Francisco Herrera Aráuz/EcuadorInmediato
En Ecuador se han producido una cascada de hechos, resoluciones, decisiones de estado y hasta llamados a las urnas, todo para acabar con todo lo que hizo el régimen anterior de gobierno, el de Rafael Correa Delgado y, al amparo de esta tendencia de opinión, la nación vive un autentica demolición de sus instituciones. Lo indebido de esto es, que cuenta con la actitud indiferente de la gran mayoría que no actúa ni dice nada, en acto de tolerancia cómplice que nunca sabe cómo termina y si sufrirá las consecuencias de lo permitido.
Bien se dice que “Si quieres que no se sepa la verdad, forma una comisión. Si no quieres responsabilidades ni responsables nombra encargados que nunca las asuman”. Lo dicho se está aplicando a rajatabla desde el pasado 24 de mayo de 2017, tanto que el cuadro dirigente para el manejo del estado, en su gran mayoría es encargado, mientras entre el griterío de algunos, se logra ocultar las verdades tanto como tapar las verdaderas razones por las cuales se están dando muchos hechos en la política nacional.
Miren ustedes como se conduce la nación en este momento: La vicepresidencia de la república saca a Glas y es encargada a María Vicuña; la función legislativa está presidida por un reemplazo del titular Serrano nombrando a Elizabeth Cabezas; el contralor Pablo Celi es subrogante en abuso de funciones de el mismo y de Pólit; el procurador Rafael Parreño está ahí en reemplazo; el Fiscal del Estado Carlos Baca pronto será destituido y, como también ha sido reemplazada Tania Romero que sería su lógica sustituta, el Consejo de la Judicatura se ve obligado a consultar ¿Cómo se da la subrogación en el ministerio público?; y como si fuese poco, la nación entrega por voto popular la fiscalización y juzgamiento de los funcionarios públicos a un consejo transitorio nombrado “a dedo”, el cual ordena parar todo proceso ordenado de concursos de méritos para la función judicial. El remate de todo este relajo se expone en la legislatura donde se legisla con comisiones especiales, demostrando la intolerancia que se tienen entre los mismos asambleístas. Para colmo, en una tensa situación de frontera se aduce que las fuerzas armadas están semi destruidas como justificativo para sus fallas en la operación en el terreno.
Una de las acusaciones mas críticas y duras contra el régimen anterior ha sido que el correismo dejó des institucionalizando al Ecuador, y por ello, se han adoptado medidas que buscan acabar con ese correismo. Sin embargo, lo más ilógico es hacer lo que el gobierno, la clase política dirigente y la oposición han hecho, actuar con violación a las leyes, violentar normas y procesos, sacar de los cargos a las personas, usurpar funciones aunque sea destruyendo documentos públicos, arrogarse poderes que no se les han dado, afectar a la moral de las personas acusándoles de todo tipo de delitos, faltas o inmoralidades abusando para ello de los micrófonos y pantallas de los medios de comunicación privados y públicos, donde se calumnia e injuria con su complicidad manifiesta. Es decir, ellos si están des institucionalizando al Ecuador, ¡Ellos!
Qué tipo de institucionalidad existe en una nación donde se violentan las leyes o se conducen las causas judiciales en forma irregular, como en el caso del exvicepresidente Jorge Glas. El tema es delicado, porque todavía los jueces, el fiscal y quien funge de acusador no explican: ¿Qué delito cometió el exmandatario? Y, peor aún: ¿Qué pruebas han presentado contra Glas? No hay respuestas, y el caso comienza a tomar dimensiones internacionales porque el diputado chileno Hugo Gutiérrez viene a exponer una verdad lacerante en el país. “A Jorge Glas se le acusa de un delito que no existe en la justicia penal ecuatoriana”, mientras el propio Papa Francisco expone una muy delicada posición favorable al reo al enviarle un rosario y sus plegarias. Simbólicamente hablando, el protocolo vaticano, tan estricto como es, se expresa de esta manera como un llamado de atención a la nación entera porque siente que ahí hay una injusticia.
La institucionalidad en una nación se mantiene bajo el estado de derecho, al amparo de la constitución y, con el estricto cumplimiento de las leyes a las que estamos sometidos gobernantes y gobernados. Si bien la voluntad popular es la norma fundamental para gobernar, no se puede llamar a que Ecuador vote con sufragio propio -como ocurrió el 4 de febrero de 2018 – para violentar esa constitución y las leyes. Lo diré una y otra vez, la consulta popular nunca tuvo informe de control constitucional, violó la constitución y la ley, por lo tanto, los efectos de un acto ilegal desde su origen son ilegales en su totalidad. Estamos viviendo eso.
Después de asistir a un espectáculo dantesco, que nos viene ofreciendo la legislatura desde el pasado 14 de mayo del año pasado, con retorno a la excresencia misma de la corrupción el de las mayorías móviles, con “hombre del maletín” y el manejo de cuotas de poder incluido, bien se puede decir que la Asamblea Nacional se ha constituido en el centro de la destrucción de la institucionalidad de la nación. Que detestable es la política sin ética. Mirar cómo se negocia en la legislatura y se violentan las normas y leyes como su propia ley orgánica legislativa, es motivo de cuestionante duro y serio: ¿Para qué sirve una Asamblea Nacional, que se reúne para violentar las leyes del País?, lo digo por todo, por los nombramientos, acuerdos, destituciones, amarres, ententes legislativas, el pacto de los baños, la destrucción de las comisiones, el boicot intolerante entre ellos para impedir las reuniones legislativas y la conformación de cualquier comisión especial que sirve para todo menos para respetar a la sociedad nacional. ¿Es eso un manejo institucional del estado? No, mil veces no.