Francisco Herrera*
En la nación es muy común que cuando estalla la denuncia por corrupción en lo público salten todas las alarmas para acusar y culpar. Pero, y nos está pasando, al descubrir lo corrupto en lo privado saltaron las complicidades para evitar el castigo, desde el silencio hasta la justificación cínica se usan para justificar lo ocurrido. Con los cobros indebidos del sistema financiero se está cometiendo un robo colectivo, una estafa masiva, pero denunciarlos solo sirve para que salten los encubrimientos y desprotejan al ciudadano para garantizar la impunidad. Mal síntoma de descomposición interna se nota en Ecuador, que tiene la rabia contenida a punto de explotar.
Una vez mas hay que explicar qué está pasando. Por una denuncia del periodista Mauricio Ayora “Caterva” se descubrió que los bancos, tarjetas de crédito y financieras, habían contratado con las empresas de seguros la adquisición cuasi obligatoria de seguros que debían pagar los clientes. Se inventaron un sistema de autorizaciones telefónicas indebidas, basadas en sorprender al usuario, abusando de la información que el mismo había entregado a estas entidades al abrir las cuentas, provocando con ello un perjuicio masivo impresionante.
El problema creció a día seguido al descubrirse que el negocio rentaba millones a las aseguradoras y en especial una, GEA Asistencia, de propiedad de Eduardo Jurado Secretario de la Presidencia de la República, de polémica actuación en este último tiempo, que es socio del abogado Carlos “Charlie” Pareja en una empresa ubicada en Panamá considerado paraíso fiscal por Ecuador, por lo que no podía ejercer cargo público según la consulta popular de febrero de 2017. Jurado aceptó tal sociedad y no renunció a su cargo. Peor se puso la cosa al saber que Ayora fue sancionado por TC Televisión, canal controlado por el estado, por los presuntos reclamos de las aseguradoras.
La gente acudió a sus archivos, estados de cuenta o documentos digitales para constatar que en efecto le estaba pasando lo mismo que lo denunciado, y supuestamente había autorizado para esos “cobros indebidos”. Que te descuenten de manera abusiva de la cuenta bancaria unos cuantos centavos, o grandes cantidades de dinero en dólares es al momento un tema del que la gente común ha comenzado a reclamar tras las debidas denuncias. Pero, el problema no es solo el descuento, sino que la población se siente víctima de una estafa, se sabe abusada en su confianza y que se aprovecharon de su credibilidad para timarle.
La reacción indignada de la población solo fue reflejada en las redes sociales y los medios digitales, a las cuales se fijó el espacio para presentar en forma masiva las denuncias de estos cobros indebidos denunciándose miles de casos, así como lo leen “miles” en una masa crítica que llegó al extremo de debatir con el banquero Fidel Egas del Banco Pichincha en agria polémica. La clase dirigente, los gremios o la sociedad civil no dieron ninguna respuesta y el tema se silenció en la gran prensa, mientras que el estado dio la impresión que desprotegía a sus ciudadanos.
El exhorto del presidente Lenin Moreno para que se actúe frente al hecho, que se solucionen los reclamos de los cobros indebidos y que se castiguen a quienes habían actuado incorrectamente fue tomado con sospecha y recelo por la nación ya que se dio la impresión que cayó en “saco roto”. A ello se debe sumar tan solo una sola de las reacciones de impacto en televisión y fue la frase “¡Nos están robando!” que fue pronunciada por Alfonso Espinosa de los Monteros, en el noticiero de Ecuavisa el lunes 15 de octubre, que al parecer sentenció la situación al ser uno de los voceros de opinión pública mas reconocidos el que ahora les acusaba de este delito.
Una tenue reacción salió de algunos bancos que se justificaron aduciendo que era un tema de las aseguradoras, que ellos solo habían facilitado los datos y sistema informático para hacer los descuentos, y que si hay reclamos deben ser individualizados, para que los reclamantes sean “de uno en uno” y con ello proceder a solucionar parcialmente el tema, al que se le quiso minimizar de esta forma. El gobierno capeó el temporal abriendo una cuenta de denuncia telefónica, la superintendencia de bancos dijo que este es un caso “grave” y emitió comunicados, mientras que la del control del poder del mercado puso una página web, todo para aplacar el escándalo y evitar el impacto financiero que este tema implica.
Si bien se puede lograr que les devuelvan el dinero descontado indebidamente a los usuarios, con demandas individuales, con lo que los bancos admitirían su culpabilidad en estos casos, el punto es que aquí se han cometido una serie de delitos que configuran un caso general de ESTAFA, que según el artículo 186.- señala contra la persona que, para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona, mediante la simulación de hechos falsos o la deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, induzca a error a otra, con el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Súmese a ello lo tipificado en el 187 del COIP conocido como ABUSO DE CONFIANZA
Insisto como dije la semana anterior frente al sistema financiero, particularizando el tema y con el uso de la tecnología, se debe entender que hay la comisión de varios delitos que se configuran para el caso; así:
Art. 190 del COIP es considerado como APROPIACIÓN FRAUDULENTA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS: “La persona que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de esta o de una tercera, en beneficio suyo o de otra persona” sancionado con una pena de cárcel entre uno a tres años.
Para la comisión de este delito se habría procedido de manera ilegal y sin la debida autorización al facilitar la base de datos personales o el historial de crédito contante en los archivos electrónicos desde las entidades financieras a las otras empresas, en provecho propio o de terceros, sin la autorización del cliente, con lo que se cometería el delito tipificado en el Art. 229 del COIP, que es castigado con uno a tres años de prisión, señalado como REVELACIÓN ILEGAL DE BASE DE DATOS. –
Al llamar a la persona con esos datos suyos y grabar sus conversaciones, enunciarle sus datos personales, o elementos contenidos en sustentos informáticos, y se lo haga sin su consentimiento o autorización se comete el delito tipificado en el COIP en el Art 178. Como VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD. que manda a la cárcel entre uno a tres años para quien opere de esta forma delictiva.
Entiéndase que estos son considerados DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA, es decir, que por el carácter masivo de tales cobros indebidos y que por las denuncias en redes sociales y medios de comunicación se constituyen en “noticias criminnis” que obligan a la intervención del Fiscal para investigar el perjuicio provocado, tanto a las personas sean estas naturales o jurídicas consideradas como autores o cómplices del delito, sean intelectuales o materiales, llevarles a juicio y obtener la sanción respectiva con la debida reparación de derechos violentados.
Por ello asombra tanta complicidad como la que, tras tres semanas de conflicto, el Fiscal General del Estado (e) Paúl Pérez Reyna, ha guardado tanto silencio. Su inacción frente al escándalo es inadmisible, su presumible negligencia no es justificable de ningún modo ya que el perjuicio es importante, es a muchos ciudadanos, es de alto volumen y con cifras que pueden resultar millonarias. La comparación hecha por los perjudicados con un “segundo feriado bancario” no deja de ser grave y la sensación de indignación por la desprotección va creciendo en aumento mientras el fiscal no actúa presumiendo que no lo hace porque es corrupción cometida íntegramente por el sector privado. Extraña además que el fiscal no actúe pese al exhorto del presidente Moreno Garcés que llama a castigar a los culpables de estos delitos, de lo que no ha hecho caso Pérez Reyna, por temor a que una actitud de desobediencia al sistema ponga en riesgo su aspiración a ser titularizado en el cargo.
Y la otra complicidad es de la Defensora del Pueblo (e) doctora Gina Benavidez, que hasta el momento no ha asumido ni una sola de las denuncias de este inmenso perjuicio y no las ha presentado en Fiscalía. ¿Será acaso que la mencionada funcionaria encargada ignora que entre sus funciones está la de proteger al consumidor abusado, perjudicado? Si lo sabe, entonces no se conoce por qué no actúa y denuncia guardando un silencio injustificado, como queriendo evitar todo perjuicio a todas las empresas del sistema que han causado tanto abuso. Al parecer su gran mérito para ser encargada como Defensora del Pueblo como lo definió el doctor JC Trujillo, fue ser “anticorreista”, que por lo visto no es suficiente para garantizar un desempeño digno y con cocimiento de causa. Aquí ha fallado indebidamente la doctora Benavidez y ya es tiempo que deje ese papel de presunta complicidad.
Por demás está decirlo, la autodenominada comisión nacional anticorrupción, encargada de promover los escándalos de denuncia por corrupción pública, ahora también se sube a este espectro de complicidad al callar sobre el sector privado, será por la relación con los seguros que tiene su presidente, que tampoco ha dicho nada al respecto. Con esta ausencia se han autodescalificado prontamente y no hablará hasta que pase el tiempo y se olviden las cosas bajo el amparo de la frase corrupta del “no hagas problema” con el que se arregla todo.
La “gran prensa” es otra presunta cómplice de este abuso. No quiere representar a la opinión pública y cumplir con su papel de denunciar o de enfrentarse al poder financiero. Por ello nada dice, en sus páginas esa noticia casi no existe y con ello se considera que el problema no ha pasado, sin repensarse que hay una corriente de indignación silenciada entre los ecuatorianos que nos sentimos robados, perjudicados y dañados tanto por el presunto robo como por la complicidad que mancha más a sus páginas, pantallas y voceros escandalosos que hoy son una especie de “chicos silencios” que callan y otorgan.
En el gobierno la complicidad es en cambio fruto del enfrentamiento interno, Eduardo Jurado propietario de GEA no renuncia a su cargo y el presidente Moreno, pese a saber que tiene dineros en paraísos fiscales no lo remueve de su puesto, desde donde dispara y enfrenta a sus acusadores sin el respeto a la debida legalidad. El presidente Moreno Garcés no está cuidando su entorno que se deteriora por estos temas y otros más, causando malestar sus propias filas.
Sería aconsejable que estos funcionarios actúen en protección de sus compatriotas para evitar que sean revictimizados, sea porque les robaron y sea porque se callaron. Peor no podemos estar (FHA).
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