Algunos tipos de organizaciones requieren que todos sus integrantes aporten algún tipo de recurso, sea material o económico en igual proporción o de acuerdo con la condición de cada uno, con el fin de lograr acciones u objetivos en pro de esta, pero, ¿qué sucede cuando alguno de sus miembros simplemente no quiere aportar? Difícilmente la organización podrá realizar esas acciones en beneficio de sí misma y de sus miembros.
La misma situación ocurre en un país en relación con los impuestos que cada ciudadano debe cumplir, estos son aportes que el estado, no solo como gobierno central sino como el conglomerado de personas necesita para poder financiar todos aquellos programas en función del bienestar de la ciudadanía. Pero ciertos sectores de la población, en su lógica, consideran que los impuestos significan un atraco o usurpación del Estado en sus finanzas, por ende, los consideran nefastos y lo apantallan como si fuera perjudicial para la economía de un país, por lo regular esta premisa es motivada siempre por ciertas élites que han estado acostumbradas a pagar menos impuestos o llegar al punto de evadirlos, ya que merma su principal meta que es acumular más y más capital.
¿Qué son los tributos?, el Código Tributario los define como los impuestos, tasas y contribuciones especiales, donde los primeros son aquellos aportes, y vale pena denotar el término “obligatorios”, en base a una disposición legal, a esta obligatoriedad están sujetos todos los ciudadanos nacidos o no en el Ecuador. (Código Tributario)
La recaudación tributaria entre el año 2000 y 2018, ha sido de alrededor de $ 160.889,15; por concepto de impuesto la renta (IR) fue de $ 45.925,22 y por impuesto al valor agregado (IVA), fue de $ 71.334,31, todo en millones de dólares.
Este punto es importante mencionarlo, pues el comportamiento de la recaudación en los últimos 18 años posee una tendencia creciente, es decir año a año la recaudación ha sido mayor, pero ¿cuál es la razón de esto, sobre todo en la década del gobierno del economista Rafael Correa? La razón es que la recaudación se instauró como una práctica normal, algo muy común en todo el mundo; fomentar una cultura tributaria, es recalar en la mente de cada persona el fiel cumplimiento de esta aportación que a la luz de la verdad es un deber ciudadano. Pero cierto sector, el de aquella población que se enfocaba más en el no pago o la evasión, ésta difícilmente puede ver con buenos ojos a esa cultura. Ese ha sido uno de los mayores problemas en cuanto a la recaudación. En el año 2009 Carlos Marx Carrasco, en ese tiempo director del Servicio de Rentas Internas (SRI), manifestó que la evasión “podría estar más o menos en 2.500 millones de dólares, (…)además señalo que tres de cada diez empresarios evaden impuestos” El Universo; en diciembre del 2017 el Servicio de Rentas Internas (SRI), manifiesta que “las deudas tributarias ascienden a más de $ 4.500 millones, de las cuales el 35% están firmes y el 65 % impugnadas, (…), del total de la deuda más del 44% corresponden a 151 grupos económicos, de estos solo 20 grupos económicos concentran el 90 % de la deuda” (Paz y Miño, 2017), lastimosamente esta es una práctica que se volvió común en nuestra sociedad, y peor aún que estos grupos económicos pretendan instaurarlas, haciéndolas pasar como algo beneficioso para la economía del país.
La ley de Fomento Productivo publicada mediante registro oficial suplemento 309 del 21 de agosto de 2018, es una clara muestra de la acción directa del gobierno del presidente Lenín Moreno por convertir aquella mala práctica empresarial como normal; esta ley expresa claramente en su sección primera, la “remisión de intereses, multas y recargos de obligaciones tributarias, fiscales y aduaneras” (LFP), con esto muchos ciudadanos en teoría se verían beneficiados pero tras bastidores, esos grandes grupos económicos son los que en la práctica serán mayormente favorecidos, y esto debido a que son ellos quienes ahora están en el poder, impulsando todo este tipo de acciones de manera que el Estado reciba cada vez menos recursos y por ende inducir a una crisis económica a sabiendas de que el PIB en el 2017 creció un 3,0% y su crecimiento económico fue del 2,4% según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Según el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) el crecimiento del Ecuador fue del 2,4% en el 2017, 1,1% en el 2018 y se proyecta para el 2019 de -0,5% (FMI).
Derivado de dicha ley el Estado dejó de percibir un ingreso económico fuerte de alrededor de “4.600 millones de dólares, que no han sido recaudados” (Serrano,2018); curiosamente, es casi el mismo monto que el Ecuador solita al Fondo Monetario Internacional (FMI), que es de $4,21 mil millones.
Todo esto es importante conocerlo, para poder entrar en contexto; dentro de las acciones que realizará el gobierno del Ecuador, está realizar cambios en varios frentes y uno de ellos concierne a la parte tributaria, la cual consta de cinco objetivos: 1) simplificar el sistema tributario, 2) ampliar la base impositiva, 3) eliminar las exenciones tributarias no justificadas, los regímenes especiales y las preferencias que en la actualidad benefician a los segmentos más ricos de la población, 4) rebalancear el sistema impositivo hacia una mayor tributación indirecta antes que directa; y 5) eliminar gradualmente los impuestos distorsionados relacionados con el volumen de los negocios y las transferencias al exterior.
El Código Tributario manifiesta en su Art. 3 que “solo por acto legislativo se podrá establecer, modificar o extinguir tributos”, es decir, que cualquier reforma que se pretenda realizar en el ámbito tributario debe pasar por aprobación de la Asamblea Nacional, hecho que en este caso no ha sucedido. El acuerdo con el Fondo en ningún momento fue debatido o quizá conocido por este órgano, que no solo atenta a una ley, si no a la Constitución en sus artículos: 120, numerales 7 y 8, y 132 numeral 3.
En su primer objetivo, no se manifiesta el modo en el que se pretende simplificar el sistema tributario, a que hace referencia, ¿quizá a un nuevo sistema de recaudación?, o en la práctica según su filosofía, ¿convertirlo en un sistema, menos rígido de manera que el pago de impuestos sea cada vez menor y en pro solo de beneficiar a aquel sector empresarial que: no paga, se atrasa y en ocasiones evade? Esto claramente es una completa afrenta al país, que solo en las mentes de algunos puede existir, ¿de qué manera esta simplificación puede beneficiar a los más vulnerables? Porque según dicta la carta de intención a eso se encamina. Pero si en su lógica “simplificar el sistema tributario” consiste en erradicar, o menorar en algún grado el numeral 15 del Art. 83 de la Constitución de la República, es innegable que el efecto es nefasto, y no habrá acción brillante que pueda negarlo.
El segundo objetivo plantea al igual que toda la carta varias dudas en torno a, cuáles son los verdaderos fines de estas reformas. En este punto se habla de ampliar la base impositiva; no se conoce cuáles serán los parámetros bajo los que pretende hacerlo, pero una cosa si es cierta, una ampliación de la base implicaría que muchos contribuyentes no alcancen ese techo que a posteriori derive en el cálculo de un valor de impuesto a la renta, dando como resultado una disminución en su recaudación. Para el común de las personas esta acción puede ser algo seductora, pero no es más que pagar menos impuestos, y tras la máscara de no afectar a la población, algunos sectores económicos recibirá este beneficio, que en realidad es su aspiración. Otra premisa en este ámbito resulta que en la conciliación tributaria, como deducción adicional se considera a las remuneraciones y beneficios sociales por incremento neto de empleo, automáticamente la pregunta es, ¿tiene esto que ver con las reformas laborales?; los empresarios han manifestado su gran interés por generar puestos de empleo (sin importar la precarización que esto conlleve), o, simplemente, para beneficiarse de esto y disminuir así su impuesto a la renta. Art. 46 del Reglamento a Ley de Orgánica de Régimen Tributario Interno.
En cuanto a las exenciones, continúa la misma temática, no se indica cuáles, a su modo de ver, son “exenciones tributarias no justificadas”, y peor aún, que “beneficien a los segmentos más ricos de la población”, o es simplemente, una jugada para que el día de mañana, ciertos bienes o servicios que no gravan IVA, ahora lo hagan, o que se derogue el numeral 2 de Art. 35 del , (Código Tributario) el cual exonera de tributos a “las instituciones de Estado, (…), con independencia administrativa y económica”, que prestan servicios públicos, por ejemplo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Una de las metas más preocupantes, es el giro que se pretende dar al sistema impositivo, para aumentar la recaudación de impuestos indirectos sobre los directos; que no es más que, aumentar la recaudación de IVA o ICE, por ejemplo, (que son indirectos), y disminuir el cobro de impuesto a la renta (impuesto directo). En los últimos 18 años la razón promedio entre el IVA y el IR, ha sido de 2,2; esto significa que por cada dos que pagan IVA, hay uno que paga IR y esto se da debido a la cantidad de contribuyentes; pero lo crítico aquí es que al implementar esta estrategia aquella brecha va a aumentar, y sin saber la dimensión que alcanzaría; el resultado cargar más a la población de impuestos, similar a la década de los 90´s, cuando se implementó el impuesto a la circulación de capitales (ICC), que gravaba a todas la transacciones bancarias con 1%.
El último punto concierne a la “eliminación de impuestos distorsionantes relacionados con el volumen de los negocios”, el gobierno debería precisar a qué se refiere cuando menciona esto, o de lo contrario solo caería en la destrucción de la reciprocidad que todo ente económico tiene con la sociedad, que es la que le permite aumentar dichos negocios, y, por ende, el que más gana sea el que pague más. Se manifiesta en incontables ocasiones que todas esta medidas sirven para proteger a la dolarización, pero al eliminar el impuesto a la salida de divisas ISD, lo único que se va a lograr es que al salir los dólares, el sistema económico carezca de ese elemento dinamizador: Es como querer tener un globo inflado al que se le deje escapar el aire, pero ¿en qué medida beneficia a los más pobres?, ¿acaso ellos tienen el suficiente dinero para conservarlo en otros países?, nada más mentiroso como lo es toda esta carta de intención.
Al final del día los únicos beneficiados de estas medidas son todos aquellos grupos económicos depredadores que siempre estuvieron ligados al gobierno de turno, alineados a sus intereses, no buscando un beneficio para el país, sino el suyo propio; empresas que no aspiran la verdadera riqueza, sino aquella, producto del abuso sobre las grandes mayorías, sobre los pobres que falazmente dicen querer ayudar.
Si esa fuera su motivación, sin pensarlo dos veces pagarían sus impuestos de manera total y pronta, y no buscar mentalizar artimañas para restar cada vez más ingresos al país. Esto solo significa más y más atraso para la población.