Del caos controlado al fraude programado: ¿dictadura perfecta?

David Villamar|Política|

En años recientes las acusaciones de fraude electoral han sido un factor cada vez más frecuente en nuestro país. Por lo general reflejan disconformidad con resultados apretados y al ser una estrategia de los “malos perdedores” en sistemas democráticos poco institucionalizados, no resulta fácil determinar si tales acusaciones tienen o no un fundamentado serio. Más aún cuando éstas son magnificadas a conveniencia por los medios de comunicación como mecanismo para deslegitimar a los vencedores.

“La traición nunca prospera -decía John Harington- ¿cuál es la razón? Porque si prospera, nadie la llamará traición”. Lo mismo podemos decir de un fraude electoral: cuando se ejecuta razonablemente bien, nadie se atreverá a llamarlo fraude. Más aún si se ejecuta con la venia de los que detentan el poder de comunicarlo y evidenciarlo.

Asombra que la misma prensa que usó con virulencia la idea de fraude en las elecciones presidenciales de 2017, haya sido tan “mesurada” ante las irregularidades de las elecciones celebradas este 24 de marzo. Un ejemplo de esto lo dio el periodista Carlos Vera, quien en 2017 difundía mensajes denunciando un supuesto fraude (que habría favorecido a Lenín Moreno) con afirmaciones como “hubo indicios y evidencias de fraude”, “el CNE consumó un fraude…”, “está claro que solo un reclamo pacífico y masivo (…) trae rectificaciones ante fraude generalizado”, etc. Lo sorprendente es que el mismo Vera reconoció que las elecciones del domingo pasado tuvieron muchos menos mecanismos de contrastación y verificación que elecciones pasadas, pues, a las 17h06 del 24 de marzo, escribía: “a esta hora, ya teníamos exit poll creíbles, a las 18h30 una proyección sobre el 10% de datos reales y a las 20h00 el conteo rápido”. ¿Y a pesar de esto, saben cuántas referencias hizo Carlos Vera a la posibilidad de un fraude en estas elecciones? Cero. Ninguna. Otros representantes de los grandes medios de comunicación actuaron de modo similar.



Este es un buen indicativo de lo poco confiable que es la prensa cuando denuncia un fraude, pero también cuando no lo denuncia. Repasemos los hechos del día domingo: pese a que 6 o más entidades (entre personas naturales y jurídicas) estaban autorizadas para realizar encuestas a boca de urna (exit poll) y proporcionar resultados a las 17h00, ninguna publicó sus resultados, dejando a la ciudadanía en total incertidumbre. Un hecho similar ocurrió en 2009, cuando las distintas cadenas televisoras se negaron a comunicar los resultados de los exit poll en los que Rafael Correa había ganado la presidencia en una sola vuelta electoral, sentando un nefasto precedente de censura informativa ante resultados “poco gratos” a ojos de su línea editorial.

Pero la incertidumbre de estas elecciones no comenzó ni terminó con la ausencia de resultados de los exit poll. El CNE falló estrepitosamente en la organización de los comicios: a la falta de información oportuna se sumó la postergación sucesiva de los pronunciamientos de la presidenta del organismo, Diana Atamaint. Asimismo, los que intentamos informarnos a través de internet vimos la página web del CNE colapsar un sinnúmero de veces y subir información de manera evidentemente selectiva. Por último, la irresponsable -y quizá calculada- decisión de no disponer de un conteo rápido, terminó dejando al país en tinieblas: muchos fuimos a dormir con las certezas de unas tendencias y nos despertamos con otras. Pero hay que decirlo: el caos electoral empezó mucho antes del domingo.

Consideremos el tema crucial de estos comicios, que era la elección de los miembros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social –CPCCS-. Desde la función electoral se orquestaron diversas tentativas para boicotear y caotizar la elección (para vergüenza del gobierno, varios de estos, debidamente señalados en el informe preliminar de la Misión de Observadores de la OEA): el primero, derivado del Reglamento de Promoción de los Candidatos al CPCCS, en el que el CNE restringió el derecho de los candidatos para realizar campaña, estableciendo que éstos no recibirán presupuesto alguno, que el CNE será el único órgano que los promocione y que no podrán obtener ningún apoyo partidista.

A esto se sumó otro intento por sembrar el caos, con el cambio arbitrario e injustificado en la manera de contabilizar el voto nulo, que no fue definido ni aclarado por el CNE sino 24 horas antes del inicio de los comicios. Este intento tuvo al menos dos momentos:

  • El primer momento, el día martes 19 de marzo, cuando el consejero del CNE, Luis Verdesoto, presentó una moción para que el nulo se “equipare” al voto válido, lo que equivalía a multiplicar el voto nulo por siete. En efecto, refiriéndose a la anulación de las papeletas de hombres y de mujeres (cada una conteniendo 3 escaños), Verdesoto explicó: “Si un ecuatoriano anula las dos papeletas del CPCCS, tendría entonces 6 votos nulos, así debería contabilizarse”. A eso se añadía la posibilidad de anular la tercera papeleta (con un solo escaño), de donde se obtenía la mencionada multiplicación del nulo por 7. Este intento desvergonzado por forzar el triunfo del nulo a última hora, fracasó, en parte, por la contundente reacción de la ciudadanía en redes sociales, que se expresó masivamente en contra de esta violación a la norma electoral. Recordemos que está prohibido modificarla a menos de un año (no digamos una semana) de las elecciones.
  • El segundo momento fue preparado con antelación (desde la impresión de papeletas), pero ejecutado la mañana del sábado 23 de marzo, cuando Diana Atamaint explica, finalmente, que el voto nulo se contabilizaría sumando las papeletas anuladas. Nótese que no había razón técnica alguna para entregar 3 papeletas separadas. Bastaba una sola papeleta de tamaño mediano que contara con 3 secciones: una de hombres, una de mujeres y una de minorías. De ese modo, cada papeleta anulada habría correspondido a un voto nulo. Es así como siempre se ha contabilizado los votos nulos en elecciones pluripersonales; es así como se cuenta el nulo para concejales, asambleístas y juntas parroquiales. No obstante, al más puro estilo pinochetista, el actual CNE se salió con la suya, imponiendo la suma de las 3 papeletas, lo que en la práctica, multiplicó la cantidad de votos nulos por 3. Esto explica el que ahora politiqueros baratos salgan a hablar de una cifra récord de votos nulos para deslegitimar al CPCCS y apuntalar su plan de devolverle al legislativo la facultad de elegir a las autoridades de control.

Tal era el afán oficialista por sabotear y deslegitimar la elección que, a última hora, Julio César Trujillo realiza un imprudente e ilegal llamado a la ciudadanía para respaldar el voto nulo. A este respecto, el informe de la OEA de modo tajante indica que “existió una campaña que claramente movilizó recursos para el voto nulo”, y que “autoridades y actores políticos llamaron al voto nulo, incluso en periodo de silencio electoral, lo cual distorsionó la equidad en la elección”. Y por si todo esto no bastara, está además la taimada utilización de casilleros numerados para la difusión de candidatos. Numeración que -como también señala la OEA- nunca apareció en las papeletas, generando enorme confusión en los votantes.

Un punto aparte en la fabricación del caos merece la decisión antes señalada del CNE de no garantizar la realización de un conteo rápido. A diferencia de los exit poll, que están basados en información declarativa (es decir, lo que los votantes declaran que hicieron), el conteo rápido está basado en información real (una muestra aleatoria representativa de actas de escrutinio) con una altísima precisión y confiabilidad. En la práctica, un conteo rápido constituye un seguro estadístico anti fraude, pues cualquier discrepancia considerable entre los resultados oficiales y los de un conteo rápido técnico e independiente, sembraría serias dudas sobre la veracidad de los resultados.

A modo de ejemplo, recordemos que en las elecciones de abril de 2017, el país contó con 4 seguros (mecanismos de contrastación y verificación) frente a los resultados oficiales: 2 exit poll (Cedatos y Perfiles de opinión) y 2 conteos rápidos independientes (Participación Ciudadana y EPN). De estos, 3 coincidieron entre sí y refrendaron los resultados oficiales: se trata de los 2 conteos rápidos y el exit poll de Perfiles de opinión, que finalmente daban el triunfo a Moreno con un margen estrecho:

  • Perfiles de Opinión: 52.2% para Moreno y 47.8% para Lasso (muestra de 30.000 personas).
  • Participación Ciudadana: 50.8% para Moreno y 49,2% para Lasso (muestra de 300.000 personas).
  • EPN: 51.15% para Moreno y 48.85% para Lasso (muestra de 600.000 personas).

Los resultados oficiales coincidieron casi exactamente con los de la EPN: 51,16% de votos para Moreno, 48,84% para Lasso, evidenciando la importancia de disponer de una herramienta como el conteo rápido para garantizar la transparencia y oportunidad de la información pero también para minimizar la incertidumbre. En esa ocasión, solamente los resultados de Cedatos diferían de los demás: 53% para Lasso y 47% para Moreno (muestra de 36.000 personas).

Como puede verse, la mayoría de seguros implementados en 2017 contribuyó cabalmente a informar de modo veraz y oportuno sobre los resultados electorales. En este punto, muchos se preguntarán: ¿entonces, por qué la nube de dudas que ensombreció esas elecciones, si solo uno de 4 mecanismos de verificación (Cedatos) falló? Hubo al menos 4 elementos en ese sentido:

  • El primero, la irresponsable actitud de los medios privados de abanderar uno solo de los mecanismos de contrastación (el exit poll de Cedatos) haciendo caso omiso de los demás seguros y en particular, de los resultados oficiales.
  • Luego, la imprudente reacción de Guillermo Lasso de declararse ganador pese a la existencia de resultados contradictorios, sin esperar a conocer los resultados oficiales.
  • Además, la ya referida intención de la prensa de crear la percepción de fraude en la opinión pública, como tan claramente ejemplificara la posición de Carlos Vera.
  • Y por último, la inexplicable vacilación de Participación Ciudadana, al negarse a difundir sus resultados, anunciando un empate técnico pero sin especificar detalles, pese a que la dirección de sus cifras coincidía con las de Perfiles de opinión y las de EPN.

El domingo 24 de marzo tuvimos, de cierto modo, un escenario opuesto al descrito: no hubo ni un solo mecanismo de contrastación y verificación, pero ningún medio salió a denunciar un posible fraude…

La ausencia de conteo rápido, el silencio de los exit poll (con el referido antecedente de la censura informativa de 2009), el fracaso de los sistemas informáticos del CNE, la manera selectiva de subir las actas escrutadas, y el caos controlado por el CNE a través de las operaciones quirúrgicas de boicot mencionadas, lleva a plantearse seriamente dos preguntas: ¿No será que los más beneficiados de pescar a río revuelto, son justamente los que agitaron las aguas? ¿Quién puede salir más beneficiado de una situación de caos que aquél que fragua y controla el caos?

Los funcionarios del gobierno de Moreno, ya sea vía CPCCS-Transitorio, o sea vía CNE (ambos, órganos escogidos a dedo) hicieron lo imposible por alterar la transparencia del procesos electoral. Ahora sabemos el por qué: los resultados obtenidos por la Revolución Ciudadana, pese a no contar con una estructura partidista nacional, pese a la campaña permanente de desprestigio dirigida desde Carondelet, pese a los intentos de impedir su participación en estos comicios, asombraron a más de un analista. Es evidente que Moreno estaba informado (a través de encuestas, por ejemplo) de estos posibles resultados y movilizó todo el aparataje del Estado para impedir que los candidatos que iban a promover la revisión y fiscalización del Trujillato, lleguen al Consejo. Esta posibilidad nos lleva a plantearnos con absoluta seriedad una serie de interrogantes:

  • ¿Si se manipuló todo el aparataje institucional, sin miedo a los observadores y sin cuidar el costo político, qué evita que se haya hecho lo propio para manipular los sistemas informáticos del CNE?
  • ¿Por qué las repetidas caídas del sistema informático fueron de la mano con los cambios de tendencia en los candidatos calificados por la prensa como “correístas”?
  • ¿Por qué no se empezó a ingresar las actas del CPCCS hasta casi las 23h00 del domingo 24 de marzo? ¿Fue acaso para identificar en los votos seccionales dónde estaban los bastiones correístas, para atrasar el ingreso de actas de esas localidades y forzar tendencias adulteradas, con el fin de ganar tiempo para poder acomodar los resultados?
  • ¿Cómo es que Yunda logra la alcaldía de Quito con apenas 3 concejalías, mientras la lista 5 pierde la alcaldía con 9 concejalías? ¿Es eso razonable?
  • ¿Por qué a la 01:15 a.m. del lunes 25 de marzo se contaban 5.8% de actas procesadas para la alcaldía de Guayaquil, pero 0% de actas procesadas para la alcaldía de Quito?
  • ¿Por qué el sospechoso silencio de los 6 exit poll autorizados para difundir resultados (uno de los cuales es la encuestadora Market, de Blasco Peñaherrera)?
  • ¿Por qué se prescindió del conteo rápido? ¿Fue acaso para no tener que lidiar con camisas de fuerza estadísticas? ¿Se lo hizo pensando en que los amplios márgenes de diferencia a favor de “ciertos candidatos” complicarían la adulteración de resultados si dichos márgenes aparecían en las cifras del conteo rápido?
  • ¿Por qué Nebot no apoyó la tesis del nulo de sus amigos Moreno y Trujillo? ¿Fue acaso porque su influencia sobre el CNE le garantizaba un control directo del CPCCS vía manipulación de los resultados?

Por último, es importante resaltar que al plantear esta batería de interrogantes no pretendemos en lo absoluto caer en lo mismo que criticamos: aquí no estamos negando resultados observables de los mecanismos de contrastación para así alimentar una teoría conspirativa sin fundamento. Todo lo contrario: dada la ausencia absoluta de mecanismos de verificación y el caos propiciado y controlado desde el gobierno, consideramos un imperativo moral ante el país y la ciudadanía plantearnos estas interrogantes. Si estamos lejos de la verdad, es muy fácil desmentirnos: el gobierno debe permitir la realización de auditorías informáticas independientes, y debe publicar cuánto antes (como en anteriores elecciones) las bases de datos consolidadas de estos comicios, para que se puedan realizar análisis de consistencia del voto de los distintos movimientos.

Las múltiples irregularidades observadas en la consulta popular del 4 de febrero de 2018, así como las observadas el 24 de marzo de 2019 (todas ellas detalladas en los informes de la OEA), más que un llamado de atención, deben tomarse como una señal de alarma. El discurso bobo que busca posicionar al anterior gobierno como culpable de todos los males, y corruptor de todos los estándares (por ejemplo: “Correa hacía cosas peores”), nos está llevando hacia la desinstitucionalización acelerada de nuestro país y con ella hacia la consolidación silenciosa e indetenible de la dictadura perfecta.