Por Erika Sylva Charvet
Desde que el 24 de mayo de 2017 Moreno se instaló en Carondelet, una voluntad estatal coaligada y la energía de la casi totalidad de partidos y movimientos políticos comprometidos con la agenda neoliberal, se encaminaron a impedir el retorno del progresismo al gobierno de los/as ecuatorianos/as en las elecciones de 2021. Dada la enorme capacidad de recursos económicos, creyeron que tendrían asegurado ese objetivo estratégico. Sin embargo, desde el inicio se toparon con imprevistos: resistencia electoral de la corriente progresista (2018, 2019) y resistencia social al modelo neoliberal impulsado por el gobierno y sus aliados, que estalló en octubre de 2019. En ese marco debe entenderse la intensificación del bloqueo a su participación en las elecciones presidenciales de 2021 que incluso amenazó con la no calificación e inscripción de sus candidaturas.
El triunfo del binomio Arauz-Rabascall que se veía venir en la primera vuelta electoral del 7 de febrero, era una derrota anunciada que debía impedirse a toda costa, abriendo otro capítulo en la acción coaligada de la entente neoliberal-reaccionaria pilotada desde Washington. Por una parte, se expresó en la dispersión visible de la oferta electoral en dieciséis candidaturas orientadas a reducir el caudal de votos a favor del “correísmo”, como lo expresara taxativamente Hervas un día después de las elecciones (PU, 8-02-2021). Pero, por otra parte, y de modo más importante, en los mecanismos invisibles del “fraude sistémico”, así denominado por Rafael Quintero en su artículo titulado “El Ecuador y la trama del fraude en una democracia sitiada” (2021). Sobre la base de una comparación de la demografía electoral en cinco elecciones de primera vuelta presidencial entre 2006-2021, el autor concluye que “… el sinnúmero de mecanismos orientados a restringir la participación electoral [en 2021] se desplegó –disminuyendo el número de votantes y aumentando el número de votos blanco y nulos que juntos podrían llegar a un millón 500 mil electores, de los cuales el binomio Arauz-Rabascall fácilmente hubiese alcanzado 450 mil votos adicionales para completar el 40% de la votación en la I Vuelta. Esto, sin duda, cambiaba los resultados electorales sin perjudicar al binomio de UNES, no robándole sus votos, sino poniendo cortapisas en los caminos de sus simpatizantes que iban a tributarle electoralmente. Así, se evitó que éste solo logre su victoria en esos comicios de I Vuelta, tal como se pronosticaba en los resultados de todas las encuestas, salvo la contratada por el principal contendor” (Correos del Alba, 2021:14).
De cara a la segunda vuelta, el eje de gravitación de la coyuntura sigue siendo la disputa de dos proyectos políticos (el progresista vs el neoliberal-reaccionario) frente a cuyo dilema se despliega la misma coalición de fuerzas estatales y societales que proclaman sin tapujos su voluntad decidida de impedir el retorno del primero, calificado con los peores epítetos, como para justificar incluso su negación de la voluntad popular. Nada de lo que ocurre en el momento actual puede leerse al margen de esta disputa fundamental. Por ello, cabe plantearse preguntas en torno a los distintos acontecimientos que están sucediendo.
Con los resultados proclamados por el CNE la madrugada del 21 de febrero, ¿puede creerse que el paro nacional progresivo anunciado el 26 de febrero por algunos grupos indígenas que reclaman la ubicación de Pérez como ganador sin más, tenga alguna consistencia legal y ética? ¿Qué es lo que busca realmente el proclamado candidato ganador por la embajada estadounidense? Sin duda, minar la legitimidad del proceso electoral que para él solo podrá lograrse siempre y cuando conste en la papeleta del balotaje -no solo en segundo, sino en primer lugar-, y así justificar acciones de calentamiento de calles que contribuyan a perfilar escenarios de desestabilización.
El siniestro anuncio hecho por el propio Pérez, a modo de vocero de las operaciones encubiertas del Departamento de Estado de EEUU y su socio, el narco-terrorista Estado colombiano, -algo impensable en otro momento histórico de boca de un dirigente indígena candidato del antes contestatario M. Pachakutik-, de que la candidatura deAndrés Arauz «va a caer» debido a las “certezas” documentales entregadas por el Fiscal de Colombia a la de Ecuador, y “si no cae … antes de las elecciones, antes de abril, luego va a caer por haber recibido dineros ilícitos de la narcopolítica. Eso va a pasar…” (Vistazo, 26-02-2021), evidencia la otra arista del escenario desestabilizador: el injerencismo extranjero vinculado a los poderes estales y a las fuerzas políticas y sociales criollas, incluidas las de rostro indígena.
A esto debe añadirse el clima de zozobra, violencia e incertidumbre en el que el desgobierno de Moreno ha sumido al país en todos los ámbitos. La crisis sanitaria que sigue extendiéndose debido a la desidia gubernamental, ¿acaso busca ser manipulada para declarar un nuevo estado de excepción orientado a impedir la segunda vuelta? Igual de preocupante es la nueva crisis carcelaria desatada el 23 de febrero de 2021 en Guayaquil, Cuenca y Latacunga que arrojó un total de 78 privados de libertad asesinados. De acuerdo a las conclusiones del informe de la Defensoría del Pueblo (abril 2019) ésta ya venía anunciándose desde 2018, año en el que se contabilizaron 22 muertes violentas en las cárceles del país. En 2019 y 2020 se produjeron varios cruentos amotinamientos que arrojaron decenas de privados de libertad asesinados, obligando al gobierno a decretar el estado de excepción en las cárceles, medida que, por lo visto, no contribuyó a resolver los problemas.
La declaración del asambleísta José Serrano en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional en torno a la reciente crisis carcelaria de que “…desde hace 15 días, las autoridades conocían que los amotinamientos se iban a dar, pero no hicieron nada: ‘Parecería ser que se buscaba que estas bandas se tiren a matar dentro de las cárceles sin medir el impacto que tiene sobre la ciudadanía’” (Pichincha Universal, 26-02-2021), es una gravísima denuncia que plantea una pregunta insoslayable: ¿Por qué el gobierno de Moreno buscaba esto? ¿Por qué precisamente en este proceso electoral tan amenazado por tantos flancos?
En este marco, no puede dejar de considerarse la hipótesis de Fidel Narváez en torno a este acontecimiento en su entrevista con Mohammed Elmaazi: “El hecho de que tan violento evento sucedió en diferentes prisiones ecuatorianas, algo que nunca antes había sucedido en Ecuador, podría ser usado y podría\ extenderse a una violencia fuera de las prisiones y llegar a un escenario extremo en el que el gobierno podría declarar un estado de emergencia y, básicamente, ya sea posponer las elecciones indefinidamente o cancelarlas y convocar a unas nuevas […..] Esto puede sonar muy extremo pero es algo sobre lo que debemos alertar […] Si un estado de emergencia es declarado, esto podría ser usado para interferir en las elecciones” (Elmaazi, 2021).
Sin duda, la candidatura progresista de Arauz-Rabascall seguirá enfrentando las peligrosas minas puestas en su camino por la variopinta entente derechista neoliberal, esta vez, traducidas en distintas estrategias de desestabilización que buscan impedir su triunfo en la segunda vuelta electoral del 11 de abril. Pese a todas estas maniobras ilegítimas, la resistencia progresista y antineoliberal, ya enraizada en la sociedad, tendrá la última palabra, como la tuvo en las experiencias pasadas.
Quito, 28 de febrero de 2021