Corte Constitucional avala pacto con Bolsonaro para la impunidad de Odebrecht

Ezequiel O. Salinas|

La Corte Constitucional dictaminó que los TBI como el firmado entre Moreno y Bolsonaro no requieren aprobación  de la Asamblea Nacional.

Hace pocos días, sin que nadie se de cuenta, la Corte Constitucional dio luz verde a un Tratado Bilateral de Protección de Inversiones entre Brasil y Ecuador, suscrito por representantes de los gobiernos de Moreno y Bolsonaro.

Es un acuerdo muy representativo de la época en la que vivimos. En primer lugar, lo único positivo: es un acuerdo que no permite que las empresas extranjeras puedan iniciar arbitrajes directamente en contra del Estado Ecuatoriano. Sin desmerecer los precedentes constitucionales de denuncias de TBI y las prefrencias que dará a empresas brasileñas por sobre las ecuatorianas, más que un logro del Ecuador, responde a la política histórica del Brasil de no tener ningún TBI vigente que incluya arbitraje empresa-estado.

Sin embargo, la ausencia de un TBI entre Ecuador y Brasil no ha impedido que en el pasado empresas estatales transnacionales como Petrobras o transnacionales privadas como Odebrecht inicien arbitrajes internacionales en contra del Estado Ecuatoriano. Tienen otras alternativas, Petrobras utilizó una subsidiaria argentina para arbitrar contra el Ecuador. Y Odebrecht utilizó una cláusula contractual para enfrentar al Ecuador.

En esta ocasión, el gobierno de Bolsonaro buscó firmar este TBI (¡en Nueva York!). Este acuerdo se enmarca dentro del paquete de negociación con Odebrecht que ocasionalmente el Procurador Íñigo Salvador informa a los medios. El TBI entrará en vigencia antes de finalizar el año, para coincidir con el plazo de la negociación con Odebrecht.

En varios otros países de América Latina, Odebrecht pactó con los procuradores para garantizar la impunidad de sus directivos y de su patrimonio. Es el caso de México o Perú.

En el Ecuador de Moreno, esto no fue la excepción. Incluso este pacto fue denunciado por el ex presidente de la Asamblea Nacional el día de su destitución.

Cuando no hubo pacto y las autoridades estatales sancionaron a Odebrecht, como en el caso de Colombia, la transnacional inició arbitrajes internacionales en contra del estado colombiano.

La corrupción de Odebrecht no solo se quedó en el soborno para ganar contratos. Sino en sobornar a árbitros de las cámaras de comercio para favorecerse. ¿Hay alguna duda que si Odebrecht sobornó árbitros y procuradores en Perú, no sobornaría a operadores de justicia ecuatorianos?

¿Por qué firmar un TBI con Brasil? Para que, en caso de que venga un nuevo gobierno que quiera deshacer el pacto de impunidad de Odebrecht, y sancionar a la empresa, sea el mismo estado brasileño el que pueda iniciar un arbitraje en contra del Estado Ecuatoriano.

Íñigo Salvador habla de obtener reparaciones de Odebrecht, pero la realidad es que Ecuador es uno de los pocos países que sí logró retener garantías y congelar cuentas de Odebrecht, durante el gobierno de Correa. Son $107 millones de recursos de Odebrecht que están retenidos en el Ecuador. El monto pudiera haber sido mucho mayor, pero durante el gobierno de Moreno, se autorizó que Odebrecht venda su participación en el Metro de Quito a la española Acciona, estimadas en 200 millones de dólares, dinero adicional que la Procuraduría – mediante su dictamen – autorizó que salga del país sin ningún problema.

Y la cereza del pastel, la Corte Constitucional dictaminó que los TBI como el firmado con Bolsonaro no requieren aprobación  de la Asamblea Nacional.