Editorial RutaKrítica

Nadie duda de la filiación, afecto, militancia y compromiso del Ministro de Defensa de Ecuador con la mayor potencia hegemónica militar del mundo. Si se revisa con pinzas sus declaraciones donde anuncia el establecimiento de una “NO base militar” queda en evidencia que el mayor propósito ni siquiera es garantizar la seguridad de su país sino que “vendrá un avión que obtendrá inteligencia y retornará”.

Hay algunas obligaciones legales y constitucionales para firmar determinados convenios o acuerdos de orden militar con cualquier nación si se impone el multilateralismo. Pero la derecha se ofende cuando nos visitan delegaciones militares de China, Cuba o Venezuela, por solo citar tres países que no son tampoco del gusto del Ministro de Defensa. Pero si viene un oficial estadounidense parecería que ha llegado el Virrey y se tiende la alfombra roja y los honores militares del más alto nivel.

Cualquier cesión de soberanía, de la índole que sea, por más emergencia que viva Ecuador, debe ser autorizada por la máxima autoridad en este campo. O sea: la Asamblea Nacional. Pero parece que el Estado de Derechos no existe y por lo mismo tampoco la autoridad legislativa tiene nada que hacer en estos casos.

Más allá de los asuntos “formales” hay otro de fondo: ¿por qué debemos colaborar con la inteligencia estadounidense? ¿A cambio de qué? ¿Bajo qué argumentos y presupuestos de seguridad ocurre una cesión de soberanía sin beneficio de inventario? ¿O forma parte de las presiones y acuerdos políticos que Mike Pence obtuvo tras su visita en el mes pasado?

Ya lo había dicho el mismísimo Jaime Nebot: cedamos soberanía a Colombia para que combata al terrorismo y al narcotráfico, porque supuestamente nuestra Fuerza Pública está incapacitada para ello.

La derecha, sin duda alguna, no cede soberanía a países que no sean los de su afecto. Solo EE.UU. tiene soberanía sobre sus pensamientos, acciones y directrices sin importar si violan la Constitución. Entonces siempre cabe la pregunta: ¿a cambio de qué? La Base de Manta no redujo el narcotráfico, todo lo contrario. Evidentemente hay otra intención en esto: someterse a la política estadounidense para recibir, individual y privadamente, los beneficios que otorga Washington a sus colaboradores leales y obedientes.

Hasta ahora solo quedan pendientes otros favores de Ecuador a EE.UU.: sacar a Julian Assange de la embajada en Londres, pagar por los cursos de entrenamiento militar a nuestros oficiales, bloquear cualquier sanción a Chevron, entre otras. Y por supuesto EE.UU. no cumple ningún acuerdo ni favorece la lucha contra el crimen y por eso no extradita a los prófugos de la justicia como los hermanos Isaías, Jamil Mahuad o Carlos Pólit, mantuvo a los enjuiciados por delitos de lesa humanidad y nunca se pronunció sobre ello.

El gobierno de Moreno acumula ya algunas “faltas” constitucionales que a nadie debería sorprender, pues ellas podrían significar no solo causales para la revocatoria del mandato sino una clara traición a la Patria con todas sus consecuencias civiles y penales, pero sobre todo políticas que ni EE.UU. estaría en condiciones de garantizar su inmunidad, perdón y olvido en el futuro.

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