“Salud para todos en el año 2000”

Luis Eduardo Franco Mendoza*|

Han pasado cerca de 41 años desde la celebración mundial de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Almá-Atá que delineó la política internacional de salud en lo referente a su atención primaria, recalcando la importancia de un sistema de salud integral que movilice y utilice racionalmente los recursos de los Estados para destinarlos al sistema sanitario. Este manifiesto constituyó la hoja de ruta de la Organización Mundial de la Salud para conseguir el objetivo anhelado: “alcanzar un nivel aceptable de salud para toda la humanidad en el año 2000”.
Lejos de alcanzar loable finalidad, el mundo occidental de nuestro tiempo se ha jactado del desarrollo de la ciencia y la técnica empleando enormes recursos que han beneficiado al sistema financiero. Sin embargo, en el contexto de tales desarrollos, la evidencia empírica muestra la notable reducción del número de camas hospitalarias y número de médicos en países como Italia y España donde las políticas de austeridad de corte neoliberal, resueltas a disminuir la intervención del Estado y su incidencia en la calidad de vida de las personas, han incrementado el déficit en los servicios sociales de atención, que otrora eran beneficios del estado de bienestar. No hay duda, de que el mayor problema no es la falta de recursos sino las enormes desigualdades en su disponibilidad y la falta de voluntad política para actuar diligentemente en la prevención y lucha contra el mal pandémico.
En medio de esta crisis sanitaria, los Estados europeos toman medidas soberanas sin que exista la acción política coordinada de su organismo supranacional que esta llamado a actuar en consonancia con la cláusula de solidaridad contemplada en el artículo 222 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, para implementar medidas homogéneas de prevención y atención médica que garantice un alto nivel de protección de la salud humana (Art. 168), que de ser eficaces puedan servir para emularse a escala global.
Los principios del antiguo estado de bienestar europeo de segunda mitad del siglo XX se han convertido, por la virulencia de la pandemia, en la justificación del estado de excepción de nuestras sociedades democráticas que tratan desesperadamente de universalizar la atención médica, reducida y privatizada por la lógica neoliberal. En este desolador escenario, parece muy obvio advertir que los problemas globales se resuelven con políticas globales, que tracen la existencia de un orden sanitario de nivel internacional, y que cuyas instituciones pretendan obtener un efecto generalizado en la forma de vida de nuestras sociedades hoy paralizadas por el confinamiento.
En América Latina, donde el sistema de salud es más precario, la ideología neoliberal ha desarticulado la acción colectiva de organismos como Unasur, que había diseñado la constitución de un Instituto Sudamericano de Gobierno en Salud creada con el propósito de apoyar la expansión de la capacidad y calidad de la gestión pública de salud, contrariando el predominio de la visión económica neoliberal que en aras de “optimizar” recursos, priorizaba las asignaciones presupuestarias a los sectores productivos, descuidando la calidad mínima de los sistemas sanitarios. Hoy, América Latina, tampoco tiene una política regional integral que movilice recursos, asigne tareas y asegure fronteras para paliar la expansión del virus.
Estas políticas de precarización de los servicios sociales en la región, han sido impulsadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dejando sin protección sanitaria a amplios sectores de la población con el debilitamiento del sistema de protección social, elemento clave de respuesta en estos momentos pandémicos.

Siguiendo la misma tendencia, el Ecuador progresivamente ha debilitado su sistema sanitario con el viraje del programa político de Moreno. Basta recalcar que en el 2019 se despidió silenciosamente a miles de funcionarios públicos, entre los cuales estaban profesionales relacionados con el sector de la salud. Además, a nuestros días, con mucha diligencia y sin voluntad política de renegociación el gobierno nacional, anunció en plena crisis sanitaria, el pago de capital de los bonos 2020 que suman la cifra de 325 millones de dólares con la justificación de que con ese pago no se vulnerarían las fuentes de financiamientos futuras que bordean los 2000 millones de dólares.

Mientras tanto, la crisis sanitaria no da tregua y eleva la inconformidad del personal sanitario por no contar con la bioseguridad necesaria para atender la sintomatología de los pacientes. Gran número de personas alrededor de los hospitales designados para atender exclusivamente a los enfermos, víctimas del Covid-19 en la capital de la provincia del Guayas, donde se concentra el mayor número de contagios y muertes a nivel nacional, lucen esperando por la pronta atención hospitalaria mientras la desesperación y la angustia de sus familiares aumenta, así como la falta de credibilidad de los reportes oficiales del COE Nacional en la población.

No es extraño que varios sectores sociales hayan advertido que el número de fallecidos no tiene correspondencia con la realidad, puesto que la ciudad de Guayaquil reporta un incremento por día de los fallecimientos de manera exponencial y poco habitual. Por otra parte, la insuficiencia de los test para identificar pacientes con casos de Covid-19 es evidente, no existiendo una correcta descripción de la situación real para poder combatirla a través de aislamientos dirigidos, cercos epidemiológicos y tratamientos adecuados en la recuperación de los pacientes, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud.

En términos generales, parece que el sueño neoliberal que postula la ausencia del aparato estatal se esta cumpliendo y se torna en pesadilla. Nos quedan Estados debilitados sin recursos ni coordinación organizativa a merced de un virus que no conoce de fronteras ni ideologías. Características enteramente compartidas por los amigos del mercado libre y los enemigos de lo público.