Por Rodrigo Rangles Lara
La dolorosa realidad social, económica, política y ética está dejando al Ecuador en soletas, bajo el impulso del salvaje neoliberalismo emprendido con entusiasmo por los gobiernos del moreno-lassismo, cuyos líderes compiten, sin vergüenza alguna, en mitomanía, cleptomanía, indolencia, ineptitud y entreguismo.
El desempleo y subempleo cunden como plaga indetenible que lanza a la miseria al 51 por ciento de los 8.4 millones de la población económicamente activa; es decir, a más de cuatro millones 300 mil compatriotas, sumidos en la inalcanzable posibilidad de recibir ingresos necesarios para resolver los problemas básicos de la subsistencia.
Médicos, arquitectos, ingenieros, periodistas o profesionales de diversas áreas del conocimiento reparten sus currículos, como hojas volantes, con la esperanza de encontrar un trabajo, “en cualquier cosa”, sin importar el nivel de remuneración ni las condiciones laborales, muchas veces humillantes, de los empleadores.
Volvemos a sufrir la existencia de pueblos fantasmas, en la serranía ecuatoriana, donde se ve deambular ancianos y bebés, porque hasta niños de corta edad engrosan las filas de migrantes que, cuando logran vencer mil obstáculos y concretan su objetivo, nutren la economía nacional con jugosas remesas. Sólo el año pasado, aportaron con más de cuatro mil millones de dólares, cantidad largamente superior a la tan promovida inversión extranjera ofrecida en campaña.
Esa realidad lleva a sorna la afirmación gubernamental de haber creado 345 mil nuevas plazas de trabajo. ¿Será en el extranjero? Preguntan porque – a modo de ejemplo – más de tres mil médicos, enfermeras y auxiliares, cínicamente declarados “héroes” de la pandemia, fueron cesanteados en el último semestre y, los que aún quedan, soportan la falta crónica de insumos y medicinas básicas para atender la demanda de pacientes.
Los modernos hospitales y sofisticados equipos, herencia de la Revolución Ciudadana, están en franca destrucción por falta de mantenimiento o, inutilizados a propósito, para beneficiar a inescrupulosos empresarios de la salud, que están alertas del remate privatizador para llevarse, esos bienes, a precio de “gallina enferma”.
Las estadísticas oficiales afirman que la inflación subió al 1.5 por ciento, en febrero del 2022. ¿Habrán realizado los estudios en el Ecuador? Porque las facturas en centros comerciales, tiendas del barrio o en los mercados reflejan tres o cuatro veces ese anunciado porcentaje.
Desde el alza descontrolada de los precios de los carburantes, el dólar cada vez vale menos y los bienes y servicios suben de precio. A eso obedece que, hasta los maestros, aliados en su hora con Lasso, declararon huelga de hambre, cierran vías y protestan reclamando equiparación salarial o, desde otra perspectiva, los pequeños y medianos productores exigen, también beligerantes, los incumplidos precios de sustentación para evitar la quiebra.
La empobrecida población costeña, buena parte de ella arrepentida de haber votado por el banquero, mira con pena e indignación cómo, al iniciar un nuevo ciclo escolar, se esfumaron conquistas educativas para sus hijos. No sólo ven a sus críos acinados en improvisados espacios de sobrevivientes escuelas unidocentes o colegios inadecuados, sino que, ahora, deben costear útiles escolares, uniformes, refrigerios y, muy pronto, sufrirán con la exigencia de las impagables “cuotas voluntarias”, destinadas a suplir el abandono financiero gubernamental.
De las 50 modernas escuelas del milenio construidas en la “década ganada”, solo 22 están operativas, mientras las restantes 28 fueron abandonadas o desmontadas, poco a poco, en saqueos, debido a la negligencia de Moreno y Lasso, sin embargo – cosa de Ripley – la Contraloría del heredero de Celi, cinco años tarde, emitió glosas en claro acto de persecución a funcionarios del gobierno de Rafael Correa.
No otra actuación se puede esperar de los desprestigiados aparatos de control y justicia del Ecuador, cuyos máximos representantes son fervorosos inspiradores del lawfare, instrumento inmoral creado para perseguir a los opositores, sin importarles la burla de organismos internacionales, como Interpol o expertos de Naciones Unidas en derechos humanos y últimamente, pasar la vergüenza ante el gobierno de Bélgica que les negó la extradición de Rafael Correa, por ejercer una justicia amañada.
La corrupción campea en el Ecuador, por esa razón es bien traída la frase: “Donde se pone el dedo salta pus”, porque la contaminación es de tal envergadura que, cada día vivimos casos parecidos a los del ex contralor Carlos Polit, detenido en Estados Unidos por lavado de dinero; robo de toneladas de cocaína en bodegas policiales, evasión de impuestos, avioneta accidentada con misteriosos personajes policiales y no menos misteriosos acompañantes, tráfico de influencias de una expresidente de la Asamblea Nacional desertora de la Revolución Ciudadana y tantos otros.
No puede sorprendernos, entonces, que el ejemplo purulento irradiado desde las alturas de los diferentes poderes estatales, baje hacia otras esferas y toque al lumpen social, en las cárceles del país, escenarios de sangrientas luchas entre bandas delictivas enfrascadas en el control de territorios para garantizar sus fechorías que, luego de la última masacre en la penitenciaría de Santo Domingo de los Tsáchilas, deja un saldo de 380 asesinados, muchos heridos y un centenar de prófugos. La complicidad de guías y ejecutivos en esos criminales actos, reconocida oficialmente, lleva a inquerir: ¿Guerra de bandas o limpieza social?
Los ecuatorianos viven en ascuas esa indetenible ola delictiva, desatada desde el bajo mundo, con un dominio desbordante de la capacidad operativa de un Estado casi fallido, obra de los neoliberales, a tal punto de escuchar incrédulos, a Cintya Viteri, alcaldesa de Guayaquil, revelar que, para realizar obras en algunos barrios de esa ciudad porteña, debe pagar “vacunas” a bien organizadas bandas de malandros.
Dinero no falta para resolver tantas necesidades sociales y problemas estructurales. Gracias al inesperado incremento de los precios del petróleo, el gobierno aculó una reserva superior a los 10 mil millones de dólares. ¿Qué hace Lasso con ese dinero? Guarda para pagar a los agiotistas acreedores de la deuda externa. Su filosofía y corazón están con las élites económicas, los bancos y las transnacionales.
¿Obras? ¡Para qué! Si el pueblo le importa un reverendo rábano y la sumisión a sus amos fuereños llega al extremo de pedir permiso al Fondo Monetario Internacional para realizar cualquier proyecto. Es incapaz de mantener operativas las carreteras del país, abandona a su suerte el Registro Civil, destruye intencionalmente la telefónica nacional y, por supuesto, sueña con apropiarse del tan apetecido Banco del Pacífico, que disputa a dentelladas con su ex camarada Fidel Egas, deseoso de convertirse en el hegemón financiero y crear las condiciones adecuadas para asaltar los 30 mil millones de dólares de la Seguridad Social.
En esa guerra de poderosos banqueros quedó al descubierto, a ojos de ciudadanos desinformados, la verdadera razón de la lucha por el poder político, en la que juegan papel decisivo medios de comunicación y periodistas capaces de vender su alma y pluma al mismo diablo.
En esas circunstancias, asistimos a la defunción de la “Muerte Cruzada” y al nacimiento de la revocatoria del mandato, con un presidente de baja aprobación popular, pírrica credibilidad y sin deseos de gobernar en favor de las mayorías; especializado – eso sí – en demoler el estado ecuatoriano: su infraestructura física, la institucionalidad y la esperanza popular, convirtiendo al Ecuador en soletas.
Las políticas de Lasso muestran claramente su inclinación a beneficiar a las élites económicas, la banca y las transnacionales y un desprecio hacia el resto de la población que siente el abandono de sectores tan vitales como la salud, educación, producción y de servicios públicos.