Muchos habrán visto el video dónde fui atacada en un evento en Londres cuando intentaba precisar algunas exageraciones, medias verdades y mentiras que Luis Almagro, Secretario General de la OEA, había expresado sobre la situación en Venezuela.
Cuando estaba a punto de citar el informe del Centro de Investigación Económica y Política (CIEP), que afirma que en el 2018 unos 40 mil venezolanos murieron debido a las sanciones de los Estados Unidos contra Venezuela, un grupo de la audiencia de más de 100 personas comenzó a gritar que me fuera del evento. Lo demás es historia ya conocida…
Este informe del CIEP, un centro de estudios con sede en Washington, fue publicado en abril de este año e ignorado por meses por los grandes medios; apenas ha sido mencionado de pasada en algunos.
Mark Weisbot y Jeffrey Sachs, los autores del reporte, detallan que las sanciones de agosto de 2017 “impidieron que la economía se recuperara de una profunda recesión que ya había tenido un gran costo para la población” y “El colapso económico acelerado que las sanciones actuales [2019] han asegurado nuevos impactos en salud y muertes prematuras.”
Pero, bueno, Almagro no estaba interesado en mencionar ni de pasada la causa más determinante en la violación del derecho fundamental a la vida en Venezuela; Tamara Sujú tampoco. Los dos seguían un libreto a dos actos, repetido muchas veces por la cara de aburrimiento y desidia que tenía Almagro al leer su discurso.
Ahora quiero aclarar que en materia de derechos humanos todos los países del mundo, incluído Venezuela, tienen mucho que avanzar. Mi argumento no es que en Venezuela no se hayan cometido o comentan abusos de los derechos humanos. Y obviamente este aspecto debe mejorar. Pero usar este elemento para acusar al gobierno venezolano de dictadura es parte de la agenda contra Venezuela que sólo busca apoderarse de nuestros recursos para las grandes corporaiones. Los perfiles de Colombia o México en materia de derechos humanos son mucho más abultados que los de Venezuela, pero Almagro no dice ni pío.
En el mundo paralelo dónde vive este hombre gris, en Venezuela no hay ni libertad de expresión ni de opinión, lo contrario de lo que encontré durante mi visita al país en agosto de 2018 y 2019. Como anécdota, mi camarógrafo británico comentó que en Venezuela hasta los perros tienen una posición política.
Almagro afirma que el Plan Zamora activado en 2017 “llevó a Venezuela a un teatro de operaciones militares” cuando todos sabemos que fueron las protestas violentas de la oposición, con uso de armas letales caceras, explosivos, bombas molotov y de más, las que introdujeron ese escenario. Después de todo, la gente no muere linchada, degollada, quemada viva, por pasar por barricadas de protestas opositoras en otro país del mundo, excepto casos como en Ucrania y Nicaragua, donde se vieron algunos de estos crímenes de odio.
El secretario General de la OEA afirma que “los derechos civiles y políticos han sido completamente eliminados” en nuestro país. Vaya aserción en un país donde cualquiera puede formar un partido político con un mínimo de firmas y donde parte de la oposición se da el lujo que tener un gobierno paralelo sin poder real sin miedo a represalias. La ironía es que por ejercer mi derecho de expresión y opinión fui atacada, empujada, insultada y expulsada de su evento sin que ni él ni Sujú movieran un dedo. Eso ocurrió en el Reino Unido, no en Venezuela.
Almagro habla de “persecusión sistemática” y califica al gobierno venezolano como ‘una dictadura’ donde “cada individuo que no ha obedecido al régimen es perseguido por las fuerzas de seguridad del régimen”. Venezuela no es perfecta, pero de allí a parecerse al Chile de Pinochet, donde sí se perseguía, desaparecía y asesinaba a cualquiera contra ese régimen, hay un largo trecho.
De paso, durante mi visita al país ya mencionada una cosa que me sorprendió fue hablar con chavistas que tenían miedo de usar sus típicas franelas rojas en partes de Caracas donde viven predominantemente opositores. Pensé que Venezuela es un país al revés, donde son los aliados del gobierno los que viven con temor a represalias.
Según Almagro ‘las fuerzas de seguridad del Estado y sus aliados paramilitares” asesinaron a 105 personas en las protestas de 2017. Un informe actualizado el 16 de octubre de 2017 por el entonces Ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, indica que la cifra exacta de las víctimas fatales de gente que hacían parte activa de manifestación contra el Gobierno fue de 57 personas. El resto tuvo la mala suerte de pasar cerca de una protesta de la oposición o morir en casos aislados, como el de las 8 personas electrocutadas por entrar a un supermercado a saquear, muertes que fueron politizados por la prensa privada venezolana, en su mayoría opuesta al gobierno.
El Ministerio Público afirmó que 18 casos generaron “imputaciones, privativas de libertad, órdenes de aprehensión y acusaciones sobre 55 funcionarios del orden público [y 41 civiles]”. Unos 33 civiles están conectados a muertes en 15 de los 18 casos que generaron arrestos. De nuevo Almagro maneja sus números al antojo y no espabila al poner información fuera de contexto.
Comparemos esto con lo que ha ocurrido en Chile del 18 de octubre al 21 de noviembre de este año, según el último reporte de Amnistía Internacional: más de 2,300 personas han resultado lesionadas, de las cuales más de 1,400 presentan heridas por arma de fuego y 220 trauma ocular severo. Además, la Fiscalía chilena ha registrado más de 1,100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos. Las muertes confirmadas ya van por 24 y hay denuncias de desaparecidos. Yo me pregunto, ¿dónde está la dictadura: en Venezuela o en Chile?
De nuevo Almagro le cuenta a su audiencia que “Guaidó se convirtió en presidente interino de Venezuela, según el artículo 273 de la Constitución venezolana, que establece que el presidente de la Asamblea Nacional podría asumir temporalmente la presidencia en caso de mal gobierno.”
Es así como este funcionario al servicio del Departamento de Estado norteamericano miente a todos, ya que en el artículo que menciona el presidente de la Asamblea Nacional (Guaidó) se encargaría de la Presidencia de la República si Maduro hubiera incurrido en falta absoluta a su cargo antes de ser juramentado el 10 de enero de 2019, lo cual nunca ocurrió.
Lo más repulsivo de la postura de Luis Almagro es que viene a un país como el Reino Unido, que tiene la quinta economía más importante del planeta, a pedir más sanciones contra Venezuela. Debería saber que de acuerdo a los artículos 19 y 20 de la propia OEA y del derecho internacional, las sanciones de un Estado contra otro son ilegales.
Pero ya tenemos experiencia de cómo los Estados Unidos y sus lacayos rompen o mal interpretan las leyes internacionales y las de los países que quieren subyugar.