Por Carolina Andrade Quevedo
Durante la comparecencia de la ex ministra Romo, nuevamente se volvió a utilizar y exponer políticamente a la institucionalidad de la Policía Nacional del Ecuador. Afectando gravemente la confianza y transparencia del trabajo de esta institución, al colocarla como garante de su controversial “gestión política” en un gobierno con aceptación del 4%. Cabría preguntarse ¿Las Fuerzas Armadas del Ecuador estarían dispuestas a prestarse para algo parecido?
Este análisis no se concentrará en la gestión política de Romo sino en una apreciación seria del desarrollo institucional de la Policía Nacional durante los últimos años. En un ejercicio meramente técnico se analizará uno de los nueve objetivos estratégicos que la misma institución policial se planteó en su Plan Estratégico “Confianza y Transparencia 2017-2021”: el incrementar la confianza de la ciudadanía.
Se trata del enfoque estratégico cuatrienal de la Policía Nacional para orientar sus procesos agregadores de valor: preventivo, investigativo, de inteligencia, de apoyo y asesor. Un trabajo de planificación participativa que buscaba, analizar la realidad institucional desde el Alto Mando. Supuestamente, conectar la planificación de la Policía Nacional, a través de talleres en territorio con la percepción ciudadana, generar un diagnóstico participativo para identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, definir la misión, visión, valores, plantear objetivos estratégicos, y, elaborar un estudio prospectivo de la institución policial.
En 2018, el “Plan Confianza y Transparencia” proyectaba a la policía como la institución más confiable y líder de América Latina y el Caribe. Entre las principales fortalezas y oportunidades se identificaban: “la imagen institucional de servicio a la comunidad” y el “trabajo conjunto con autoridades y comunidad”. En definitiva, el pilar más estratégico para gestión de la seguridad ciudadana era la Policía Comunitaria – POCOL.
Policía Comunitaria:
Estrategia de Modernización de la Policía Nacional
A partir de los años 90, se comienza a difundir en América Latina un nuevo modelo de gestión de Policía Comunitaria. Una propuesta que buscó modernizar, renovar, el “modelo policial hegemónico en América Latina” que se constituyó en componente fundamental de la estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en la región. Un modelo caracterizado por constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos y corrupción, un crítico desprestigio institucional, un sentimiento ciudadano de descontrol y desprotección ante la violencia y el accionar delincuencial, así como una evidente desconexión con la comunidad.
En Ecuador, a partir del año 2003 se implementa el modelo de gestión de Policía Comunitaria en el Comando de Policía del Distrito Metropolitano de Quito. Pero no es sino en 2007 que este plan piloto se transforma en una estrategia nacional de reforma policial, a partir de la creación de la Comisión Modernizadora de la Policía Nacional del Ecuador. Esta decisión política marca un punto de inflexión que se sincronizaba con una ola de esfuerzos de democratización de los Estados en América Latina.
A partir de entonces, se plantean reformas que son incorporadas en la Constitución de 2008 y en la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de Personal. Así, la Constitución en su Art.158 prevé que “[…] la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional […] se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos […]” y en el Art.163 determina su misión constitucional “[…] atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional […]”.
Más tarde, estos cambios se vieron efectivamente reflejados en el nuevo Plan Estratégico de la Policía Nacional 2010-2014. Documento estratégico que planteó una nueva planificación operativa; un enfoque renovado en la relación policía y comunidad; una orientación eficaz al cumplimiento de metas, acciones preventivas y menos correctivas; y una evaluación permanente del trabajo de la fuerza pública.
Durante los siguientes años, la ejecución de esta estrategia se tradujo en niveles récords de inversión pública que pasó de 95 MMUSD entre 2000-2006 a 830 MMUSD entre 2007-2016. Esto a su vez se convirtió en una mejora salarial de policías recién graduados que pasó de 358 dólares en 2006 a 933 dólares en 2016, uno de los salarios más altos en América Latina. Además se instrumentó una mejora de las condiciones de vida de efectivos de la policía y sus familiares, pasando de 358 viviendas fiscales en 2006 a 930 en 2016 (Senplades, 2017).
En general, se fortaleció y modernizó las capacidades técnicas, humanas y operativas de los ejes: preventivo, investigativo e inteligencia.
Se apostó por la planificación y el diseño de políticas públicas integrales basadas en información estadística y georreferenciada del delito a nivel nacional y en tiempo real por el Sistema David. Se devolvió independencia a las investigaciones policiales contra la delincuencia organizada con el Proyecto Soberanía. Se constituyó, por primera vez en la historia, un organismo civil de Inteligencia Estratégica de Estado a cargo de coordinar el trabajo de todo el Sistema Nacional de Inteligencia.
En definitiva, se pasó del modelo de policía reactiva-represiva a un modelo de policía preventiva-comunitaria. Modelo reconocido como una de las transformaciones más relevantes de las instituciones policiales en la región en las últimas décadas, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo – BID.
En términos prácticos, este cambio de paradigma se tradujo en resultados tangibles para la seguridad ciudadana. Entre 2006 y 2016 la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes pasó de 17.79 a 5.7. La más baja en los últimos 15 años y la tercera más baja en América Latina.
El nuevo modelo de gestión de policía comunitaria se convirtió además en una estrategia fundamental para mejorar la confianza en la institución. Así, entre 2010-2014 esta pasó de 39% a 48.8% (BID) y en el año 2017 al 53% (Latinobarómetro). Ubicando a la Policía de Ecuador como la segunda con mayor confianza en la región después de Uruguay.
Aumento de la inseguridad, pérdida de confianza y Policía Represiva
Varias cosas han cambiado desde entonces. La confianza institucional de la Policía se ha visto gravemente afectada durante los últimos años. Según la última medición del Latinobarómetro, la confianza en la Policía era del 46% en 2018 – 7 puntos menos que en 2017 – y pasó de ser la segunda policía mejor evaluada a la sexta en América Latina, por detrás de Uruguay, Costa Rica, Chile, Colombia y Brasil.
Cabe recordar que los últimos datos comparables a nivel regional son anteriores a la ola de manifestaciones sociales y denuncias de uso excesivo de la fuerza, muertes y arrestos arbitrarios por parte de las instituciones policiales – y en algunos casos militares – en Ecuador, Colombia, Chile, Estados Unidos, Haití, Bolivia y, más reciente en Perú y Guatemala.
En el caso de Ecuador, se estima que el nivel de confianza de la policía al día de hoy habría vuelto a niveles anteriores a 2010. Es decir un retroceso de más de 10 años.
Esta situación crítica para la institucionalidad policial se ha visto además afectada por el aumento de la inseguridad y la violencia, en un contexto de crecientes desigualdades y una crisis económica anterior al COVID19. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC, al año 2019 en Ecuador se registraron 6.9 homicidios por cada 100 mil habitantes – un cambio de tendencia después de 10 años de disminución – y con una clara tendencia ascendente para fines de 2020.
Es claro que la pérdida de confianza en la institución policial se debe a una mala conducción política, así como una innecesaria y peligrosa politización. Los objetivos del “Plan Confianza y Transparencia” están lejos de haberse alcanzado. Contrariamente a lo proyectado, se ha debilitado la imagen institucional de servicio a la comunidad, la policía no es la institución pública más confiable ni tampoco líder en América Latina. El legado a la institucionalidad policial de los últimos años es haber pasado de un modelo de Policía Comunitaria a uno de Policía Represiva.
Ante esta crítica situación, diferentes respuestas se han planteado en la región. En algunos casos se propone cambios constitucionales, se plantea reformas legales e institucionales a las policías como una respuesta de reconciliación a las fracturas sociales (P. Ej. Chile). En otros casos, se mantiene una posición guiada por la desconexión entre quienes gobiernan y la población. Se insiste en encubrir las malas decisiones políticas y aplazar reformas estructurales necesarias que permitan construir sociedades más democráticas y soberanas.
La seguridad interna es un asunto y tan importante, que no solo se lo puede dejar en manos de la policía. Urge un debate amplio y serio.