Era 1978, la Junta de Gobierno del último triunvirato , había anunciado al país el fin del período dictatorial y avanzaba en un proceso de transición para el retorno a la democracia. Para legitimar el proceso, conformaron tres comisiones jurídicas: la primera encargada de reformar la Constitución de 1968, la segunda encargada de redactar un nuevo proyecto de Constitución y la tercera, debía realizar reformas a la ley electoral y al sistema de partidos políticos para el proceso electoral que se celebraría meses después.
Como era de esperarse, la clase política tradicional del país, volcó su atención a la tercera comisión de juristas y propició la postulación de algunos de sus miembros a dicha comisión, la misma que e estuvo integrada por: Oswaldo Hurtado Larrea, Gonzalo González, Carlos Ponce, José Váquez, Cosme Otatti, Víctor Llore, Lenín Rosero, Ricardo Izurieta y Carlos Estrellas. Luego de meses de trabajo, la Comisión Jurídica reformó la ley de elecciones vigentes y el sistema de partidos políticos.
Por su lado, la oligarquía ecuatoriana veía con profunda preocupación el vertiginoso ascenso del líder del CFP, Assad Bucaram, quien se perfilaba como el más opcionado para ocupar el sillón de Carondelet. Se trataba de un político de raigambre popular públicamente contradictor del monopolio empresarial de los Partidos: Conservador y Social Cristiano abiertamente contestatario a León Febres Cordero y Jaime Nebot. Por ello, la oligarquía consideraba un riesgo su ascenso al poder.
Para hacer frente a Bucaram, el Partido Conservador, Partido Social Cristiano y la naciente Democracia Popular, establecieron una alianza, encaminada a la proscripción política de Assad Bucaram para evitar su candidatura presidencial. Bajo el asesoramiento de Julio César Trujillo, incidieron en el triunvirato dictatorial, para la expedición de un reglamento provisional de Elecciones que permitiera regular el proceso de retorno a la democracia.
El triunvirato, influido por la alianza oligárquica del país, expidió una serie de “Decretos Supremos”, orientados a regular el proceso electoral, lo que incluyó el nombramiento de Vocales del Tribunal Supremo Electoral, quienes meses después, intentaron impugnar las decisiones tomadas por el CFP en referencia a la elección de su directiva interna y, posteriormente, cuestionando la forma de designación de sus candidatos para las elecciones de 1978; casualmente, este era el partido de Assad Bucaram.
Sin embargo, la herramienta de proscripción política más importante, la dictó el propio triunvirato. Según investigación del periodista Robinson Robles, en 1978 el Consejo Supremo de Gobierno, emitió una resolución impidiendo la candidatura de Assad Bucaram, por sus orígenes libaneses, lo que exacerbó al líder cefepista. También se decretó la Ley de Elecciones, redactada por la Comisión Jurídica de Civiles que nombró la propia dictadura. En dicha ley se impidió participar en las elecciones a los políticos José María Velasco Ibarra, Carlos Julio Arosemena Monroy y Assad Bucaram. Aprobada en consulta popular, la Constitución de 1978, alteraron la voluntad popular exigiendo que “por esta vez” se requiriera ser hijo de padre y madre ecuatorianos para ser candidato a la Presidencia de la República, dejando fuera de la contienda electoral a Assad Bucaram.
Quizá por lo sistemática y vertiginosa estrategia promovida por la alianza conservadora y su incidencia en el triunvirato dictatorial, fue que el propio Assad Bucaram, sostuvo que el objetivo de estas acciones era su proscripción política para permitir el ascenso al poder del candidato conservador Sixto Durán Ballén, quien terminaría siendo derrotado en 1979, por el binomio presidencial de Jaime Roldos y Oswaldo Hurtado, que fueran auspiciados por el mismo CFP y por el mismo Bucaram, el que se convirtió en Presidente del Congreso Nacional con amplia mayoría.
Cuarenta años después, es curioso que nuevamente, las fuerzas conservadoras, se hayan agrupado desde el 2017, en una nueva alianza: el Partido Social Cristiano, encabezado ahora por Jaime Nebot, la Democracia Popular, reciclada en el partido del banquero Guillermo Lasso y la Ruptura de los 25, los responsables de joder al país en las primeras décadas del nuevo milenio y además cercanos al gobierno norteamericano, con el objetivo de proscribir políticamente al líder popular Rafael Correa Delgado, pretendiendo evitar su participación electoral en el 2021.
Con la misma estrategia que en 1978, pero con nuevo ropaje, recurrieron al asesoramiento jurídico del ya fallecido Julio César Trujillo, para que en complicidad con Lenín Moreno, promovieran una reforma constitucional con dos objetivos claros: el regreso del neoliberalismo al país y la cooptación de los organismos de control y electorales en manos de los partidos conservadores tradicionales y sus aliados; es decir la vuelta al país de finales de los 70.
La alianza conservadora, nuevamente cooptó al gobierno de turno, se apoderó de los organismos de control y de la función electoral, y con ello estableció mecanismos para la proscripción política de Rafael Correa: de la mano de la Fiscal y del poder Judicial, pretenden sentenciar penalmente a Rafael Correa; a través de la Función Electoral, negaron en tres ocasiones el registro de organizaciones políticas políticas promovidas por la Revolución Ciudadana y ahora, a través del Contralor Pablo Celi, se pretende eliminar del registro electoral a Compromiso Social, organización política que acogió a la militancia correísta; a esto se suma el intento de algunos consejeros electorales, por llegar incluso, a postergar el proceso electoral para garantizar la proscripción política de Rafael Correa.
Lo cierto es, que a todas luces, la alianza conservadora y el actual gobierno, miran a Rafael Correa con la misma o quizá con más preocupación que en 1978; les aterra nuevamente, que un gobierno popular vuelva al poder. Eso es quizá lo que tienen en común Assad Bucaram y Rafael Correa, promover proyectos políticos contestatarios y contrarios al proyecto oligárquico Ecuatoriano, propender a un desarrollo equitativo del país.
Las fuerzas conservadoras, tienen un nuevo caballo de batalla, parafraseando a Assad Bucaram, futbolísticamente hablando tienen dos equipos un principal y un suplente, el que promueve formalmente el PSC, con cinco precandidatos, de amplia trayectoria política y por otro lado, apuestan a la juventud, aunque ya desgastada imagen, de Otto Sonenholzner, como una apuesta a la nueva generación conservadora del país; este último quizá lo defienden con la misma vehemencia que en 1978 lo hacían con Duran Ballén. A ustedes estimados lectores, les corresponderá determinar quien es el jugador principal y quien el suplente de la reciclada alianza conservadora.