28 abril,2019

Terrorismo laboral en tiempos de FMI

En la película “El ministro y yo” (1975), Mario Moreno Cantinflas ofrece un discurso sobre la burocracia: “Si señor, ustedes, tienen un concepto muy equivocado de lo que es la burocracia. Saben de donde proviene esa palabrita, buro del francés bureau, que en español quiere decir, escritorio y cracia del griego cratos que significa, poder. En otras palabras, es decir, ustedes, ejercen el poder desde los escritorios”. Manifiesta además “el poder del pueblo por el pueblo y aunque ustedes también son pueblo, se olvidan de los que están ahí afuera, de los que esperan, de los que hacen cola como éstos, que también son pueblo; y que ellos dependen de ustedes pero ustedes también depende de ellos porque ellos al pagar sus impuestos, sus contribuciones, están pagando los sueldos de todos ustedes. Sus vacaciones, sus servicios médicos y sus jubilaciones. En otras palabras, todos necesitamos de todos” y enfatiza “pero no toda la culpa es de ustedes, no, si ustedes son buenas gentes. La culpa más bien es de sus superiores, de jefes como usted y de muchos como usted que son aves de paso que no han sabido inculcar en los empleados públicos, el verdadero sentido de la burocracia y la responsabilidad que ésta encierra, porque las fallas en la administración frenan el desarrollo, el progreso, la democracia”.

Sin embargo, lejos de explicar cómo la construcción de la democracia implica la simbiosis permanente entre la sociedad y quienes la sirven desde el Estado, este discurso sirvió y sirve para reflejar lo que la ciudadanía suele pensar de los servidores públicos, esto es, trabajan poco, ganan mucho y son prescindibles; imaginario muy útil para que la precarización laboral del sector público, propiciada por el gobierno de Lenín Moreno, no sea vista como lo que es, una ofensa a los derechos de quienes trabajan en las instituciones públicas.

Los medios de comunicación social, que pese a que según el INEC, el 90% del pleno empleo en el Ecuador fue generado por el sector privado, vendieron la idea de un Estado que se había dedicado a ser el mayor empleador del país en los últimos diez años, ocultando que la función Ejecutiva apuntó a reducir el tamaño del Estado, entendiendo por ello a la desvinculación de burócratas y eliminación de entidades públicas, aunque en realidad, por ejemplo, eliminó el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos creando dos Secretarías con igual rango, con el consiguiente caos en materias tan importantes como derechos humanos y rehabilitación social. Es  más de acuerdo a información enviada por el Ministerio de Trabajo a la Asamblea Nacional, mediante Oficio Nro. MDT-MDT-2018-0949, de 31 de octubre de 2018, a la fecha existían 48.209 vacantes en todo el Estado.

En junio de 2018 altos funcionarios gubernamentales declararon públicamente que existían  aproximadamente 160.000 empleados públicos laborando de manera “ilegal” en el Estado, lo que significaba que recursos públicos estaban siendo mal utilizados, acarreando posibles responsabilidades incluso penales, sin embargo las imprecisas e irresponsables afirmaciones luego fueron matizadas con que se trataba de los llamados contratos ocasionales y nombramientos provisionales, figuras que sí existen en la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP.

A la par mediante Circular No. MDT-DSG-2018-0018-CIRCULAR de 25 de junio de 2018, el Ministerio de Trabajo prohibió la contratación de personal ocasional durante el 2018 y 2019, así como prorrogar después de transcurrido el año a los ya existentes. El artículo 58 de la LOSEP dispone que “La suscripción de contratos de servicios ocasionales será autorizada por la autoridad nominadora, para satisfacer necesidades institucionales, previo el informe de la Unidad de Administración del Talento Humano, siempre que exista la partida presupuestaria y disponibilidad de los recursos económicos para este fin”, Y que en caso de “necesidad institucional se podrá renovar por única vez el contrato de servicios ocasionales hasta por doce meses adicionales”. Este tipo de contrato no genera estabilidad laboral por lo que superados los plazos permitidos y de subsistir la necesidad, debe llamarse a concurso para otorgar el nombramiento respectivo. La circular en mención carecía de legalidad pero se había inaugurado con ello el terrorismo laboral en el sector público. Ya para mayo de 2018, esto es antes de la prohibición indicada, aproximadamente 42.000 funcionarios públicos habían salido de sus trabajos, en tanto muchos otros empezaron a vivir el miedo diario de ser los siguientes.

Las condiciones para la extorsión laboral estaban dadas. El discurso de desvinculaciones de la burocracia caló por un lado en una sociedad que no siente como necesarios a los trabajadores públicos y por otro lado que mira al Estado como un ente obeso que “absorbe  inmisericorde” los recursos públicos, gracias a los medios de comunicación que posicionaron estas percepciones.

Entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, 11.820 trabajadores del sector público habían sido desvinculados. Cientos de trabajadores fueron notificados con el cese de sus funciones, especialmente a puertas de feriados y fines de semana. En el mismo camino la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP) dispuso la reducción de al menos el 10% de los empleados de 21 compañías estatales, según un oficio de fecha 6 de febrero de 2019. Unas 39.881 personas son parte de la nómina de las 22 empresas públicas del país, incluida la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).

En este contexto, la Carta de Intención asumida por el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, durante el primer trimestre de 2019, tiene entre los compromisos del país equilibrar la masa salarial, lo que equivale no solamente a continuar con las desvinculaciones en el sector público sino a desmejorar las condiciones laborales, como por ejemplo la no entrega de uniformes, el no pago de horas extras e incluso la compra de renuncias “voluntarias”, como ya lo han denunciado trabajadores como los del sector salud. Todo ello so pena de perder los puestos de trabajo en una suerte de extorsión laboral.

¿Pero quiénes están siendo desvinculados? Son los servidores públicos que ejecutan programas de salud como los de fumigación en la costa, o los técnicos de protección del MIES. Son personal operativo cuyas funciones han sido asumidas por el personal que ha quedado, lo que implica menos calidad en los servicios públicos. Los burócratas que han perdido su trabajo, no sólo significa familias sin sustento sino un Estado con menos capacidad de respuesta, con menos eficiencia, con menos recursos humanos calificados. Y eso no es democrático.