La democracia suramericana atraviesa un momento de fuerte convulsión y el horizonte presenta nubarrones. Esta situación no es nueva, ya que, tuvo su primera prueba piloto en Brasil con la denominada Operación Lava Jato.
Esa investigación comandada por Sergio Moro partió de bases reales de corrupción pero se convirtió en una mecanismo de persecución del Partido de los Trabajadores y específicamente del expresidente, Luiz Inazio Lula Da Silva, quien terminó preso e inhabilitado para ser candidato en un contexto en el cual lideraba la mayoría de las encuestas. El resultado fue la llegada al poder de Jair Bolsonaro, el resto lo conocemos.
Ese mismo método, que algunos llaman «lawfare» se repitió en varios países de la región y se caracterizaron por ex presidentes investigados por jueces o fiscales de alto perfil con un discurso anti-política que profundizó la crisis de representación. Ahora, estamos en presencia de dos casos que deben ser mirados con mucha atención dada la importancia de los próximos procesos electorales: Ecuador y Bolivia
Operativo descorreizar Ecuador
Luego de Brasil, Ecuador es otro caso en el que se observa una fuerte ofensiva judicial contra la oposición alimentada desde el seno del gobierno. Esto comenzó en febrero de 2018 en donde el presidente, Lenin Moreno, luego de divorciarse de Rafael Correa, convocó a un referéndum en donde prohibía la postulación a quien ya ejerció dos mandatos consecutivos. En otra palabras, la victoriosa consulta popular apoyada por el oficialismo y todos los partidos de derecha eliminó la posibilidad de una candidatura de Rafael Correa en 2021.
Eso no terminó ahí. La fiscalía Diana Salazar y la jueza Daniella Camacho se convirtieron en las enemigas numero uno del expresidente dando luz verde a las acusaciones y ordenando prisión preventiva. Las dos causas que más avanzaron son las más insólitas y ponen a Correa como actor de un supuesto secuestro de un diputado opositor en Colombia y la otra es un calco de los «Cuadernos de la Corrupción» de Argentina pero en versión libreta de unaex secretaria privada que anotó, en un viaje en 2018 en el que tuvo un lapsus de memoria, todos los sobornos que habría autorizado el gobierno de Correa en 2012.
La persecución continuó durante las protestas de octubre del año pasado cuando en medio de la revuelta, Lenin Moreno acusó a los dirigentes cercanos aRafael Correa, Paola Pabon, Virgilio Hernández, Gabriela Rivadeniera y Ricardo Patiño de estar orquestando un golpe de estado. El resultado fue alarmante: los dos primeros terminaron detenidos y los otros dos tuvieron que exiliarse a México donde continuan asilados.
El recorrido nos lleva a la decisión del Consejo Nacional Electoral de inhabilitar a Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, la fuerza política que cobijó al correísimo luego de la ruptura con Alianza País. En una reciente entrevista con Resumen del Sur, el abogado y ex asambleísta, Virgilio Hernández explicó que “el informe dice que el CNE tiene que vigilar y supervisar el estatus legal de nuestro movimiento. El CNE analizó la situación legal y de acuerdo al código de la democracia, artículo 327 y 328, el Movimiento cuenta todos los requisitos para tener vida jurídica”. “No conforme con esto, la Contraloría abre una nueva auditoría de seguimiento a esas resoluciones y ahí plantea que debemos ser eliminado del registro electoral. Es una recomendación que no había estado nunca”, agregó.
En sus cuatro años de gestión, Lenin Moreno no tuvo ningún éxito para mostrar y difícilmente se lo recuerde por alguna política pública transformadora, lo que nadie puede negar es que dedicó toda su energía en eliminar todo vestigio que huela a Correa en su país. El propio Lenin Moreno manifestó su voluntad de descorreizar su gabinete pero parece que sus objetivos iban mas allá. ¿Hay vuelta atrás respecto de la inhabilitación?, le pregunté a una alta fuente del correísimo. «Tal vez una apelación o un milagro», me respondió.
El círculo se cierra con la decisión de la Corte Nacional deratificar la condena de 8 años de prisión por hechos de corrupción y, según el argumento de Diana Salazar, Correa lideró una “estructura jerárquica” para captar fondos de empresas contratistas del Estado por más de 7,5 millones de dólares para financiar algunas campañas electorales a cambio de la adjudicación contratos de obras de infraestructura.
Salazar, acusó sin pruebas al ex mandatario de haber dado las órdenes para que se cometiera el delito sin necesidad de participar directamente: “Todo estaba organizado desde arriba”, dijo en una justificación muy parecida a la utilizada con Lula en Brasil y Cristina en Argentina.
De esta manera, el escenario electoral del año que viene se encamina a realizarse sin la principal fuerza de oposición que obtuvo casi dos millones de votos en las elecciones regionales de 2018 y todas las encuestas la ubican en una segunda vuelta sin haber confirmado binomio.
Las maniobras de la derecha boliviana
Bolivia celebrará elecciones presidenciales en septiembre con el objetivo de normalizar en términos institucionales un país que entró en la anormalidad luego del golpe de estado contra Evo Morales en noviembre del año pasado. La llegada de Jeanine Añez al poder vino acompañado de una represión condenada por organismos de derechos humanos y una persecución feroz contra dirigentes del Movimiento Al Socialismo a quienes se los acusó de todo tipo de cargos. El propio Evo Morales tiene causas abiertas por terrorismo.
De todas formas, esto no fue suficiente ni para suspender las elecciones ni para correr al MAS del escenario electoral. La derecha radicalizada liderada por los presidentes de los Comités Cívicos de Santa Cruz y Potosí, Luis Fernando Camacho y Marcos Pumari, que fue clave para sacar a Morales del poder y sostener a Añez, no logró construir la unidad y se hunde en las encuestas.
Por eso, parecen estar diseñando una estrategia de la proscripción bajo el argumento de la violación del régimen electoral por una encuesta difundida por su candidato, Luis Arce Catacora. Una fuente ligada a los movimientos sociales bolivianos señaló a Enfoque Global que «la posibilidad de que proscriban al MAS por el tema de la declaración de Arce sobre las encuestas es baja. Por la naturaleza de la causal generaría mucho revuelo y sería muy riesgoso. Sin embargo, se ha posicionado el tema en la opinión pública a modo de prueba porque queda latente el tema de la posible proscripción por fraude». «Hay un ala del gobierno que está apostando a proscribir al MAS, la de Arturo Murillo, claro, mientras que otro quiere aliarse con Carlos Mesa. Ellos están discutiendo esto internamente», planteó.
En ese sentido, la presión de estos sectores se ha encontrado por el momento con un Tribunal Supremo Electoral que ha actuado de forma idónea, independiente y transparente que avanzó con el cronograma electoral a pesar de las pretensiones del gobierno de postérgalas. A diferencia de Ecuador, este es un punto que juega a favor para una relativa normalidad de los comicios venideros.
Por último, algo que puede ser útil para los objetivos de quienes quieren inhabilitar al MAS y condenar a sus dirigentes gira en torno a la situación de María Eugenia Choque, presidente del Tribunal Supremo Electoral hasta su detención luego del golpe y acusada y encarcelada por haber permitido un presunto fraude en las elecciones del 20 de octubre. Fuentes cercanas revelaron que «la están presionando para que diga algo que pueda terminar en un proceso. Ella está grande y con una situación de salud muy delicada».
Cuidar la democracia
Soplan vientos de tempestades en nuestra región y a nadie parece importarle. Lo que vemos en Ecuador y Bolivia es un ejemplo al que se le puede agregar lo que vemos todos los días en Brasil y las maniobras del gobierno de Nicolás Maduro para elegir integrantes, a través del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral de cara a los próximas elecciones legislativas y las graves denuncias de violación a los Derechos Humanos por parte del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que conduce la expresidente de Chile, Michelle Bachelet.
No se trata de hablar de un caso por encima del otro sino de abordar de manera profunda e integral la gravedad de los hechos que estamos presenciando y que ponen en jaque a un sistema democrático que creíamos sólido e impenetrable.
Una región dividida y sin liderazgo ni proyecto y el sistema global multilateral tironeado por las disputa entre las grandes potencias es testigo privilegiado de esta calamidad sin reparos ni voluntad de ser parte de una solución. Por eso, los organismos legitimados como Naciones Unidas tiene que poner el ojo antes de que sea tarde, ya que, por encima de las simpatías partidarias está la imperiosa necedad de cuidar la democracia.
Tomado de 0223.com.ar