Este 8 de marzo se cumplen 21 años (1999) de la crisis financiera devastadora y sin precedentes en la vida republicana del país, crisis que fue denominada como Feriado Bancario por haber sido ejecutada después de haber concluido el feriado de carnaval. En esa fecha el gobierno del presidente Jamil Mahuad había decretado el cierre temporal de las actividades bancarias, decisión tomada a través de su Superintendente de Bancos, que anunciaba dicha medida por 24 horas, lo que en la práctica se extendió por 5 días. Durante este período todas las operaciones financieras estuvieron suspendidas, con los propósitos de impedir el retiro masivo de dinero, de frenar la inestabilidad del mercado cambiario, de reducir el alza desmedida de los precios y de preservar el nivel de la reserva monetaria internacional.
Cumplidos los 5 días del feriado, los bancos comenzaron a atender al público el 15 de marzo de 1999, mientras presidente Jamil Mahuad decretaba el congelamiento de los depósitos de todo el sistema financiero por un año. (Se diferenciaron los montos para los depósitos en cuenta corriente por más de 2 millones de sucres y para las cuentas de ahorro con más de 5 millones de sucres, y sin reconocimiento de intereses.
La crisis financiera tiene sus antecedentes en las medidas adoptadas por el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballen (1992-1996), siendo el principal mentalizador su vicepresidente, el economista Alberto Dahik, quien desde su óptica neoliberal, en el año 1992 propone liberalizar los mecanismos de control a las actividades del sistema financiero, como parte de un conjunto de normativas concebidas en la nueva ley de ¨Modernización del Estado¨, limitando al Banco Central del Ecuador – BCE de manera exclusiva, las actividades monetarias y cambiarias. Estas medidas se logran legalizar con la creación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que fue promulgada en mayo de 1994.
A pesar de que el Congreso consideró que la ley otorgaba excesiva libertad a la banca, fue aprobada con 227 artículos. Mientras el presidente Sixto Durán Ballén firmaba el ejecútese a la ley, el sector bancario celebraba con gran algarabía el disponer de un marco jurídico que le garantice una amplia gama de servicios a ofrecer bajo el concepto de banca múltiple, entre estos, tener la absoluta libertad de manejar la cartera de crédito, sin contar con los controles que hasta entonces ejercía el Estado, a través de la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos. La ley también autorizaba el salvataje bancario, que responsabilizaba al Estado del rescate de la banca en crisis, con fin de garantizar la estabilidad de sistema financiero.
La banca, al disponer libremente la cartera de crédito, provocó que en el sistema financiero se produjera una estampida de los préstamos vinculados que los bancos otorgaban a sus propios accionistas y administradores en beneficio de sus empresas o de las recién creadas o ficticias. Esta situación, sin duda, fue generando en poco tiempo una crisis en el sector financiero. No se cumplían aún dos años de la promulgación de la ley y ya se produjo el primer estallido con el Banco Continental, uno de los bancos más grandes del país. El Banco Central con el aval de la Junta Monetaria, en marzo de 1996, concedió a este banco un crédito subordinado de 485 mil millones de sucres (162 millones de dólares, al tipo de cambio de la fecha), según como lo establecía el art. 147 de la Ley en referencia. Posteriormente el BCE tuvo que asumir el control y administración del Banco Continental al no cumplir con el pago de la deuda y por un fideicomiso suscrito dentro del crédito.
Con la quiebra del Banco Continental, se comienza a sentir un debilitamiento de la banca, al continuar priorizando los créditos vinculados, mientras que el costo del dinero se encarecía para el sector productivo con tasas de interés muy onerosas. Los bancos estaban más empeñados en acaparar recursos monetarios, mediante el ofrecimiento de elevadas tasas de interés por los ahorros, que hacia el final de la década de los 90 estuvieron sobre el 80% anual, convirtiendo la actividad financiera en una economía especulativa. En cumplimiento a las normas, el Presupuesto del Estado estaba destinado mayormente al pago del servicio de la deuda externa y al salvataje bancario. Mientras que se redujo el monto destinado al resto de las partidas presupuestarias, afectando duramente a los sectores sociales tales como: educación, salud, vivienda y seguridad. Sus consecuencias fueron un incremento de la tasa inflacionaria y la inestabilidad del tipo de cambio, lo cual provocó un duro impacto en el sector productivo y en los niveles de empleo y pobreza.
Junto a la crisis del sistema financiero hacia el final de la década de los 90s se produjeron otros problemas: El conflicto bélico de Ecuador con el Perú (1995), la baja del precio del barril de petróleo en el mercado internacional (hasta $9 por barril), la grave crisis energética, el Fenómeno de El Niño (1998) que destrozo el país y la crisis financiera internacional, aspectos que contribuyeron a agravar la situación económica y social del Ecuador.
En el año 1998 se inaugura un nuevo gobierno liderado por Jamil Mahuad, El manejo de la administración pública se compartió con la banca. El Gabinete fue integrado con 7 miembros de este sector, consolidándose la falta de control del sistema financiero. La Junta Monetaria, dirigida por un banquero, continuó con la elevación de la tasa de interés nominal para impulsar el ahorro nacional; se promovió la liberación de flujos de capitales y la moneda nacional (el sucre) sufrió) una constante devaluación frente al dólar, siendo éstas las causas de la quiebra del sistema financiero.
El feriado bancario y el congelamiento de depósitos fueron medidas adoptadas por el Gobierno para favorecer y rescatar al sistema financiero. Entre los años 1998 y 1999 quiebran 18 entidades, entre bancos y financieras, lo que representa el cierre del 70% de las entidades crediticias de la época. Dentro de este grupo consta el Filanbanco que era el banco más grande del país. Para el salvataje bancario, el Estado, a través del BCE, destinó 4.000 millones de dólares; solo el Filanbanco recibió 661 millones de dólares. En total, el salvataje bancario representó pérdidas económicas para el país por más de 8.000 millones de dólares, que hasta la presente fecha no se han podido recuperar.
En el año de 1999 la deuda externa superaba el 100% del PIB, el medio circulante aumentó 170% para pagar a los depositantes de los bancos quebrados, la actividad económica del país fue negativa (entre 7 a 8%), la moneda nacional perdió su valor en 195% durante ese año; entre 1998 a 1999 el desempleo pasó del 9% al 17%, el subempleo de 49 al 55%, y, la tasa inflacionaria subió de 43,4 a 60,7%.
Y para completar el drama, el 11 de enero de 2000 el Ecuador fue declarado país dolarizado, con una paridad de 25.000 sucres por cada dólar. (Ello supuso la quiebra de miles de depositantes y pequeños ahorristas.)
Por último, podría añadir que la dolarización implicó la pérdida de la moneda nacional, uno de los símbolos de nuestra identidad y entre quienes celebraron (Dahik) con alborozo la adopción del dólar, están los que provocaron la crisis con todas sus consecuencias.