Por Erika Sylva Charvet

Un gobierno, o mejor dicho, un desgobierno en desbandada, repudiado por la ciudadanía y absolutamente deslegitimado, si tomamos en consideración las cifras de calificación a su gestión en encuestas como la realizada por Perfiles de Opinión en enero de 2021, en la que obtuvo la nota de “mala” y “muy mala” por parte del 91.4% de encuestados/as (https://www.perfilesdeopinion.com/); un presidente abandonado no solo por sus propios funcionarios, sino hasta por su propio partido que ha decidido, a estas alturas, “expulsarle” de la organización, despojarle de la presidencia de ésta, y, además, borrar de la memoria “todos los registros que hagan referencia a Moreno que existan en los archivos del partido político” (Pichincha Universal, 4-03-2021), un Ejecutivo semejante, volvió a enviar al legislativo el 4 de marzo, el proyecto de ley de privatización del Banco Central del Ecuador, no calificado y devuelto en dos ocasiones anteriores, el 10 de febrero y el 1 de marzo de 2021.

Los argumentos esgrimidos para insistir neciamente en dicha propuesta, son dos.  Primeramente, que la Asamblea “no tiene atribución para determinar si un proyecto de ley es inconstitucional”. Vaya, vaya. ¿Así que por el supuesto de no tener competencias para “determinar” la inconstitucionalidad de una norma el legislativo estaría habilitado para tramitar cualquier propuesta violatoria de la Constitución?  ¿Eso es lo que quieren decir Pozo y Moreno?  ¿Es que no se dan cuenta de que con este argumento todo el mundo estaría habilitado para violentar la ley?

En este argumento desvergonzado del desgobierno de Moreno hay toda una declaración sobre su inveterado desprecio a la Constitución y el llamado taxativo a desconocerla ilegalmente por parte del legislativo en beneficio exclusivo de una minoría privilegiada de banqueros y del FMI, que han sido los que realmente han gobernado el país a partir de mayo de 2017.  Ellos son los responsables de que, en apenas cuatro años, se haya llevado a Ecuador del bienestar económico y social alcanzado por los sectores medios y populares en los últimos cincuenta años, a la sima de su precarización, desprotección y miseria, como nos lo demuestran los resultados de las recientes encuestas sobre empleo y pobreza del INEC (diciembre 2020) y los estudios del PNUD que arrojan un retroceso del país en su Índice de Desarrollo Humano en los últimos años (PNUD, IDH, 2020).

Y no se detienen frente a esta destrucción. Su codicia es tal, que buscan darle la estocada final a la vida de las mayorías con la privatización del BCE, que no es sino una medida orientada a poner de rodillas a toda la sociedad ante la banca, convertida en ama y señora de la economía del país, sin controles, sin regulaciones, sin ningún freno.  ¡El sueño eterno del capital financiero!  Y si para ello tienen que disponer, una vez más, la violación de la Constitución, ¡venga! que se la viole. Ahora, pues, le ha tocado al Art. 303,  según lo ha advertido el Observatorio de la Dolarización en su carta al Consejo de Administración Legislativa (CAL) del 28 de febrero de 2021 (https://dolarizacionec.wordpress.com/).   

El segundo argumento esgrimido por el desgobierno de Moreno, es que el legislativo no puede “rehuir su responsabilidad de analizar y tratar una ley”.  ¡Habrase visto mayor cinismo!  Un desgobierno que desde el primer día rehuyó toda responsabilidad sobre sus decisiones, que endilgó todos los problemas al gobierno anterior, que no se ha hecho cargo de resolver nada en aras del bien común, que jamás ha asumido responsabilidad alguna frente a las múltiples crisis en las que ha hundido a la sociedad ecuatoriana (sanitaria, carcelaria, económica, política, social, etc), un desgobierno de esta laya pretende exigir que otros cumplan responsabilidades.  Pero, claro, son “responsabilidades” frente a los poderosos.  No podía ser de otra manera.  Y, por supuesto, muy diligente, el presidente de la Asamblea ha convocado a unas “mesas de trabajo interinstitucionales” para “revisar” el malhadado proyecto de ley. Ya sabemos a dónde conducen esas “mesas de trabajo” y qué se pacta tras bastidores. 

No, señores/as legisladores/as.  El que el desgobierno de Moreno haya convertido a la Constitución en un trapeador del “patrio trasero” en el que han convertido al Ecuador no les habilita a ustedes a seguir haciéndolo. Basta de basurear nuestra norma máxima de convivencia.  ¡Defiendan la Constitución!

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