiten acceder, mantener y usar el poder, a fin de redistribuirlos desde los menos hacia los más.
En distintas ocasiones el Presidente Rafael Correa ha sugerido que el principal logro de su administración fue el haber logrado cambiar “las relaciones de poder” en Ecuador. Esta noción de lucha por cambiar las relaciones de poder (entendida como proceso) podría ser evidenciada en decisiones como las de separar la conducción del Estado de los intereses de la banca; la dotación de carreteras e infraestructura básica; la implementación de políticas públicas en función de los históricamente olvidados por el Estado, permitiéndoles el acceso a la educación, la salud, a una vivienda digna y el mejoramiento de sus salaries. Sumado a ello, la interacción semanal con dichos grupos a través de sus enlaces ciudadanos, promoviendo mecanismos de participación ciudadana, y, como correlato, disputando retórica y políticamente el sentido común a las minorías con poder económico y mediático que históricamente nos han dominado.
El tercer elemento tiene que ver con la noción soberana y antiimperialista de nuestra construcción democrática en los últimos diez años. La política exterior ecuatoriana apostó por el multilateralismo y una posición de independencia frente a los intereses geopolíticos de Estados Unidos y sus aliados. En términos arquitectónicos, esta apuesta política implicó optar por la unidad latinoamericana como estrategia para insertarse en el terreno de la globalización del capital. Medidas históricas como haber expulsado la base militar de Estados Unidos asentada en Manta, la expulsión de burócratas internacionales insolentes como aquellos del Banco Mundial queriendo condicionar la concesión de créditos, o el haber formado parte de la configuración de UNASUR, la CELAC y el ALBA resumen muy bien la idea de soberanía practicada durante la década del gobierno de Rafael Correa.
La tesis de la democracia con poder, tal como ha sido expuesta aquí, intenta contribuir al debate público en el sentido de caracterizar de mejor manera nuestra noción de democracia para, a partir de ello, contar con mayores elementos que permitan comprender los avances en términos democráticos que operaron durante el período de la década ganada.