Hay una sustancial diferencia entre llegar al gobierno, con el apoyo popular, para servir a la ciudadanía y subir a Carondelet con el uso de ilegítimas artimañas, beneficiar a específicos grupos de poder y asaltar el erario nacional, patrimonio de los ecuatorianos.
Nuestro caso es suigéneris, porque el Presidente Lenin Moreno asumió la Primera Magistratura tras una legítima contienda electoral, enarbolando un plan de gobierno de corte eminentemente social y, a la vuelta de la esquina, traicionó a su pueblo para entregarse en brazos de la plutocracia y liderar un régimen de corrupción sin precedentes en la historia nacional.
Analistas internacionales afirman que el pasado de corrupción, cuando ejerció la Vicepresidencia de la República, descubierto por el servicio secreto del FBI norteamericano, fue la palanca del chantaje para torcer el cuello a Moreno e inducirle a la artera cuchillada traidora con el fin de liquidar un proceso progresista y soberano.
El inusitado viraje ideológico y político, es en sí mismo es un acto de corrupción devenido, luego, en una sucesión de inmorales reincidencias monetarias, administrativas y políticas para terminar enredado con los famosos 18 millones de dólares, secretamente guardados en los paraísos fiscales y cifrados como INA papers, que la Fiscal General se niega a investigar.
La pandemia del Covid 19 y su implacable guadaña, responsable de asesinar a más de 30 mil ecuatorianos, sirvió de pretexto para negociados infames que salieron a la luz gracias a un accidente de avión, en cuyo interior fugaban implicados en ilícitos de las medicinas y develó la existencia de una verdadera mafia organizada desde los más altos niveles gubernamentales.
Las investigaciones y pruebas del proceso, ahora de dominio público, apuntan hacia la “rupturista” María Paula Romo y los famosos Bucaram como los líderes intelectuales y materiales del operativo. Obviamente, ninguno admite culpa, pero las verdades o las verdades a medias surgen cuando se enojan los compadres o hay un mal reparto.
Es el caso del ex Presidente Abdalá Bucaram. Sintiéndose acorralado, con un deshonroso grillete en su pierna y traicionado por la orden de detención contra sus “angelitos” prófugos de la justicia, increpó en los peores términos a su otrora cómplice en los suculentos negocios y denunció, además, la existencia de un cuaderno de 82 páginas probatorio de delitos cometidos por Lenin Moreno.
Entretanto, allá en la Penitenciaría del Litoral, el largo brazo de esa poderosa mafia, asesinaba al israelita Shy Dahan e intentó silenciar para siempre a Oren Sheinman, dos testigos claves guardianes de pruebas y testimonios de la participación de Jacobo Bucaram y otros actores, en el inhumano negocio de las medicinas, en medio de la mortal pandemia.
En ese ambiente de sórdida corrupción, al amparo y complicidad de los aparatos de control y justicia, asambleístas y burócratas de confianza del régimen resultaron protagonistas en la estructura delincuencial y vendieron sus votos para aprobar leyes en beneficio de cacos de “cuello blanco”, facilitándoles privatizaciones, negociaciones fraudulentas de deuda, evasión de impuestos, entre otros perjuicios al erario nacional.
En ese mar de pestilente cloaca, algunos colaboradores y usufructuarios del régimen iniciaron campañas electorales prometiendo construir un camino de honestidad, transparencia y de felicidad para los ecuatorianos. Uno de ellos es el banquero Guillermo Lasso, líder de CREO, cogobernante desde la Asamblea, coautor del desastre nacional, y reincidente en su sueño de lograr el apoyo popular.
No es la primera vez –vale recordar – que ayuda a destruir el país, mientras crecía su fortuna. Ya lo hizo como Ministro de Economía del ultraderechista Yamil Mahuad, en la crisis de los 90, con una secuela de hambre, miseria y muerte de desprevenidos ecuatorianos obligados a emigrar, en interminables y dolorosas caravanas, procurando rehacer sus vidas.
Alvaro Noboa, dueño de un emporio empresarial, incansable en sus ansias de ceñirse la banda presidencial, al grito de ¡Qué Chucha!, es otro de los reincidentes empeñado en llegar a Carondelet. Su aparente ingenuidad y hombre de pocas luces, motivo de sorna colectiva, compensa con astucia y visión negocios exitosos, “aunque sea honradamente”, según lo demostró al apropiarse truculentamente de la fortuna de sus hermanos.
El movimiento indígena también cree haber llegado la hora de acceder al solio presidencial, seguramente sin tomar en cuenta que los acuerdos con CREO de Lasso y las cuotas políticas en el “peor gobierno de la historia”, representan un alto costo político, incluso entre sus bases, atentas a las maniobras de la dirigencia de la CONAIE para archivar la precoz candidatura de Yacu Pérez y abrir las posibilidades a Jaime Vargas y Leonidas Iza, con riesgo de una irremediable división.
Por ahí se escucha los nombres de dos cuestionados personajes dedicados a organizar sus escasas huestes con miras electorales. El uno comenzó su vida pública liderando una ONG financiada con fondos del exterior y, el otro, tiene serias objeciones morales en el ejercicio de su profesión, y esas son de tal envergadura que llevó al ex Ministro de Industrias, Juan Falconí Puig, a decir de él: “ Es un hombre que cobra por callar y cobra por publicar”
Ellos y otros aliados del neoliberalismo gobiernista, como el propio Otto Sonnenholzner, candidatos a la competencia comicial, lo hacen con la perspectiva cierta de triunfo, porque en un acto de corrupción política, nada democrática, aplauden, apoyan y celebran la conspiración colectiva para eliminar del registro electoral a Compromiso Social, paraguas de la Revolución Ciudadana, liderada por Rafael Correa.
Las encuestas propias y ajenas asustan al gobierno porque, pese a la orquestada campaña acusatoria de corrupción contra Correa, Glass, entre otras personalidades de esa tienda política y la implacable persecución judicial, hasta hoy, no lograron demostrar pruebas concretas de los delitos imputados.
Y conste que pagaron costosos auditores internacionales con la preconcebida intención de encontrar robos o pilllerías para implicar a dirigentes de la Revolución Ciudadana, en tanto el autoritario autonombrado Contralor Pablo Celi, sin perder tiempo, contrató unos 400 expertos con la consigna de fabricar sanciones administrativas, civiles y penales contra los principales administradores de la “década ganada”.
Las dos únicas sentencias condenatorias – de más de 30 procesos – contra Correa, seguidas de un solícito pedido de difusión roja, a fin de que INTERPOL le capture, resultó un nuevo fiasco y afrenta para los venales jueces que debieron saborear la amargura de prestarse a sentenciar ilegalmente, en procesos amañados, tanto en el supuesto secuestro de Balda, como en el caso “Bochornos”.
En esas circunstancias, nació una nueva propuesta política liderada por Correa, llamada Unión por la Esperanza, dispuesta a enfrentar las ambiciones neoliberales de continuar en el poder y mantener el injusto estado de cosas.
Será el pueblo quien decida lo que le conviene y, aunque a los poderes reales y fácticos les moleste, tendrá para escoger entre una opción dedicada a beneficiar a las mayorías y, otra, históricamente entregada a dueños de vidas, bancos y haciendas.
RRL