8 abril,2019

Un atentado que deja muda a la prensa

Les guste o no a los libertarios: la comunicación es un derecho. Violentar este derecho es un delito y ya son varios los intentos del Gobierno de Lenín Moreno y su “espadachín” Andrés Michelena por bloquear todo tipo de “comportamiento mediático” que cuestione o ponga en duda la postura oficial, en particular sobre la imagen del “Primer Mandatario”.

Tras la publicación de los llamados “INAPapers” ahora entendemos por qué el diario El Comercio, por ejemplo, se ha convertido en el diario oficialista por excelencia, de qué modo Teleamazonas constituye el teflón del Gobierno y cómo algunos radiodifusores (entre ellos los más allegados a los de propiedad del actual Vicepresidente) hacen loas a los exabruptos de Moreno, callan las sospechas de corrupción de su familia y los excesos de la ministra del Interior.

Ha quedado claro que las visitas que recibía Moreno en Ginebra, por ejemplo, del llamado “Fantasma” y los encuentros promovidos por Michelena con personeros de Ecuavisa y El Comercio ya definieron cuál sería el relato político del gobierno y qué debían apoyar y qué callar. Hoy esto queda mucho más claro. De hecho, la visita a Carondelet, en junio de 2017, de los dueños de los medios solo puso la foto a algo cocinado tras cortinas y lejos del país.

La campaña de desprestigio de los medios públicos, amplificada por Michelena, desde los privados y ahora aupada por Moreno, iba en esa línea claramente establecida: garantizar los negocios privados, la devolución de frecuencias a los tradicionales radiodifusores (que se sientan con Moreno a mofarse del anterior gobierno) y el ataque a todo medio que luzca como crítico.

Por eso se entiende el cierre de la señal de Pichincha Universal, la acometida a la web de Ecuadorinmediato y las cartas a medios y periodistas con tono amenazante por supuestas faltas a la ética y a la deontología periodística. El pretexto para el corte de la señal es burdo y muy propio del estilo de Michelena: Pichincha Universal le adeuda 300 mil dólares a GamaTV. ¿Dónde está el contrato? ¿Un interventor tiene la facultad violentar un derecho colectivo, ciudadano y público por una deuda no verificada? ¿Quién está a cargo de GamaTV sino Michelena, que es el mismo que iba a pagar las deudas con los trabajadores de ese canal y con el IESS?

El autoritarismo neoliberal con el que abordan la libertad de expresión no solo el gobierno sino todos los medios privados coaligados con Michelena no tiene ni tendrá límites cuando actúan bajo la desesperación y la culpa. Volvimos a la lógica de los hechos consumados y con la hipocresía más rampante enmudecen y justifican con el consabido estribillo: “antes estábamos peor”.

Hoy por hoy no solo que callan: las principales autoridades mienten sobre los ataques a la prensa y la vulneración de la libertad de expresión. Por suerte hay redes sociales para amplificar, por ejemplo, la designación de autoridades como la Fiscal General o los “excesos” de Julio César Trujillo y también los pormenores de los documentos divulgados por INAPapers.

Ahora ya Fernando Villavicencio no es el mimado de los medios y Santiago Cuesta puede ofender, injuriar y delinquir del modo más pedestre y nadie se escandaliza porque los Oquendo y Rosero, las radios Atalaya o Tropicana, El Comercio y La Hora, Ecuavisa y Teleamazonas son el candado y el blindaje del gobierno.

Sin Supercom y con una Ley de Comunicación “light” Michelena y sus socios en los medios privados y sus gendarmes en los medios públicos podrá hacer lo que le dé la gana y mientras tanto la SIP y otros supuestos organismos de defensa de la libertad (tan activos en la década pasada) bien pueden tomarse unas vacaciones con Ecuador.

Un asunto de fondo

Pero podríamos señalar, complementando nuestro análisis, que hay además un trasfondo editorial e informativo para interpretar del cierre –ojalá temporal- de este medio de comunicación y es la denuncia sostenida y bien sustentada de las terribles implicaciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que han sido difundidas por Pichincha Universal. Esta denuncia plantea lo que el “acuerdo” encubre, esto es: la reducción de los salarios de los trabajadores, eliminación de derechos laborales, los contratos a prueba indefinidos, las renuncias “voluntarias” pero sin indemnización alguna, la fuga de capitales, el aumento de impuestos para las grandes mayorías, el aumento de las tarifas de los servicios básicos y los combustibles, la eliminación del subsidio al gas doméstico, la privatización de los servicios públicos y la posible desdolarización. Todo lo cual significaría un suicidio nacional que sólo puede concretarse si los medios de comunicación que lo denuncian son silenciados.

La corrupción del gobierno actual cuyo principal acto es la firma de este acuerdo criminal -sin que pase por la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional-, y que aún con la acción judicial interpuesta por la Defensoría del Pueblo el Ministro Martínez se niega a publicar el texto de dicho acuerdo a la ciudadanía. Todo esto es causa suficiente para que la ciudadanía salga a las calles a protestar.

En el Ejecutivo saben que amordazar al medio de comunicación que ha analizado y divulgado este flagrante acto de traición a la Patria es fundamental para tener a la ciudadanía desinformada y dispersa.

El caso INAPapers, las filtraciones de Elizabeth Cabezas y todo lo que podrá salir a la luz respecto de las relaciones entre el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y la nueva Fiscal General (que está puesta allí para quizá acentuar la injerencia de cierta embajada del Norte), son responsabilidades que el gobierno y sus aliados quieren ocultar a como dé lugar.

Acallar la voz de una radio, convertida ya en símbolo del deseo popular de no retornar al pasado, es un atentado que debemos rechazar rotundamente.

Los medios comprometidos con la ciudadanía y la calle deben expresar lo que los poderes tapan.