La pandemia del coronavirus nos ha enseñado que vivimos en un mundo altamente conectado, el problema es que “unos están más conectados que otros”.
Esto último es el caso, especialmente en el campo o las zonas rurales alejadas de los grandes centros urbanos o para poblaciones de bajos ingresos. Aquellos eslóganes de “quédate en casa” y los llamados a trabajar, estudiar y hacer negocios desde la computadora, fallan en entender que muchas veces no hay computadoras o celulares suficientes, la conexión al Internet no es de buena calidad o simplemente la ‘conectividad’ no llega a muchas zonas.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) así lo reconoce en uno de sus informes. A excepción de un puñado de países, el nivel de adopción y uso de tecnologías digitales en Latinoamérica y el Caribe es en general bajo en comparación al resto del mundo. Existe un rezago también en las capacidades para utilizar y desarrollar productos y servicios así como el sector de desarrollo software es débil y dificulta el desarrollo de soluciones digitales particulares a las necesidades de la región.
Queda claro que la cuarta revolución está en desarrollo y que Latinoamérica se está quedando atrás una vez más. Es necesario acelerar la transformación digital -proceso de digitalización de los procesos de producción- puesto que esto incide en aspectos económicos como la productividad o las oportunidades de empleo, aspectos sociales como la democratización y creación de confianza social o incluso particulares, como oportunidades de desarrollo personal y aprendizaje.
Digitalización como necesidad
La nueva sociedad y economía digital ofrece una serie de oportunidades impensables hasta hace poco. Una de las más evidentes es el acceso a la información en tiempo real, lo que en el campo implica tener conciencia de procesos como el clima o los precios de los productos para la mejor toma de decisiones. Otra menos conocida, pero muy difundida en otros ámbitos, es lo que se denomina ‘economía colaborativa’. Esta permite interactuar a los agentes de manera directa y actuar de manera conjunta e incremental para provecho recíproco.
Los ejemplos más claros de esto, son plataformas que facilitan el alquiler de viviendas, el acceso a transporte, el alquiler o préstamo de equipos. El Instituto Brookings estima que alrededor del 5% al 50% de los ingresos mundiales en los próximos 10 años vendrán de la mano de préstamos entre particulares (P2P), el empleo en línea, el alojamiento entre particulares, el transporte compartido y la gestión otros servicios telemáticos que incluyen educación, finanzas y asistencia médica.
La economía colaborativa no solo tiene valor desde una perspectiva de innovación y modernización de los procesos productivos, es también una alternativa accesible en un contexto de crisis donde su naturaleza -estructuras horizontales- posibilita el intercambio en caso de necesidad de manera ventajosa para las partes -véase como ejemplos las ventas vía Facebook u otras plataformas-. Basta observar los esfuerzos de coordinación orgánica en la población de cara de la pandemia para verificar esta realidad.
Sin embargo, para poder acceder a las oportunidades que se presentan, se requieren ciertos supuestos. En primer lugar la disposición a la adopción de la tecnología, asunto que de la mano del coronavirus existe sin cuestionamiento y se observa en aumento. Por otro lado, el acceso a los servicios de comunicación: esto se traduce en acceso al Internet y la calidad del mismo.
Papel del sector público
La banda ancha o un Internet de calidad, se presentan entonces como una necesidad social, económica y política -hasta geopolítica, si se considera el imperativo de competencia internacional-. En este sentido, entendiendo que las velocidades de adopción de la tecnología y la capacidad de disrupción de la misma, no son iguales entre sectores de la economía ni regiones de los países, es imprescindible una política estatal de fomento a la digitalización.
Las políticas públicas de desarrollo digital deben partir por entender que existen ciertas áreas, que por su demanda en términos de mercado, no se desarrollan a la par que los grandes centros urbanos con poder adquisitivo. El asegurar infraestructura de comunicaciones como la banda ancha e inclusión digital, resulta ineludible si es que se quiere lograr un progreso equilibrado en la digitalización de los países. Esta apuesta no debe verse como un gasto, puesto que toda inversión en la materia genera beneficios autónomos -de la mano de particulares- y también reducción de costos para las instituciones de los Estados.
El Banco Mundial estima que un incremento del 10% en la penetración de banda ancha lleva asociado un crecimiento de 1,38% en el PIB de los países de ingresos bajos. En el caso de Latinoamérica el BID estima que un aumento del 10% en la penetración de banda ancha en América Latina y el Caribe, provoca un alza de un 3,19% del PIB y del 2,61% en la productividad, a más de la creación de alrededor de 67.000 empleos directos.
En este sentido, resulta oportuno reparar en los procesos de digitalización llevados a cabo en Estonia, país que a pesar de tener una población reducida y venir de un contexto económico y político complejo, ha logado implementar tecnología de avanzada debido a una toma de decisión política oportuna.
En Estonia, el 88% de la población tiene computadoras en casa y un 86% acceso a banda ancha, esto le ha permitido desarrollar al sector público una serie de servicios -eficientes y de bajo costo- que van desde un documento de identidad digital que permite realizar trámites públicos, hasta constituir una compañía en tan solo 3 horas o realizar una declaración de impuestos en 3 minutos.
Los beneficios para el sector privado son también evidentes, 99.6% de todas las transacciones bancarias son electrónicas, el 98% de las prescripciones médicas se hacen en línea y el país tiene más empresas emergentes de tecnología –Start Ups– per cápita que el resto de Europa.
Si bien la realidad latinoamericana es diferente a las condiciones iniciales de Estonia, hay desafíos que son comunes y lecciones que pueden ser incorporadas en nuestros países. Para empezar, entender que la digitalización ya no es una opción sino una necesidad y que cualquier implementación que se realice debe incorporar un criterio de fomento del Estado, porque el sector privado no puede responder en ciertos sectores del mercado.
En segundo lugar, la digitalización facilita las operaciones del Estado y particulares, y de particulares entre ellos. O en otras palabras, facilita y promueve interacciones que agregan valor, a bajo costo, ahorrando tiempo y dinero. Por lo tanto, una inversión en este sector no constituye gasto sino una apuesta con beneficios asegurados.
Por último, las políticas de desarrollo digital son transversales -responden a la naturaleza libre del Internet- por lo que el conjunto de la sociedad y sus ámbitos se ve beneficiada, diferenciándose de otras políticas como subsidios donde el beneficio se focaliza en un sector o se diluye en quienes quizá no lo necesitan. La banda ancha y la digitalización potencian a todos los sectores. Es decir, se trata de una verdadera política de beneficio universal, general y no-discriminatorio, reduce la desigualdad y aumenta las oportunidades para la totalidad de la sociedad.
Incluso se puede observar un componente ético: una sociedad que garantiza acceso al mundo digital, es una sociedad que promueve el acceso a la información, la transparencia, la igualdad de oportunidades y la equidad. En definitiva… la democracia.
A modo de conclusión, se puede decir que el coronavirus ha sido el gran catalizador de la digitalización que estaba en marcha; y que esta, como necesidad, no puede ser dejada de lado. Es hora de que los políticos y los gobiernos de la región entiendan que promover políticas de desarrollo digital es un imperativo independientemente del espectro político al que pertenezcan.
Ya sea desde una perspectiva social de equidad y justica o desde una perspectiva económica de eficiencia y competitividad, el garantizar acceso a Internet de calidad y acelerar el proceso de digitalización constituyen una excelente apuesta para los países de la región.