La Constitución de 2008 marcó un antes y un después en la visión de la Seguridad del Estado para el Ecuador. Punto de partida para la construcción soberana de uno de los sistemas de Seguridad Pública y del Estado más vanguardista y progresista de América Latina y el Caribe.
Se dejó atrás el concepto caduco de “Seguridad Nacional” y se abrió el camino para construir un enfoque renovado y acorde a los nuevos desafíos globales, entorno al concepto de “Seguridad Integral”, conforme a los lineamientos de organismos como Naciones Unidas y siguiendo el ejemplo de países desarrollados, que hace rato entendieron que la seguridad no es sinónimo de represión.
El eufemismo de la ‘seguridad nacional’ no protege los intereses del Estado
En 1998, la Constitución reconocía en su capítulo sobre la Fuerza Pública, la organización de las Fuerzas Armadas “según las necesidades de la seguridad nacional” (Art. 183) y como una de las competencias del gobierno central a la “seguridad nacional” (Art. 226). De igual forma, se le otorgaba un reconocimiento constitucional al extinto Consejo de Seguridad Nacional – COSENA (Art. 189) como “organismo superior responsable de la defensa nacional”.
Este marco constitucional, por un lado, ratificó la supremacía y el poder de las Fuerzas Armadas en su forma más conservadora al interior del Estado, y por otro, dejó intacto el conjunto de ideas, principios básicos y misión institucional que habían orientado, con mayor fuerza desde los años sesenta y setenta, la conducción de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el Ecuador.
Una doctrina que probaba gozar de un carácter estratégico transversal y de largo alcance, que se mantenía intocable sobre cualquier cambio constitucional o tiempo electoral. Una visión clásica de seguridad nacional enfocada en prevenir y/o neutralizar amenazas a los Estados desde una perspectiva militar de guerra clásica y encargada de mantener el orden interno. La falsa dicotomía de enemigo interno y externo, propia de la Guerra Fría.
Sin embargo, más allá de los imperativos del sistema-mundo post Segunda Guerra Mundial, la ‘seguridad nacional’ se volvió un eufemismo para ocultar el verdadero objetivo: proteger el status quo que servía no solo a los objetivos de injerencia extranjera en América Latina y el Caribe, sino que principalmente servía a las estructuras económicas y de poder que se oponían a cualquier forma de modernización de la sociedad. Décadas después, se utilizó para asegurar la implementación del neoliberalismo y el aniquilamiento de toda forma de pensamiento político y económico alternativo en la región.
En 2008, una primera y gran batalla se lleva a cabo en Ecuador. Bajo un nuevo espíritu soberano y democrático, se incorpora en la nueva Constitución un enfoque que planteaba dejar atrás la doctrina e institucionalidad de seguridad nacional, así como las violaciones a los derechos humanos y libertades ciudadanas que le eran propias. Este enfoque se materializa empezando en el Artículo 3, cuando se reconoce como uno de los deberes primordiales del Estado “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”.
De la teoría a la práctica: Lecciones aprendidas
El nuevo enfoque de la Constitución 2008, plantea a la seguridad integral como un componente estratégico y central en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Régimen del Buen Vivir. Es decir, la seguridad ya no se ve como un objetivo autónomo y desarticulado, en manos de fuerzas de seguridad, sino como un aspecto transversal del accionar del Estado, repartido entre instituciones civiles, militares y policiales.
En términos prácticos, este cambio de paradigma orientó la construcción de una nueva institucionalidad. El replanteamiento de un marco legal y normativo, así como nuevas prioridades para la planificación estratégica sectorial y las agendas de políticas públicas del sector seguridad, defensa e inteligencia en Ecuador.
En septiembre de 2009, se aprueba la Ley de Seguridad Pública y del Estado que reemplaza a la anticuada Ley de Seguridad Nacional. Esta ley tiene como objetivo “regular la seguridad integral del Estado democrático de derechos […]” y crear el Sistema de Seguridad Pública y del Estado con un Consejo de Seguridad Pública y del Estado –COSEPE- como máxima instancia para asesorar y recomendar al Presidente de la República sobre políticas, planes y estrategias para la Seguridad Pública y del Estado. Es el punto de inicio de nueva institucionalidad que reemplazó lo que en su momento fue el viejo COSENA.
Este cambio de paradigma no estuvo exento de fuertes resistencias e intentos de boicot para impedir el desarrollo de nuevas prácticas, prioridades y estructuración de los órganos de seguridad, defensa e inteligencia. A pesar de los avances alcanzados en la última década para construir un enfoque de Seguridad Integral soberano y democrático, con pretexto de ‘desmontar las estructuras correístas’, en 2017 el gobierno de Moreno comienza el desmantelamiento tanto de los principios como de las prioridades del Sistema de Seguridad Pública y del Estado. Se reinicia un nuevo período de pérdida de soberanía.
Existen al menos dos momentos simbólicos en este desmantelamiento. El primero arranca con la decisión de eliminar el Ministerio Coordinador de Seguridad como una forma de “reducir el gasto público y disminuir el tamaño del Estado”. Este espacio era responsable de la elaboración de políticas públicas, de preparar el Plan Nacional de Seguridad Integral, la coordinación del Sistema de Seguridad Pública y del Estado, y preparar las propuestas de políticas públicas de seguridad pública y del Estado para el Presidente de la República y el COSEPE.
Nuevamente en términos prácticos, esta figura o quien haga sus veces como Consejero de Seguridad Integral del Estado permitía contar con una instancia de conducción y decisión política civil e independiente con capacidad de coordinar y articular el trabajo del Consejo Sectorial de Seguridad. Esta institucionalidad garantizaba un balance de poder, al mismo tiempo que aseguraba transparencia y rendición de cuentas. Permitía también intercambiar -institucionalmente hablando- experiencias y necesidades, sacando a la luz asuntos de interés nacional que normalmente son poco visibilizados cuando la seguridad está exclusivamente en manos de la policía o fuerzas armadas.
A partir del año 2018 estas funciones fueron trasladadas al Ministerio de Defensa con el GRAD. (sp), Oswaldo Jarrín, ex secretario del extinto COSENA. Un grave retroceso de casi medio siglo en cuanto a la construcción de una nueva visión de Seguridad Integral, así como en los esfuerzos por profesionalizar y consolidar una conducción democrática civil en el Sector Seguridad y Defensa. La seguridad deja de ser integral y cae en un enfoque desfasado, con prioridades caducas, incluso para la visión tradicional.
Las prioridades de seguridad nacional, dejaron de ser prioritarias. Una muestra de esto fue la triste anécdota del presidente, que se dormía durante las reuniones del COSEPE, mientras se trataba, por ejemplo, la situación de la frontera norte de Ecuador después del atentado en San Lorenzo.
La crisis COVID-19 ratifica la pertinencia de la seguridad integral
Más de medio siglo ha pasado alrededor de una disputa conceptual, doctrinaria e institucional para guiar la conducción y decisión política de la seguridad del Estado, no solo en Ecuador sino en América Latina y el Caribe. Muchos argumentan que las palabras no cuentan, que lo importante es el accionar.
La historia reciente nos muestra todo lo contrario. La construcción de la realidad social y política se estructura a través del uso de las palabras y el sentido que le damos. Esto toma más sentido en los temas estratégicos, donde tener claridad conceptual, permite tener objetivos también claros. La incapacidad de enfrentar la crisis del coronavirus, es prueba que la seguridad es integral y debe estar articulada más allá de la visión clásica.
Quienes hoy dirigen estas áreas estratégicas y fueron parte de la caduca institucionalidad -que violó derechos humanos y nos condujo al subdesarrollo- han demostrado reiteradamente su incapacidad para construir un país de paz, democrático y soberano. Lo cual no significa solamente la ausencia de conflictos sino la construcción de sociedades más igualitarias e inclusivas. Ante la crisis del coronavirus también demostraron su incapacidad, ni siquiera en lo que se supone que es su fuerte: garantizar control sobre el espacio físico y la movilidad.
El fracaso no solo es nacional, sino regional. Más allá de las deficiencias que pudo haber tenido el sistema planteado por la Constitución 2008, resulta mucho más deseable que el enfoque actual imperante que viola derechos y reprime la protesta social en países como Ecuador, Chile y Colombia. Nada tienen que decir sobre la crisis sanitaria, representantes de las ‘fuerzas del orden’ porque sus propias limitantes conceptuales les impiden comprender una nueva realidad. Radical diferencia a la observada con países que han gestionado bien la crisis, desplegando a las fuerzas del orden pero con propósitos humanitarios.
Para dejar atrás esta realidad de ‘subdesarrollo’ intelectual, teórico y conceptual, se requiere apostar por nuevos liderazgos civiles para la conducción del sector seguridad y defensa, que trabaje de manera profesional y de la mano con fuerzas armadas y policía nacional. Solo de esta forma se garantizará un equilibrio de poder en la conducción soberana y democrática de los altos intereses de seguridad del estado, así como la defensa de los derechos humanos y la destreza necesaria para enfrentar los desafíos globales.
Suficiente tiempo se ha perdido y se necesita mirar hacia el futuro. La crisis mundial sin precedentes de la pandemia del COVID-19 no ha hecho sino ratificar la pertinencia de la visión de Seguridad Integral en el centro del funcionamiento del Sistema Seguridad Pública y del Estado. Especialmente entorno a la necesidad de que los Estados desarrollen capacidades holísticas de anticipación estratégica, que prioricen la protección de la vida ante presentes y futuras amenazas.