Todos los casos de corrupción denunciados en las últimas dos semanas suman decenas de millones de dólares. Cada uno de ellos gira alrededor de una sola premisa: garantizar la mentira, la inconstitucionalidad y el blindaje al “Peor Gobierno de la Historia”.
El colectivo ciudadano Ruta Krítica lo ha dicho inumerables veces: con base en la mentira como política de Estado, implementaron un sistema y un régimen de persecución, de manoseo de la justicia y un aparato gubernamental, bien aceitado, para desconocer normas, leyes y la misma Constitución.
También lo reiteramos: el autoritarismo neoliberal no ha tenido límite porque actuó con carta blanca dada por cierta embajada, amparado en convenios de seguridad, para impedir la resistencia popular, la actuación de dirigentes y líderes políticos alejados del gobierno nacional, además de crear una entramada red de acciones judiciales y administrativas con autoridades ilegítimas como el Contralor General del Estado y la Fiscal General.
Es el mismo régimen que entregó a Julian Assange y no hizo nada para evitar la muerte del equipo periodístico del diario El Comercio. Y también es el que encarceló a Ola Bini, Paola Pabón, Virgilio Hernández, Christian González, Joffre Poma, y a los periodistas Marco y Carlos Bravo. Además de ser el responsable directo de once muertes y más de mil detenidos ilegalmente durante octubre de 2019.
Y todo esto se pudo hacer gracias al pacto empresarial-bancario-mediático. Los representantes de cada uno de esos grupos ahora miran para otro lado. Piden transparencia “caiga quien caiga”. De su lado, los medios, periodistas, portales e “influencers” que trabajaron por la propuesta de Lenín Moreno ahora toman distancia y callan sobre las raíces de este problema: convalidaron una consulta popular inconstitucional e ilegítima con el solo afán de “descorreizar” el país.
Nada ha sido gratis. Los empresarios han recibido perdones tributarios; los banqueros, beneficios para sacar dinero del país; los medios tienen auspicios, embajadas, frecuencias y una reforma brutal a la Ley de Comunicación que vulnera los derechos de las audiencias. Pero sobre todo, los grupos mafiosos de la política nacional, entre ellos asambleístas de AP, han actuado a favor del gobierno solo a cambio de cargos y prebendas en instituciones públicas provinciales.
Quienes calificaban de demócrata a Moreno son los mismos que legitimaron la más escandalosa violación de los derechos humanos en octubre pasado. Son los mismos que garantizaron pactos y arreglos legislativos para pasar leyes con vicios de irregularidades. Y también son aquellos que, fingiendo que no escuchaban, lo dejaron decir cualquier cosa sobre derechos de niños y adolescentes, de mujeres y minorías étnicas.
Más de una vez se ha insistido, por absoluta responsabilidad histórica: Moreno no puede seguir gobernando con tanto escándalo, pero sobre todo, tras lo ocurrido con la pandemia, no tiene ya la autoridad moral ni ética para seguir como presidente de la república. Sobre sus hombros pesan decenas de miles de contagios y miles de muertos que pudieron evitarse si no se habría desmontado el sistema público de salud y no se habría pagado la deuda externa en plena catástrofe sanitaria.
Quienes le han perdonado todo hasta ahora, saben perfectamente que han sido parte de sus decisiones y de sus exabruptos. Y serán ellos los que deban exigir también su salida inmediata, junto a su Vicepresidente. Ya el pueblo ecuatoriano lo ha condenado, no solo en las encuestas, sino en múltiples expresiones públicas. Y la historia le pasará, en cualquier momento, la cuenta correspondiente.